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En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta y Acuña ha flexibilizado el protocolo escolar por COVID 19. Ese protocolo, que nunca pudo garantizar ningún tipo de cuidado (ya que es inviable cualquier medida de regreso “seguro” en un contexto de pandemia), ahora se encuentra reducido a la inexistencia. Lo mismo ha pasado con el “protocolo” a nivel nacional cuando el -ahora ex- ministro Trotta dispuso la reducción de la distancia en las aulas, sumado a los recientes anuncios de Vizzotti sobre la flexibilización más general del uso del tapabocas y el aforo al 100% en espacios cerrados. Frente a la variable Delta que azota el mundo, la “relajación” de los gobiernos aperturistas en beneficio del capital es una alerta que no deja de sonar para el conjunto del movimiento obrero.
Pero, al mismo tiempo, otras problemáticas recaen con fuerza sobre el gremio docente porteño: una de ellas es el salario. Y es que la docencia de la Ciudad percibe un salario de $45.900 por jornada simple, un monto absolutamente insuficiente frente a la canasta familiar estipulada en unos $130.000. Esta situación fuerza a los y las docentes a tener que tomar dos o hasta tres cargos para poder paliar los gastos cotidianos de una familia en un contexto de aumento constante de precios (ya sea de vivienda, alimentos y cualquier otro rubro). La Comisión Directiva de Ademys se ha pronunciado al respecto, pero sostiene el planteo de un salario de $70.000. Ha abandonado la consigna de salario igual a la canasta familiar por jornada simple y la ha reemplazado por el pedido de un salario que cubra la línea de pobreza, naturalizando el hecho de que la docencia trabaje dos cargos, como mínimo, para poder sobrevivir. Desde la UTE ni siquiera ha habido un pronunciamiento reciente al respecto del salario; muchos menos, la organización de la lucha en torno a esta u otra reivindicación.
La huelga de la docencia salteña, que se sostuvo largas semanas, peleaba por un salario igual a la canasta familiar y un aumento de emergencia, además de pronunciarse en rechazo a la presencialidad en pandemia. Si bien esto fue saludado a modo general por la Directiva de Ademys, el planteo de un salario de pobreza choca absolutamente con la reivindicación de la huelga de Salta. En el caso de la CTERA, directamente la burocracia ha jugado un papel de contención como ya es histórico en su accionar; lo mismo la UTE, su gremio de base, en CABA.
Otra situación de extrema gravedad es el estado de las escuelas en cuanto a infraestructura, falta de vacantes y materiales pedagógicos. Esta situación fue puesta en evidencia, aún más, en el contexto pandémico, cuando la falta de conectividad (dado que no fue garantizada por el Estado) fue resuelta por los propios docentes poniendo sus recursos a disposición para continuar el vínculo pedagógico; también cuando faltaron elementos de higiene en escuelas ya abiertas por la política de la presencialidad; y en el hacinamiento en la mayoría de escuelas de la Ciudad debido a la falta de vacantes y de creación de nuevos edificios escolares. En un hecho reciente, estos problemas fueron expresados en la escuela 19 del Distrito Escolar 19, uno de los distritos más castigados de la Ciudad, ante Fabián Capponi, director de Gestión Estatal. El gobierno de Larreta quiere sancionar a los docentes, en una operación mediática que ha instalado de la mano de la persecución política de la docencia que se organiza y reclama, por increpar a uno de los funcionarios responsables del retorno a la presencialidad durante el pico de contagios.
En esta línea, llamamos la atención sobre declaraciones de Larreta en campaña electoral sobre la “Secundaria del futuro” y el “impulso de prácticas formativas obligatorias en el sector privado y ONG” en el último año de la escolaridad media. Esto ya ha sido rechazado por el conjunto de la comunidad educativa en años anteriores, pero el GCBA vuelve a arremeter con la excusa de “preparar” a los estudiantes para su salida laboral. Esto va en las mismas vías de los intereses patronales con “foco en las habilidades que requieren los empleos actuales” -las “habilidades blandas”-, la degradación de la currícula escolar en función de esos mencionados intereses y la reforma laboral que los partidos patronales y el FMI tienen en agenda.
Los cambios de gabinete son, principalmente, la expresión de una crisis de todo un régimen político. El arribo de viejos conocidos como Manzur, Aníbal Fernández y Domínguez viene con el agregado de sus prontuarios anti derechos y represivos bajo el brazo. En lo que respecta a la pandemia, si bien los casos están bajando y se avanza en la inmunización, lo cierto es que aún no se han alcanzado índices de inmunización masiva y nada indica que lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo (en relación a la proliferación de la variante Delta en forma grave, como en Israel), no suceda aquí también.
En ese contexto, en la Ciudad de Buenos Aires, es necesario que pongamos en pie instancias de deliberación a nivel general y distrital en la que la docencia discuta y delibere sobre esta serie de reclamos y cómo llevar adelante una campaña de recorridas por escuela y pronunciamientos contra la reforma laboral y previsional que está en la agenda de los gobiernos.
Consideramos urgente el llamamiento a una asamblea unificada del gremio para debatir un plan de acción que coloque, en primer plano, la lucha por el salario y nuestras condiciones laborales, en defensa de la salud y la vida.