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El último viernes, con 2.593 inscriptos, comenzaron las audiencias por el proyecto del gobierno de Rodríguez Larreta que permite que IRSA construya torres de 150 metros en el predio de Costanera Sur. En primera lectura fue aprobada por 37 votos contra 20. Los anotados hablarán a lo largo de 14 jornadas, teniendo lugar la última de ellas el 8 de noviembre próximo.
El predio en cuestión se encuentra una zona que linda con el río y cercana a puerto madero y a la villa Rodrigo Bueno. El proyecto fue aprobado por la Legislatura en primera lectura. Es, denuncian varias organizaciones vecinales, inconstitucional, ya que la Constitución de la Ciudad establece que el "contorno ribereño debe ser público y de acceso libre".
Desde el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonathan Baldivieso indicó que “la aprobación tiene por principal objetivo es garantizar al jefe de gobierno el financiamiento de su campaña presidencial de 2023 y que IRSA pueda conseguir los 700 millones de dólares que debe en Israel”. “Este proyecto es uno de los mayores fraudes (…) será la consolidación del mayor despojo de tierras públicas de la ciudad. 71 manzanas en plena costanera que perdimos sin percibir absolutamente nada a cambio”. Indicó que la justicia declaró inconstitucional las tierras públicas del mercado de hacienda, como así la venta de las 17 hectáreas de Costa Salguero. Denunció que no hubo estudios de impacto ambiental. “Si no organizamos la resistencia ciudadana vamos a perder de forma definitiva toda la costanera”.
Los argumentos a favor de las torres por parte de Juntos es que para recuperar la costanera hay que habilitar una mixtura de usos, público y privado; las torres ayudarán a integrar el resto de ciudad.
El barrio de IRSA necesita que la Legislatura porteña modifique la normativa urbanística actual de ese terreno, habilitado solo para "equipamiento deportivo" (Telam, 18/10). Se trata del proyecto de “Costa Urbana”, de sur a norte, permitiendo el avance inmobiliario sobre el río, y en este caso particular, sobre el humedal natural. “Pese a que el predio se encuentra al lado de Puerto Madero, el Gobierno porteño calculó el precio de las tierras tomando como referencia la zona del barrio de Soldati”, por lo que el Gobierno perderá 450 millones de dólares en el convenio con IRSA (Télam, 22/8).
Como contraprestación, la empresa se comprometió a ceder 48 de sus 71 hectáreas para espacio de acceso público, algo cuestionado, buena parte de las hectáreas contabilizadas en realidad son parte del río. Se prevé la construcción de viviendas de lujo, oficinas, locales comerciales, un sanatorio y una escuela y un hotel. Se encargarían del mantenimiento por 10 años, y luego el “jardín” de estos edificios lo pagarán todos los vecinos de la ciudad. Además, haría un aporte monetario al "fondo de desarrollo urbano sostenible" de la Ciudad, de donde nunca salió un solo peso para solucionar la crisis habitacional de CABA.
“El nuevo barrio de IRSA tendrá una vista privilegiada hacia el Rio de la Plata, y podrían amarrarse allí embarcaciones” (Télam, 19/10). Detrás de esto hay un enorme negocio de transporte desde los barrios cerrados de zona norte o del sur hacia las marinas de estas torres. Se trata de la construcción de un barrio náutico en plena ciudad. Es un negocio impresionante que, de cerrarse, sería el puntapié de un proyecto cien veces superior a Puerto Madero en lo ’90. IRSA es propietaria de los shopping Abasto, Dot, Alto Palermo, Tortuguitas, y del Banco Hipotecario.
Mientras, en la villa lindante, la “urbanización” genera reclamos de los vecinos: “Queremos saber cómo van a repercutir estas obras. En la urbanización del barrio, las máquinas generaron movimientos en los suelos que impactaron en nuestras casas, y eran edificios de apenas cuatro pisos” (tiempoar, 29/8). muchos departamentos tienen los baños clausurados, hay inconvenientes con las cloacas, y ni hablar de la humedad que brota de las paredes. Las familias acreditadas con las viviendas mal construidas tienen que pagar créditos al IVC con salarios y jubilaciones de miseria, que no llegan a cubrir la comida y el valor del crédito. De esta manera son “ejecutados” y desalojados. “decimos no a las torres, sí a los humedales y por una urbanización digna” (ídem), reclaman.
Los humedales como la Costanera Sur ayudan a mitigar el efecto conocido como "isla de calor" que se produce en las grandes ciudades. Regulan las temperaturas tanto de invierno como verano, absorben el carbono que emite la ciudad, reponen aguas subterráneas, evitan las inundaciones, y son un espacio de enorme biodiversidad y recreación para muchas familias que viven hacinadas en pequeños departamentos o casas. La Ley de Humedales, cuyo pedido lleva más de una década, fue cajoneada por el mismo gobierno que cuenta todavía con mayoría en Diputados, pero que no tiene dudas en promocionarla en los spots electorales.
Los negociados inmobiliarios fueron augurados a principio de año en el acuerdo entre Juntos y el Frente de Todos para aprobar la ley de blanqueo de capitales para la construcción. En el negocio se suma la UOCRA, ya que Diego Zang, apoderado de la Unión Obrera de la Construcción dijo que “la actividad de la construcción viene golpeada por la pandemia (de coronavirus) y la obra que se propone generará puestos de trabajo” (Télam, 15/10). Es otro testimonio a favor del acuerdo con el FMI el pago de la deuda externa y la reforma laboral.