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El cierre de la campaña electoral puso de manifiesto el compromiso de todos los partidos del régimen -de los ´nacionales y populares´ a los ´libertarios´- con una reforma laboral. Se han pronunciado en forma expresa Rodríguez Larreta-Vidal, Randazzo y hasta Ricardo Alfonsín. La ´reforma laboral´ forma parte de las ´reformas estructurales´ que demandará el acuerdo con el FMI y se encuentra en la agenda del gobierno, aunque sus voceros intenten disimularlo en campaña. La cuestión se instaló con fuerza en el último tramo.
“La salida de la pandemia se presenta para el sector privado como la oportunidad para rediscutir el marco legal laboral y semana a semana surge una nueva propuesta. El Gobierno buscará esta semana ganar esa agenda y analizará con sectores afines medidas para la próxima década. Uno de los puntos que los empresarios tienen en cuenta es que el Gobierno negocia un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde se apela a la generación de empleo desde el sector privado” (El Cronista, 22/8).
Luego de los cruces con la UIA por la vacunación, sigue el diario, el Gobierno pasó de página con la UIA "a una agenda de propuestas", que buscará plasmar en un "Congreso de la Producción y el Trabajo".
“El Congreso, del que participarán empresarios como Daniel Herrero de Toyota, José Martins del Consejo Agroindustrial, y desde los gremios Antonio Caló por la UOM, Ricardo Pignanelli de Smata y Gerardo Martínez de Uocra, entre otros. Busca fijar los ´lineamientos para construir un modelo que ponga a la producción y el trabajo argentino como eje central de la reconstrucción´ pospandemia en una agenda de largo plazo” (ídem).
El eje de la ´reforma laboral´ sería la eliminación de la indemnización por despido, aunque no exclusivamente. El parlamento brasilero acaba de darle media sanción a un proyecto que crea nuevas modalidades de contratación precaria, sin seguro de desempleo, aguinaldo, vacaciones pagas, derechos sindicales y aportes, por salarios equivalentes al salario mínimo. También se prevé la extensión de la jornada laboral y una reducción en el pago de horas extras en gremios que cuentan con estatutos especiales (minería, bancarios, periodistas, entre otros). Esta ofensiva comenzó el año pasado sobre los trabajadores del Correo, que dieron pelea con una huelga. En Argentina, la burguesía apelará a la excusa de ´compatibilizar´ la oferta laboral con la competencia del país vecino para ´atraer inversiones´.
Rodríguez Larreta fue explícito a la hora de plantear la eliminación de la indemnización por despido. Propuso reemplazarlo por un seguro de desempleo similar al que rige en la UOCRA. Lo reivindicó como una ´creación´ autóctona de empresarios y burócratas. Consiste en una “prestación” por la cual el trabajador recibe, por cuatro meses, el 50 % del salario en mano cobrado durante los últimos seis meses anteriores al despido. Durante los cuatro meses siguientes, ese porcentaje se reduce al 85 % de los cobrado en los primeros cuatro. Los fondos son aportados por el empleador y sólo acceden a ella los trabajadores que hayan trabajado al menos 8 meses en blanco durante los dos años anteriores al despido. Martínez, el mandamás del sindicato de la construcción, recordemos, es uno de los invitados destacados al congreso de “la producción y el trabajo” que proyecta el gobierno.
Por su parte, el empresario ´albertista´, el textil Teddy Karagozian, aportó su propuesta, llamada la “mochila argentina”, a la que adhieren otros grupos capitalistas. Propone que las empresas paguen un “seguro de indemnización”, equivalente a entre el 2% y el 8,8% de la masa salarial, según el promedio de antigüedad de sus empleados. Lo cobrarían todos los trabajadores, con motivo de que renuncien, sean despedidos, decidan tomar licencia o se jubilen. El trabajador despedido, en este caso, dejaría de cobrar la indemnización completa para cobrarla de manera mensual, por un monto equivalente al salario que tenía, en la empresa, a razón de un mes por año trabajado. Los fondos serían administrados por Anses. Además de la cuotificación de las indemnizaciones, la propuesta de Karagozian abarata el despido de los trabajadores mayores. “En muchos casos, los mayores de cincuenta conservan sus empleos principalmente por el alto costo indemnizatorio. Con la Mochila se elimina ese desincentivo, la probabilidad de ser despedidos aumenta y nada se hace con las alternativas para una nueva contratación. Así, es esperable que de aprobarse la Mochila el desempleo en mayores de cincuenta aumente” (elpaisdigital.com.ar, 8/9). Por otra parte, si las empresas pagan entre 2 y 8,33 por ciento de la masa salarial como contribución al fondo de la Mochila, indudablemente este no va a alcanzar para pagar lo prometido a todos los trabajadores. “Hay dos opciones posibles: o los trabajadores perciben menos que lo que les corresponde o el Estado, administrando desde ANSES el fondo, paga la diferencia. Entendiendo que en la propuesta lo que parece imponerse es esta segunda opción (de manera implícita, ya que se afirma cuánto cobrarán los trabajadores y cuánto pagarán los empresarios, pero no se explicita que esos montos no son equivalentes), la Mochila no es otra cosa que un subsidio a las indemnizaciones para las empresas más antiguas, que puede provenir tanto del Estado como de las empresas más nuevas” (ídem).
El año pasado, cuando la Cámara de Diputados discutía la reglamentación del teletrabajo, Facundo Moyano picaba en punta en apoyo a esta variante patronal de inspiración austríaca. En plena sesión, Moyano se preguntaba: “Tenemos que animarnos a hablar del fondo de desempleo, de la mochila austríaca, que fueron propuestas de partidos de centro izquierda y centro derecha en España. ¿Por qué nos vamos a limitar, inclusive yo proviniendo de las filas sindicales, de reconocer un problema que inevitablemente tiene que tener una solución?" (iProfesional, 1/7).
La eliminación de la indemnización por despido, según sus auspiciantes, es ´un estímulo a la generación de empleo´ (“Nadie toma un empleado en Argentina con un sistema como éste”, dijo Larreta) y apunta a reducir la litigiosidad laboral. Durante la ´década ganada´ de los K, el trabajo precario se generalizó a niveles inauditos. Prácticamente el 20% de la fuerza laboral activa es monotributista, no recibe aportes patronales -el monotributista paga sus propias cargas sociales-, ni goza de aguinaldo y vacaciones pagas. Sin embargo, en un juicio laboral, se reconoce una relación laboral de hecho, especialmente cuando los servicios son facturados a un único empleador. La ´formalización´ de este vínculo entre el trabajador y la patronal apunta a consolidar el despojo definitivo del primero.
En el mismo sentido, el reciente fallo de la Corte Suprema, dándole validez a los díctamenes de las “Comisiones Médicas” de cuño patronal para zanjar reclamos en caso de accidentes o enfermedades laborales, es una fuerte señal “institucional” en el sentido de que la liquidación de derechos laborales que se está cocinando tendrá respaldo jurídico. La remodelación política de la Corte que se está tramitando en el Palacio de Tribunales -que incluiría el relevo del macrista Rosenkrantz por el peronista Rossati- sin duda estará ligado a apuntalar el blindaje jurídico de las ´reformas estructurales´ asociadas al acuerdo con el Fondo.
Además de la reforma laboral, en materia previsional, están en agenda el aumento de la edad jubilatoria, la reducción del haber inicial, la eliminación de los llamados “regímenes especiales” y el regreso a los fondos de capitalización – remedo de las viejas AFJP.
Esto es lo que está en juego en estas elecciones.
