Un ataque final contra las concurrencias y la salud pública

El miércoles pasado se viralizó un texto escrito por una de las coordinadoras de la concurrencia de Salud Mental, en el que se narra una “tensa” reunión mantenida entre dos coordinadores generales y el Ministerio de Salud de CABA. En esta reunión los funcionarios de Larreta y Quirós dieron por hecho el cierre definitivo de las concurrencias para 2022. Recordemos que buena parte de los cargos de concurrencias de especialidades médicas ya habían sido liquidados durante estos últimos años. Solo Salud Mental había logrado resistir, gracias a la movilización de concurrentes, residentes, instructores, coordinadores y profesionales de planta. El gobierno habría anunciado ahora el reemplazo de este sistema por un posgrado pago organizado por la facultad de Psicología de la UBA, algo que luego fue desmentido por la conducción de Franja Morada de esa facultad.

Las concurrencias constituyen un sistema histórico de formación en hospitales públicos y centros de salud. Se trata de un posgrado gratuito de capacitación en servicio, al que hasta ahora podían acceder profesionales de múltiples disciplinas del campo de la salud luego de recibirse de sus respectivas carreras universitarias. Los concurrentes trabajan a la par de los residentes en los efectores de salud y absorben a buena parte de los usuarios del sistema público, con la diferencia de que realizan sus tareas “ad honorem”, sin cobrar un salario ni contar con cobertura de salud. Tanto a las concurrencias como las residencias se accede a través de un riguroso examen. Al finalizarlas, otorgan una gran cantidad de puntos a la hora de concursar por un cargo de planta en los hospitales públicos. Constituían, hasta el presente, una de las principales vías de ingreso a la carrera profesional en salud pública, a través de las cuales se pusieron en pie hospitales y servicios enteros como ocurre en el Ameghino.

De acuerdo al texto que circuló esta semana, el gobierno porteño le puso fecha de expiración a los coordinadores generales de las concurrencias para el 31 de diciembre de este año. A partir de esa fecha, asumirán quienes sean convocados y no serán seleccionados por concurso sino por entrevista personal y a decisión del director de capacitación del Ministerio de Salud. Los coordinadores locales seguirán en funciones hasta que egrese la última camada de los actuales concurrentes. Sobre el convenio con la UBA, el texto afirma que “el cupo, la selección, evaluación y certificación pasa a estar a cargo de la facultad, así como también su arancelamiento”.

El desmantelamiento del sistema de formación gratuita en hospitales y centros de salud públicos es un viejo anhelo de la salud y las universidades privadas, que buscan desplazar a la salud pública de su centralidad en la capacitación profesional y acaparar el mercado de posgrados especializados para lucrar a costa de los trabajadores de la salud. Los concurrentes, que hasta ahora no cobraban por su trabajo pero tampoco pagaban por su formación, tendrán que empezar a abonar las cuotas fijadas por las camarillas privatistas de la UBA y de los institutos y universidades privadas.

En su desmentida, Convergencia Académica (Franja Morada) dice que no hay hasta ahora ningún convenio firmado entre el gobierno porteño y la facultad de Psicología de la UBA, pero no niega la decisión de Quirós y Larreta de ponerle fin al sistema de concurrencias a partir del año que viene. Esta resolución es el primer paso inexorable para abrirle camino al negocio de los posgrados.

Este ataque final contra las concurrencias afecta de forma directa a todos los estudiantes de las carreras que intervienen en el campo de la salud, para quienes se cierran las posibilidades de acceder a una formación especializada gratuita y de ingresar por esa vía a la carrera hospitalaria. Es, además, una puñalada contra la población que se atiende en la salud pública. Sacar a los concurrentes de los hospitales y centros de salud es un vaciamiento, que implicará una sobrecarga para residentes y profesionales de planta y llevará a un colapso en la atención de pacientes. Esto ocurre en un momento en el que, como demuestran todas las estadísticas, atravesamos una etapa de agudización de las patologías mentales, acompañada por el hundimiento generalizado de las condiciones de vida.

La ofensiva privatista sobre las concurrencias impactará más temprano que tarde sobre las residencias y el resto de la carrera profesional. Los despidos de miles de enfermeros contratados como personal esencial durante la pandemia son un grave antecedente de lo que se prefigura como la aplicación de la mentada reforma laboral sobre el sistema de salud. La Asociación de Psicólogos, que ahora aspira a reelegirse al frente de la Federación de Profesionales, debería pronunciarse y movilizarse frente a estos hechos. Tanto la Federación como Médicos Municipales habían garantizado que por este año el gobierno porteño no tocaría el sistema de concurrencias, y luego se llamaron a silencio cuando la convocatoria al concurso evidenció un recorte de centenares de cargos.

Para ponerle un freno a estos atropellos contra la salud pública es necesario convocar a una asamblea general que reúna a todos aquellos que están dispuestos a movilizarse contra el cierre de las concurrencias. Transformemos a los concurrentes, residentes y trabajadores de planta en una única fuerza, junto al movimiento estudiantil y docente de las universidades. Votemos un plan de lucha que parta de una gran movilización y continúe hasta torcerle el brazo al gobierno y a las camarillas privatistas.