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Los hechos que afectaron la acción comicial de Política Obrera fueron múltiples. Comenzaron días antes cuando nos avisaron que no habíamos enviado los votos por correo a todas las mesas, cuando eso había sido supercontrolado. Ya en elecciones pasadas, se denunció al Correo por operar de manera mafiosa a favor del poder de turno, tanto en el envío de los votos como en el traslado de las urnas.
Luego fuimos excluidos de la entrega de los padrones electorales con diversos pretextos.
El día del comicio, en la apertura de varias escuelas, en distintos puntos de la provincia no dejaban entrar a los fiscales de mesa de Política Obrera con el argumento de que junto con la credencial no presentaban los padrones de la mesa que iban a ocupar. Ese argumento ilegal se fue generalizando, lo que dio lugar a que a primera hora de la mañana se hicieran las primeras denuncias en el juzgado y en los medios de comunicación, lo que produjo un escándalo que hacía recordar a los acontecimientos de la elección fraudulenta del 2015 que consagró a Manzur como gobernador. En varias escuelas, a fuerza de pechar, lográbamos instalarnos, y actuaba la gendarmería para desalojar a nuestros fiscales. La presión y las denuncias comenzaron a hacer efecto. Todos los medios llamaban al juzgado para averiguar qué pasaba. Del juzgado respondían que tenían sólo un vehículo para intervenir presencialmente. Señalaban que los delegados de escuelas, en la mayoría de los casos, se imponían por encima de las autoridades de mesa, e incluso pasaban a ordenar a la Policía y a la Gendarmería para imponer sus propios puntos de vista en el proceso comicial. Tuvo que intervenir uno de los jefes de la Gendarmería frente a personal subalterno que acataba las órdenes de los directores de escuela, en muchos casos punteros del gobierno, pero no al juzgado y hasta al propio jefe de la fuerza. Hacia el mediodía, cuando las cosas comenzaron a normalizarse, y se logró que dejaran entrar a los fiscales de mesa, se encontraron que en las aulas donde tenían que fiscalizar no estaban los votos de Política Obrera, cuestión que con fiscal, o sin fiscal, obliga al presidente de mesa a suspender el acto comicial porque debe garantizar que todos los votos estén en el cuarto oscuro.
Pero la cosa no concluyó aquí. Viendo todas estas acciones contra nuestros derechos de fiscalización, adoptamos diversas medidas de traslado de compañeros y fortalecimiento de determinadas zonas, lo cual generó nuevos conflictos. Esta vez con el argumento de que el fiscal de mesa debía estar presente en la mesa desde las 8 de la mañana. Cuando se logró que ingresaran, los punteros directores decidieron que sólo podían fiscalizar de parados. O sea todos los fiscales de las otras fuerzas sentados y sólo los de Política Obrera de pie.
Eso nos obligó prácticamente a instalarnos en el juzgado federal, a verificar que se hablara escuela por escuela y se fueran subsanando problema por problema.
Todos estos hechos no tuvieron nada de inocencia o de ignorancia del personal a cargo de las escuelas y demás autoridades. Es claro que hubo una acción orquestada, focalizada contra Política Obrera, dirigida a perjudicar nuestra votación y sacarnos de las generales de noviembre.
Los perjuicios en términos electorales que nos causaron todas estas situaciones son inmedibles. Acá vale el reconocimiento militante a los más de 1.000 fiscales que en ningún momento arrugaron, enfrentaron los atropellos, y hasta donde pudieron, defendieron el único voto revolucionario en esta contienda electoral.
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