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Durante estas últimas semanas ha tomado trascendencia mediática la “revisión” y reapertura de la causa penal por contaminación contra la patronal de Petroquímica Capitán Bermúdez, ex Electroclor, propiedad del vaciador serial Taselli, que cerró la fábrica en 2013 luego de un proceso de desguace y vaciamiento. Esto significa que continuará el trámite por el delito de daño ambiental como lo solicitaron los fiscales intervinientes. Los defensores de los directivos de la compañía habían solicitado la prescripción de las imputaciones, lo que fue rechazado por el juez.
La empresa fue cerrada luego de derrotar a los trabajadores que resistieron el vaciamiento y defendieron el convenio colectivo y las fuentes de trabajo. Fueron los trabajadores quienes expusieron, en la lucha contra la patronal, los graves daños ambientales y sanitarios que producía la empresa.
A fines de septiembre pasado se llevó adelante una Audiencia Pública. El objetivo de la misma fue reabrir un proceso por manejo inadecuado de materiales altamente contaminantes, antes cerrado por instrucción del ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal –quien actualmente cumple prisión domiciliaria por corrupción. “Los fiscales sostienen que esa decisión de extinguir el caso, tomada por el juez Juan José Tutau, debe ser declarada nula por ilegal, y consideran que le da la espalda a una cantidad de víctimas que aún no pueden cuantificarse. Además, sostienen, no tiene en cuenta el interés público que representa un delito contra la salud pública. El representante legal del empresario Sergio Taselli, dueño de la empresa denunciada, replicó que el caso debía mantenerse como está porque no hay ninguna prueba de que la polución denunciada la haya generado esa compañía y además porque el caso tiene fuerza de cosa juzgada” (Diario La Capital, 21/9).
Las patronales químicas tienen carta libre en el Cordón para la depredación ambiental y laboral. La ex Sulfacid (luego Glencord) estuvo 70 años contaminando Fray luis Beltrán con la complicidad de los gobiernos, local, provincial y nacional. El montaje estatal -político y judicial- para salvar los intereses de la clase capitalista, en este caso al grupo Taselli, se puso de relieve con un fallo anterior que ordenaba cesar la pesquisa en la causa ambiental. El nuevo juez asegura, para salvar la ropa, que se le ocultó información al magistrado que dictó aquel fallo.
Los trabajadores debemos intervenir en esta crisis política, ambiental y laboral, con nuestro programa, en defensa de nuestros intereses y con una perspectiva de salida a la misma.
En 2017, una Comisión Abierta de Salud del Concejo, llevada adelante por la bancada de Jorgelina Signa, puso en pie un observatorio ambiental, dedicado a intervenir de manera independiente ante los casos y denuncias de contaminación. El mismo fue una consecuencia de la deliberación de la bancada junto a organizaciones ambientales, centros de estudiantes, docentes y profesionales de la salud y vecinos afectados que dieron forma al proyecto de ordenanza. La región está contaminada con mercurio, asbesto y otras sustancias químicas tóxicas con un fuerte potencial de daño a la salud y al ambiente. Es necesaria y urgente la remediación del predio que planteábamos en esa Comisión.
El Ejecutivo municipal de Bermúdez sigue sin volcar presupuesto para su ejecución. Los bloques de concejales del PJ, Pro y Frente Cívico son aliados estratégicos de una orientación política de complicidad con la contaminación ambiental. Taselli debe hacerse cargo, con su patrimonio, de los costos de la reparación de los daños ambientales que provocó.
Es necesaria una acción conjunta de la clase obrera del Cordón para quebrar la depredación laboral y ambiental, que debe ir acompañada de la nacionalización de Vicentín y Molino Cañuelas. Los alcances de esta lucha superan las posibilidades e intereses del kirchnerismo y la burocracia sindical. Un Congreso Obrero del Cordón industrial, con mandatos de asambleas en los lugares de trabajo, sería una herramienta fundamental en esta etapa para pelear por estas reivindicaciones.
