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La extensión de los precios cuidados a unos 1400 productos de consumo masivo no moverá el amperímetro del empobrecimiento general, provocado por la caída del salario, las jubilaciones y el desempleo. La canasta congelada abarca, en el mejor de los casos, al 15% de los artículos de consumo general. Más importante todavía es que Fernández y Felletti decidieron avanzar en este “control” después que, en los primeros días de octubre, se había producido una remarcación de precios generalizada por parte de las corporaciones alimentarias, según algunas fuentes, “con carácter preventivo” (Clarín, 20.10). O sea, descontando el congelamiento que vendría.
Por lo tanto, la medida oficial, que es retroactiva al primero de este mes, sólo afectará a éstos últimos aumentos. Entre enero y agosto de este año, diferentes artículos, desde la leche hasta diferentes alimentos frescos, recibieron aumentos del 60 al 80%. Como prueba de ello, la canasta básica alimentaria –o canasta de indigencia- aumentó cinco puntos más que el índice general de precios. El control de Feletti deja intacta esta confiscación.
Las corporaciones capitalistas de la alimentación recibieron la medida con una protesta verbal y la amenaza difusa de concurrir a la justicia. Probablemente, ni necesiten hacerlo: como ya viene ocurriendo con los ´precios cuidados´, las empresas venderán los inventarios que tienen y después desabastecerán las góndolas de los productos regulados, pasando a vender sus artículos de precio libre. Es lo que ya viene ocurriendo largamente con los ´precios cuidados´, sin que el gobierno adopte medida alguna al respecto. Las informaciones empresarias anticipan también un “cambio en el financiamiento” a los comercializadores. Ello se trasladará a los trabajadores que financian sus compras de alimentos con tarjetas, algo que ocurre cada vez más intensamente como resultado de la caída del salario. Por diferentes vías, las empresas se resarcirán de los perjuicios del congelamiento oficial.
Los medios opositores han agitado el fantasma de la ley de abastecimiento, que permitiría incautar inventarios de alimentos en caso de que éstos falten en las góndolas. El gobierno no anunció nada parecido. Después de todo, la patronal alimentaria está demasiado entrelazada con el Consejo Agroindustrial tan cortejado por Cristina, al cual se le han prometido diferentes prebendas impositivas para que ingresen al país los dólares de sus exportaciones. Pero los agroindustriales, y también la COPAL, reclaman lo mismo que el Fondo Monetario –una devaluación de la moneda, que arrime decisivamente el dólar oficial a los actuales dólares financieros o paralelos. A la luz de las contradicciones explosivas que se acumulan en el horizonte económico y político, el congelamiento oficial puede estirarse hasta el 14 de noviembre, pero difícilmente se extienda al plazo prometido, o sea, los 90 días.
Los inciertos precios regulados, mientras tanto, apuntarán a asegurar otro cepo –el del salario, con el concurso de la burocracia sindical. La escalada inflacionaria ha dejado colgados del pincel a la abrumadora mayoría de los acuerdos paritarios. Con una inflación interanual del 52-55%, los mejores convenios esperan aumentos del 42-45%, y son numerosos los gremios que mantienen sus acuerdos por debajo del 40%. La puesta en escena de Feletti y sus precios regulados es un intento por ´congelar´ estos acuerdos salariales, cuando la carestía está actuando como un revulsivo entre los trabajadores. Pero no podemos dejar el salario y las jubilaciones en manos de los Fernández y los Feletti. Decidamos por nosotros.
