Escribe Gabriela López Matos
Se conmemora el día de lucha por el aborto legal en América latina y el Caribe. En CABA, a las 16 en el Congreso.
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Este martes 28 de setiembre, las mujeres marchamos en todo el país por el efectivo cumplimiento del aborto legal. Esta reivindicación, central en la agenda histórica del movimiento de Mujeres, ha gestado asambleas, piquetes y movilizaciones numerosísimas en forma de mareas por décadas.
Nos convocamos en las diferentes plazas políticas del país para exigir que la Interrupción Voluntaria del Embarazo, votada el 30 de diciembre pasado, sea garantizada para el conjunto de las trabajadoras.
En los 9 meses transcurridos desde la aprobación en el Senado y en medio de una crisis social acuciante, la pelea por el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo está a la orden del día. La demanda en los centros de salud ha aumentado un 40%, sin que esto se traduzca en el aumento del personal. Los profesionales denuncian la sobrecarga de los centros que atienden IVE, además de la precarización laboral y sobreexplotación que les pesa.
Las consultas pueden demorar entre 10 días y hasta 3 semanas. Las ecografías -indispensables para realizar este procedimiento- son inaccesibles para muchas de las obreras. Están obligadas a pagar entre 2 y 4 mil pesos por la ecografía o esperar un turno con demora de hasta dos meses. Es una trampa mortal. Las 14 semanas, el límite que plantea la ley, y la falta de recursos son factores determinantes que limitan el acceso a la IVE y golpean principalmente a nuestras compañeras de clase.
Las mujeres que concurren a los centros de salud denuncian la falta de métodos anticonceptivos. Los más solicitados llegan con escasez, principalmente los métodos de larga duración como el implante subdérmico (chip) y otros que no volvieron a ingresar como los inyectables. También falta el misoprostol, la droga que provoca el aborto medicamentoso.
A su vez, la salud privada no solo está plagada de objetores de conciencia fomentado desde el directorio de esas instituciones, sino que la mayoría de obras sociales y prepagas no están garantizando el acceso al IVE, o lo hacen exigiendo autorizaciones y trámites burocráticos que dilatan el procedimiento.
Se han presentado una serie de acciones ante la Justicia para frenar el acceso de este derecho. Por ejemplo, en Salta, en la última semana, se presentó una apelación para que cualquier ciudadano pueda pedir la suspensión de la ley de IVE, como ocurre ahora en Texas. Este mismo debate se reproduce en diferentes tribunales del país.
Este gobierno se ha jactado desde sus inicios de ser pionero en materia de derechos de la mujer. Sin embargo, la situación de las mujeres durante el gobierno de los Fernández se vio determinada por el crecimiento meteórico de la miseria social durante la pandemia, la subejecución de las políticas sociales, el hundimiento salarial y de las jubilaciones, la carestía y la inflación. Y, simultáneamente, los femicidios y la violencia contra las mujeres.
La farsa ha terminado con la integración de un militante celeste, el tucumano del Opus Dei Juan Manzur, a su gabinete. Sumando a un agente clerical más a sus filas, el gobierno cree que podrá frenar la crisis y la lucha social. Política Obrera le ha dedicado varias líneas a su asunción (https://politicaobrera.com/politicas/5622-el-gobierno-feminista-y-manzur) desenmascarando el prontuario del mismo.
Con 20 millones de personas viviendo bajo la línea de la pobreza, garantizar el acceso al aborto legal y el derecho a la maternidad están a la orden del día.
Por eso llamamos a movilizarnos en todo el país.
Cumplimiento efectivo de las IVE en el sistema público y privado de salud.
Anticonceptivos en todas sus variantes de acceso gratuito en salitas y hospitales.
Por el derecho a la maternidad.
No a la objeción de conciencia. Separación de las iglesias y el estado.
Nombramiento de personal de salud en planta permanente.