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Luego de la crisis política abierta por la derrota electoral, el Gobierno anunció que postergará la presentación del proyecto de Presupuesto 2022, previsto para el miércoles en el Congreso, junto a la Ley de Hidrocarburos. “Según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, el nuevo cálculo del presupuesto 2022 lo mandarán al Congreso después de firmar un acuerdo por la refinanciación de la deuda con el FMI” (A24, 14/9). La decisión inicial fue frustrada por los resultados del domingo, ya que una aprobación del Presupuesto por el Congreso en su actual composición, entre las PASO y las generales, habría desatado una hecatombe política. El gobierno ha renunciado a ejercer su derecho constitucional, incluída Cristina Kirchner.
Esto ocurre cuando “Hace unos días, según Ámbito, el Palacio de Hacienda había terminado una versión que fue revisada y devuelta con el pedido de profundos cambios” (13/9). Se trata de una revisión de la revisión. “Los lineamientos del Presupuesto estarían siendo conversados con los técnicos del Fondo Monetario Internacional, en virtud del interés de las autoridades de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, el pedido de rectificaciones no provino del organismo, sino de sectores del propio Gobierno nacional” (ídem). “ Ante la evidencia de que el próximo Congreso condicionaría fuertemente el Presupuesto del año que viene y los favoritismos que conlleva, el kirchnerismo está forzando la adopción de un Presupuesto para los tres meses finales de 2021, con el propósito de acortar diferencias el 14 de noviembre próximo.
Ayer hubo reuniones de “emergencia”. El FMI se mantiene firme en su reclamo de superávit fiscal primario, que no incluye el pago de intereses de la deuda pública. A julio, el rojo primario había acumulado un 0,7% del PBI contra una pauta del 4,5% fijada en el presupuesto 2021. La previsión para fin de año era considerablemente mayor, metiendo presión sobre el financiamiento del Banco Central.
Según adelantaban los medios, el “Presupuesto 2022 anticipa una baja del déficit fiscal con respecto al 4,5% previsto para este año y una meta de inflación del 34%” (El Cronista, 13/9). El déficit estimado sería del orden del 3%. El Fondo ha puesto también los ojos sobre el desequilibrio del Banco Central, el denominado déficit cuasi- fiscal, que se origina por el pago de la deuda de la entidad. Los pasivos remunerados del BCRA (Leliq, pases) alcanzarán a $4 billones y medio o 40.883 millones de dólares hacia fines de 2021. El doble de los dos últimos años, según cálculos de IERAL-Fundación Mediterránea (Ámbito, 13/9). Los pagos de intereses sobre esa deuda se estiman en 150 mil millones de pesos anuales – unos 15 mil millones de dólares al cambio oficial.
Guzmán dijo que “bajar el déficit no implica ajustar”, lo que revela que está discutiendo con el Fondo, por un lado, y con el kirchnerismo, por el otro, la composición del gasto público, para asegurar las exenciones fiscales ya otorgadas a numerosos capitalistas amigos, un mayor gasto en la construcción y una reducción de aportes patronales, vía reforma laboral. Guzmán supone que podrá seguir financiando gastos por vía del endeudamiento local, o sea incrementando el gasto total, que sí incluye el pago de intereses por la deuda ‘local’, en la cual participan acreedores extranjeros por un 18-20 por ciento del total.
La reducción del déficit fiscal, en 2020 y la primera mitad de 2021, implicó la quita de ayudas durante la pandemia (IFE, ATP). También significó seguir financiando a los empresarios con lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas, como en el caso de las petroleras. Agotados los recursos impositivos, una mayor recaudación supone otra devaluación del peso para extraer más ingresos de las retenciones a la exportación, y una suba de tarifas. “Las medidas que previsiblemente pedirá el Fondo para tender a equilibrar las cuentas argentinas no serán de fácil digestión. Por caso, es sabida la oposición de los técnicos del organismo internacional al subsidio de las tarifas. En la actualidad, el precio que pagan los consumidores por la electricidad representa 36,8% del costo. Los expertos calculan que las subas en las tarifas energéticas no deberían ser inferiores a 70% el año que viene” (Ambito, 13/9).
El anuncio de que el Presupuesto 2022 lo trata el próximo Congreso, anticipa la decisión de dar una voz decisiva a la oposición de derecha. La expectativa de dividirla a la hora de la votación, se ha convertido en su contrario, cuando ella tiene puestos los ojos en las presidenciales de 2023. La división en el campo oficialista, por el contrario, se va haciendo sentir, como lo demuestran las divergencias patéticas entre Duggan y Sylvestre en la agencia estatal de C5N.
La transición política hacia las elecciones generales se encuentra sometida a una exacerbación del impasse económico de Argentina, que objetivamente coquetea con una explosión. La cuestión del Presupuesto ocupa un lugar especial. Una campaña electoral consecuente de parte de la izquierda atacaría todas las medidas que pretenden salir de este impasse, en lugar de sloganes vacíos de contenidos.
