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Desde hace un mes la Comunidad Lof Quemquemtrew ocupa el territorio de Cuesta del Ternero en El Bolsón. Pocos días después de la ocupación sufrieron una feroz represión en un intento de desalojo, que dejó un saldo de varios detenidos. Las fuerzas policiales no permiten la entrada de víveres ni abrigo.
El territorio ocupado por esta comunidad mapuche tiene una larga historia. Los propietarios originales, Lucinda Quintupuray y su hijo, aparecieron muertos hace 20 años. El Estado entregó ese territorio a grandes capitalistas, entre los que figuran Héctor Magnetto (Papel Prensa), Luciano Benetton (Tierras Sud), Federico Ochoa (Tierras Tecka) y los hermanos Rocco, a quienes el Estado rionegrino cedió la explotación del predio por noventa años, la eximición de impuestos y otros apoyos económicos directos. Esos territorios son usados para la explotación maderera, esto significa la plantación de especies exóticas como el pino que son la causa de los incendios que azotan la región, como la vivida en el último verano justamente en la Cuesta del Terreno.
Las organizaciones populares, asambleas ambientalistas y pobladores de la zona están acampando en los alrededores, apoyando a la comunidad Quemquemtrew. Incluso la Comunidad de Leleque les hacen llegar alimentos a través de corredores no sitiados. Las organizaciones de derechos humanos reclaman al Gobierno y a la Justicia la libertad de circulación de los integrantes de la Lof Quemquemtrew, porque consideran que se encuentran “actualmente privadas ilegalmente de su libertad -secuestradas de manera extorsiva- en su territorio ancestral -transformado en un verdadero campo de concentración- y sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes -privadas de alimento, abrigo, comunicación, acceso a la salud, acceso a la justicia”. Denuncian también que los procesos penales son promovidos con fines de persecución ideológico política.
Todo esto podría ser un episodio más de la vida cotidiana en la Comarca Andina donde la falta de vivienda y la inaccesibilidad de los terrenos lleva a la ocupación de los mismos. Pero lo destacable es la respuesta brutal del estado rionegrino. La gobernadora Arabella Carreras acusa de terrorismo e inicia causas penales a cualquier comunidad mapuche. Hubo dos sospechosos incendios de la oficina de turismo en Bolsón y de un galpón de Vialidad en Bariloche que fueron imputados a los pueblos originarios.
Esta política de criminalización fue diseñada en el Foro Consenso de Bariloche donde las fuerzas racistas que incluyen a Juntos Somos Rio Negro, Juntos por el Cambio y toda agrupación fascista local, respaldado por el ex senador Miguel Pichetto -un admirador de Julio A. Roca por la Campaña aniquiladora del Desierto- que propone fortines para la destrucción final de los pueblos originarios. Es que las reivindicaciones de tierra de los mapuche-tehuelche chocan con los intereses de los monopolios mineros, petroleros e inmobiliarios que operan en la zona.
Arabella Carreras ya le pidió a Aníbal Fernández el envio de más fuerzas federales. El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), dirigido por Magdalena Odarda, brilla por su ausencia. Ninguna salida a la vista más que represión.
La expropiación de los grandes terratenientes está atada al cuestionamiento del conjunto de las relaciones capitalistas, por lo que se precisa de la intervención de la clase obrera con un programa y una estrategia propia, independiente de las patronales. Solo un gobierno de trabajadores podrá comenzar a construir una relación armoniosa con el medio ambiente, en el que los pueblos indígenas puedan ver reparados siglos de despojo y humillaciones. Por eso se hace imprescindible rodear de solidaridad esta causa, en el camino a la articulación de todas las luchas.
