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Pandora Papers es el nombre de la investigación del consorcio internacional de periodistas que, basados en documentos confidenciales de abogados especializados en paraísos fiscales, estudió las operaciones registradas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y las Bahamas.
Se recopilaron más de 12 millones de documentos sobre más de 330 figuras políticas y funcionarios de distintos gobiernos, más de una centena de multimillonarios, oligarcas rusos y 14 presidentes de Latinoamérica.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, es uno de ellos: se encontró una cuenta offshore en las Islas Vírgenes Británicas que habría empleado para la venta de la Minera Dominga, una operación que involucró al empresario Carlos Alberto Délano, uno de sus mejores amigos. "Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto (el proyecto minero estaba cerca de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, NdA). El detalle es que dichos cambios normativos dependían de decisiones del gobierno de Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses", aseguran fuentes periodísticas de Chile.
No es el primer escándalo que involucra a Piñera: en 2014 se ventiló el caso de fraude fiscal en gran escala de las Empresas Penta, donde el presidente terminó sobreseído, al igual que su amigo Délano, quien recibió una “sanción” consistente en tomar lecciones de filosofía, ética empresarial y asuntos legales, además del pago de 30 millones de pesos. Solo Pablo Wagner, entonces subsecretario de Minería, fue condenado por enriquecimiento ilícito y delitos tributarios, aunque absuelto de los cargos de cohecho. Ante este nuevo escándalo, partidos de la izquierda y medioambientales han pedido a la cámara de Diputados la destitución del presidente, pero el escándalo ha escalado mucho más: ayer el Ministerio público informó que se inició una investigación penal por los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios.
Mientras la familia de Piñera se ubica en el cuarto lugar entre las más adineradas de Chile, con una fortuna del orden de los USD 2,9 mil millones, en el país que preside hay 2,1 millones de pobres, sobre 19 millones de habitantes.
En la sociedad capitalista, el Estado se presenta como defensor del interés general de todas las clases y grupos sociales para mejor encubrir su rol en la reproducción de las relaciones de explotación de la mayoría trabajadora. La utilización de la estructura del Estado por parte del presidente para su beneficio como empresario no puede sorprender a nadie. Pero esta revelación ocurre bajo la crisis general de régimen provocada por una rebelión popular. El progreso de la denuncia tiene lugar cuando la figura política de Piñera se encuentra en demolición y los personeros de la burguesía ya le han soltado la mano.
