Concurso de ingreso a residencias y concurrencias: un nuevo manoseo contra los trabajadores de la salud

El examen de ingreso a los nuevos cargos de residencias y concurrencias del sistema de salud fue un bochorno y el escenario de un nuevo ajuste contra los trabajadores de la salud pública. El concurso debió suspenderse y reprogramarse en sucesivas ocasiones, ya que el Ministerio de Salud nacional y los ministerios provinciales fueron incapaces de garantizar las condiciones mínimas de operatividad y seguridad. A pesar del año trascurrido desde el fatídico ingreso de 2020, nada se hizo para revertir esa experiencia demoledora, que ayer involucró a 10 mil aspirantes en una verdadera tortura virtual. Durante el examen, la página oficial se cayó una y otra vez, impidiendo que se contestaran las preguntas. La angustia y la bronca desbordaron a quienes se vienen preparando desde hace meses y meses para atravesar esta instancia, determinante para su futuro laboral. Médicos/as, kinesiólogos/as, psicólogos/as y profesionales se manifestaron al mediodía frente al Ministerio de Salud de Nación para denunciar al examen como un fraude, exigir que sea anulado y que se reprograme bajo modalidad presencial. Una delegación fue recibida por la Dirección de Talento Humano y Conocimiento, de la cual depende el concurso, que se comprometió a dar una respuesta en una nueva reunión el día jueves.

El bochorno de Vizzotti, Quirós y compañía excedió por mucho a la cuestión técnica. El padrón de aspirantes fue publicado a horas del propio concurso. En este padrón, se excluyeron a 300 profesionales que sí habían sido aceptados en el padrón provisorio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los funcionarios decidieron echar mano, a último momento, a un artículo del reglamento de concurso que prohíbe la inscripción a residencias básicas de quienes ya están cursando una residencia en el sistema de salud. Originariamente, este artículo buscaba impedir las renuncias para pasarse de una sede a otra (esas personas tenían que esperar un año para volver a presentarse). Pero ahora, por primera vez, el artículo se aplicó contra quienes están finalizando sus residencias. Es decir, 48 horas antes del concurso, centenares profesionales se enteraron que no estaban habilitados para rendir, por lo que quedarán en la calle en 15 días, cuando en octubre finalicen los actuales contratos.

Este manoseo es intolerable contra profesionales que se bancaron la pandemia trabajando sin licencias, sin descanso y por sueldos miserables. Ocurre que, como el sistema de salud no abre nuevos cargos de planta y año a año recorta la formación en las llamadas “posbásicas”, hacer una nueva residencia básica es la única posibilidad que tienen muchos residentes para obtener una continuidad laboral (precarizada). Esta medida expulsiva ejecutada contra las residencias va en la línea del recorte de centenares de cargos de concurrencias realizado por el gobierno porteño hace un par de meses. Como anticipamos en ese entonces, el ataque al eslabón más precario de la carrera sanitaria (las concurrencias que trabajan sin sueldo) era un tiro por elevación al conjunto de los trabajadores de la salud.

De fondo, la expulsión de residentes y concurrentes del sistema público busca reforzar el negocio de la capacitación en salud en manos de las camarillas privatistas de las universidades y de los hospitales e institutos privados, que regentean toda clase de cursos, posgrados y especializaciones pagas. La privatización de la formación en salud se produce, sin embargo, cuando su socialización es más necesaria que nunca, ya que los profesionales escasean en los hospitales y centros de salud en el contexto durísimo de la pandemia. Es un achique de personal, apenas disimulado por el trabajo a destajo de residentes y concurrentes, que redunda en jornadas extenuantes y el deterioro de la atención que recibe la población. El Estado alienta una migración constante de profesionales del sistema público al privado, a través de una rigurosa reducción salarial que está en línea con el mandato del buscado acuerdo con el FMI.

En el día de hoy, sesionará una asamblea general de aspirantes junto a residentes y concurrentes para discutir los pasos a seguir. Los brotes de la variante Delta ya provocaron nuevas internaciones y muertes en nuestro país, mientras sigue el aperturismo indiscriminado promovido por los gobiernos y el gran capital. Quienes luego tendrán que enfrentar, en las salas y terapias, un desastre sanitario que no provocaron, son manoseados por los contagiadores del régimen político una y otra vez. Es la hora de poner en pie una lucha a fondo para derrotar esta nueva provocación contra los trabajadores de la salud y asegurar que nadie se quede sin rendir. Se impone la necesidad de una coordinación nacional de toda la salud en lucha para ponerle fin a tantos atropellos.