Escribe Alejandra del Castillo
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Luego de casi un mes de juicio, este 5 de octubre se conoció la sentencia por el asesinato del niño “Facu” Ferreira a manos de la policía. Nicolás González Montes de Oca y Mauro Díaz Cáceres fueron encontrados culpables de homicidio agravado por el ejercicio abusivo de la función de miembros de la fuerza de seguridad y recibieron la condena a prisión perpetua.
Afuera se había montado un campamento para acompañar a la familia en el que participaron numerosas organizaciones. El fallo fue saludado con alegría, pues todos entendían que fue arrancado con la lucha popular. La familia de Facu tuvo que enfrentar la complicidad policial y la actuación del gobierno que, a través del ministro de seguridad Maley, salió a respaldar la actuación criminal de la policía en el momento del asesinato. En el propio juicio se denunció que Maley les ofreció a los familiares de Facu ponerles una panadería para acallarlos. En otros momentos sufrieron amenazas y hasta balaceras. Nada de esto quebró la voluntad de la familia de Facu de seguir la lucha para encontrar justicia.
Recordemos que Facu, de 12 años, fue asesinado el 8 de marzo de 2018 cuando regresaba a su casa con un amigo de 14 años en moto. Había salido sin avisar a su abuela a ver una “picada” en el parque 9 de Julio. Camino a sus casas se encontraron con estos asesinos que los siguieron haciendo tiros y se acercaron de tal manera que ejecutaron a Facu de un tiro en la cabeza. Luego intentaron adulterar la escena del crimen plantando un arma, mintiendo en el servicio de emergencia y brindando la versión de que se había tratado de un tiroteo.
Ambos policías contaban con antecedentes penales y estaban bajo el efecto del consumo de sustancias cuando asesinaron a Facu. Luego del crimen, los policías asesinos siguieron integrando y operando en la fuerza policial. La gota que rebalsó el vaso fue la detención en la zona de la Banda del Río Salí, del policía Montes de Oca, autor de un robo agravado contra una vecina de la zona. En el juicio, cuando realizó su alegato final, Montes de Oca, defendió su inocencia diciendo que hizo lo que le enseñaron a hacer y que contaba con el apoyo de la institución policial.
Los policías asesinos fueron acompañados por un nutrido grupo de parientes y amigos que en forma desaforadas actuaron en la puerta del tribunal intimidando y agrediendo a periodistas, como ocurrió con el taxi donde se desplazaban periodistas de canal 8 y amenazaron de muerte a Mariana Romero periodista del programa “Los Primeros”. También fueron a provocar e intentaron golpear a familiares de Facu y compañeras de víctimas de gatillo fácil.
El accionar criminal de la policía no son hechos aislados sino moneda corriente. El año pasado tuvimos la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza y luego el caso de Ceferino Nadal que murió asfixiado por un operativo policial en la vía pública. Hace un mes atrás cuatro mujeres detenidas en la Brigada de Concepción murieron en un incendio. Fueron abandonadas por la policía y sus familiares denunciaron maltratos. Hace una semana el femicida Rejas, condenado a cadena perpetua, se fugó del lugar donde estaba detenido por la complicidad policial.
Frente a todos estos hechos el gobierno con Manzur, y ahora con Jaldo, a la cabeza, han respaldado la actuación del ministro de seguridad Maley, ex comandante de la gendarmería, una suerte de Aníbal Fernández, responsable directo del accionar policial en todos estos años. La policía goza de completa impunidad para perseguir a los jóvenes de las barriadas y participar del negocio de la droga y del delito organizado. Por eso la condena a los asesinos de Facu se considera un triunfo de la lucha popular y muestra el camino para enfrentar a las fuerzas represivas y criminales y a sus mentores políticos.