Escribe Darío Molinari
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En las últimas semanas, se viene desarrollando una importante deliberación entre la docencia de los colegios secundarios de gestión estatal. Es que el gobierno de la Ciudad, luego de más de diez años sin titularizar a la docencia de las áreas de Media, Artística, Normales y Técnica, pretende ahora convocar a actos públicos para aquellos cargos interinos tomados luego de abril de 2020, en tanto que los tomados en 2021 se concursarían en 2022. Vale decir que no son concursos por nuevos cargos, sino cargos que hoy revisten la forma de interino. Esta situación pone en riesgo los puestos laborales que conquistaron los docentes en el período nombrado.
Los sindicatos UDA (CGT), UTE-CTERA y AMET (este último fuertemente ligado a la gestión de Larreta) han mantenido reuniones con el gobierno, en las que se discutieron las características de dicho concurso. Sin embargo, la docencia no ha sido consultada. Ninguna de las entidades sindicales mencionadas convocó a una asamblea o plenario. En cuanto a Ademys, el Ministerio vetó su participación en las reuniones.
De las reuniones mantenidas entre el Ministerio y algunos sindicatos, trascendió la existencia de un acta borrador propuesta por el gobierno, de la que se desprende lo siguiente: por un lado, la intención del gobierno de mantener la precariedad laboral (interinatos) de los años 2019 y anteriores, mediante la exclusión de concurso; por el otro, llevar a concurso los cargos de aquellos docentes que tomaron el interinato a partir del 2020 (dicho en criollo, despedirlos).
El carácter interino de los cargos habilita al gobierno porteño a despedir sin ningún tipo de retribución económica o la reubicación del docente (a diferencia de lo que ocurre con el personal titular). Recordemos, en este punto, el intento de cierre de las nocturnas y su absorción en planes como el Fines, con su plantel precarizado. Como puede verse, la figura de “interinos protegidos” que impulsan algunos sindicatos, como UDA, caen en saco roto.
El otro problema de fondo tiene que ver con lo siguiente: el último proceso de titularización se dio luego de la aprobación de la ley Abrevaya (2011), que liquidó las juntas de clasificación docente (cuerpo colegiado con mayoría docente que garantizaba la transparencia desde la inscripción hasta la toma de posesión de cargo). En ese momento, las “titularizaciones masivas” que prometía el GCBA fueron la zanahoria que utilizaron para negociar con algunos sindicatos docentes su colaboración para que la ley Abrevaya pase. De esta manera, se pudo crear un nuevo organismo (COREAP) con mayoría del Ministerio, donde la representación docente no se obtiene mediante el voto directo de la docencia, sino que es el botín de guerra de aparatos sindicales que se dirime en relación a la cantidad de afiliados.
La COREAP sería la encargada de llevar adelante esos actos públicos, la que está altamente cuestionada por su accionar poco transparente en actos públicos y en la falencia de los listados. Por otra parte, está muy presente en la conciencia de la docencia el intento (de fines del 2019) de realizar actos públicos sin contemplar el orden de mérito –intento que, dicho sea de paso, fue evitado por el paro masivo y la movilización docente de más de 1.000 docentes al Polo Educativo de Saavedra.
A partir de todo lo expuesto, queda claro que con ninguna reunión con el gobierno se resolverá el problema de la estabilidad laboral. Tampoco mediante proyectos de ley en la Legislatura porteña. Los tiempos del parlamento burgués no son los mismos que los de nuestra clase. La defensa de los puestos de trabajo pasará enteramente por las manos de la docencia.
Ademys resolvió movilizar el jueves 14 a la Legislatura. Para dotar de fuerza al conjunto de la docencia en general y a los/as trabajadores de Media en particular, es necesario el llamamiento a una asamblea general del gremio, con mandatos de base, para desarrollar un movimiento de lucha que arranque la titularización masiva de todos los interinos. Junto a esta reivindicación tiene que estar presente, también, la exigencia de la restitución de las Juntas de Clasificación y sus funciones (con mayoría docente bajo la elección directa de los representantes), las cuales deberán elaborar listados y dirigir los actos públicos por orden de mérito venideros.