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Carlos Pedro Blaquier, dueño del emporio azucarero Ledesma, irá a juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos junto al ex administrador del ingenio, Alberto Enrique Lemos, durante la última dictadura militar. Ambos están procesados en dos causas: por los secuestros y desapariciones que se produjeron el mismo día del golpe del 24 de marzo del 76, y por las desapariciones ocurridas en julio de ese mismo año, en lo que se conoció como “La Noche del Apagón”.
El juez federal de Jujuy, Eduardo Esteban Hansen, decidió elevar a juicio oral y público ambas causas, por crímenes cometidos hace 45 años. En 2013, la Cámara Federal de Salta ya había dado por acreditado que “las fuerzas de seguridad operaron aquella madrugada y las posteriores […] contaron con la autorización dada, prima facie, para el uso de vehículos de la empresa, y que tal asentimiento fue prestado por el Presidente del Directorio (Blaquier) y ejecutado por su administrador general (Lemos)” (fiscales.gob.ar 23/8/2013). También se utilizaron los caminos internos y el corte de luz para permitir mejores condiciones para proceder con los secuestros. Incluso la empresa eléctrica también pertenecía a Ledesma.
Ahora se busca además determinar la participación de ambos en la confección de “listas negras” de activistas y luchadores con las que se facilitó aún más el trabajo a la dictadura.
Emporio del espionaje y persecución
Blaquier fue beneficiado con la impunidad todos estos años, pero también económicamente, con barreras proteccionistas, subsidios, exenciones, el negocio del bioetanol, etc., al abrigo de todos los gobiernos que siguieron al retorno democrático. En 2012 Blaquier le había dedicado un poema a una reelecta CFK, destacando las “virtudes” de reemplazar la carne vacuna por la porcina en plena crisis ganadera. Es uno de los tres principales emporios de la industria alimenticia que alberga el país, edificado sobre la base de los vínculos con todos los gobiernos y con la dictadura, la persecución de los activistas, inclusive la desaparición del intendente Aredez, también bajo el gobierno militar, que pretendió cobrarle impuestos municipales a la empresa – que al día de hoy tampoco paga. Recientemente el sindicato denunció a la empresa porque durante diez años pagó un tercio de los salarios de los obreros en negro para no abonar el porcentual de aportes jubilatorios y la cuota a la obra social del gremio. El viejo zorro pierde el pelo pero no las mañas.
En el año 2012, en un allanamiento a las oficinas de la empresa, se descubrieron pruebas de actividades de espionaje ilegal que realizó la empresa, tanto en la dictadura como bajo la democracia, con informes y seguimientos de activistas sindicales. Se encontraron carpetas dedicadas a Jorge Weisz, dirigente sindical azucarero de Ledesma, desaparecido en 1976, y de otros activistas, ya bajo la democracia, con informes detallados de las personas que se movilizaban y los preparativos y reuniones previas a las marchas del apagón, al menos hasta 2005.
La defensa de Blaquier ha solicitado pericias psicológicas para determinar si el imputado, hoy de 94 años, está en condiciones de afrontar, entender y comprender el juicio oral y público que juzgará sus actos. Esto dará lugar a nuevas dilaciones. La Corte tuvo seis años en su poder el expediente, que finalmente devolvió al tribunal jujeño. En caso de ser declarado apto para el juicio, ante una eventual condena, seguirán las apelaciones. Dada su avanzada edad, aun en caso de un fallo definitivo, Blaquier seguramente obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin duda, una condena será un triunfo simbólico de una movilización incesante de décadas por el juicio y castigo a los culpables, pero no desmentirá -todo lo contrario- la impunidad de la burguesía nativa e imperialista que apoyó y alentó el golpe. Blaquier se encuentra alejado del directorio de la empresa, y condenado socialmente por una lucha de años de familiares y organizaciones.
Si la causa todavía se mantiene vigente es pura y exclusivamente por la lucha sin cuartel que dieron los familiares de desaparecidos, especialmente por Olga Marquez de Aredez, las organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y políticas, que no bajaron nunca la bandera contra la impunidad en Jujuy. Las movilizaciones en reclamo de
justicia año a año en las marchas del Apagón, hoy se convirtieron en una referencia nacional de lucha contra la impunidad.
La lucha por el juicio y castigo a los responsables y cómplices de la última dictadura militar, contra la impunidad de ayer y de hoy es una lucha contra el régimen político que acobijó durante décadas dicha impunidad.
Juicio y castigo a Blaquier y a todos los responsables y cómplices de la última dictadura militar.
