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Todos los diarios nacionales han publicado la crisis en seguridad que asola a la provincia de Santa Fe, especialmente a la ciudad de Rosario. Esta semana, han sido asesinadas seis personas en menos de 20 horas. Todo indica que fueron crímenes cometidos por las principales bandas del narcotráfico. Limitar estos sucesos a una sección de policiales sería una miopía política, porque estos episodios deben ser caracterizados en un cuadro de aguda descomposición social y crisis política.
Los periodistas llaman "Sinaloa" -en referencia a la ciudad mexicana que es sede de uno de los mayores carteles del narcotráfico del continente- a Rosario, por el desarrollo del crimen organizado, "in crescendo" desde aproximadamente 2009 y que atravesó a todos los gobiernos ´socialistas´ del Frente Progresista. Dicha situación comenzó a vislumbrar la complicidad, ya sea por omisión, como activamente (tal lo fue el caso del Jefe de Drogas Peligrosas de la policía, Hugo Toniolli, hoy condenado) de la responsabilidad del Estado en la proliferación de estas actividades prohibidas. Las instituciones como la policía y el poder judicial se complementan con la constitución de Casinos y otros establecimientos de lavado de dinero que, hasta los años mencionados, no existían en muchos puntos de la provincia. Lo que se manifiesta en las calles y en los medios de comunicación son principalmente la punta de un iceberg que simboliza la decadencia del capital que busca maximizar sus recursos mediante asociaciones ilícitas en la provincia exportadora por excelencia y la irrefrenable criminalización del Estado, especialmente de su aparato represivo.
Los crímenes perpetrados han emplazado a todas las fuerzas en presencia, dentro y fuera de los límites provinciales. En primer lugar al gobierno de Perotti, que ha solicitado con el aval de Fernández, el envío de fuerzas de seguridad federales para expandir lo que llaman "prevención" del delito que no es más que la militarización de los barrios. Ante el reclamo, la ministra Frederic no tuvo reparos en indicar que la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes no era lo suficiente como para justificar esa serie de medidas. Afirmó que la tasa de homicidios en CABA es superior a la de Rosario, lo que provocó la reacción airada de Larreta y Santilli. Por su parte, el ´sheriff´ Berni concretó un operativo en Rosario, en un territorio cuya competencia le es ajena, sumando un nuevo choque entre el ministro bonaerense "que trabaja" y la antropóloga, abanderada de la seguridad democrática. Sobre este entuerto se busca provocar un cambio en el gabinete.
Perotti expuso otros ámbitos dónde se resquebraja el FdT a horas de la veda electoral y que una derrota en su interna como algunas encuestas se animan a vislumbrar podría precipitar oficialmente el descalabro de su gobierno a dos años de finalizar el mandato.
Ante semejante crisis, el Frente Progresista ofreció consagrar un acuerdo provincial, argumentando que está temática sobrepasa las barreras partidarias y de las gestiones, por lo cual es necesario el consentimiento unánime de las fuerzas en presencia. Pero esto bien visto, se asemeja al resguardo de la gobernabilidad provincial, dónde las responsabilidades políticas se distribuyen entre oficialistas y opositores. La implosión del FdT, de trasferirse al conjunto del régimen, sería un salto cualitativo a la ya medrada "institucionalidad". El Ministerio Público de la Acusación insiste en imputar a Armado Traferri como jefe político de una asociación ilícita sobre el juego clandestino, lo que ha dividido al poder ejecutivo de la provincia.
Es fundamental tomar consciencia de la magnitud del naufragio en el que está zozobrando el régimen político.
