Jubilados en el laberinto judicial

“En distintas instancias judiciales hay 268.998 juicios de jubilados, según el último informe al Congreso del entonces Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en julio de este año. Y se estima en 80.000 las sentencias firmes que aguardan el pago de ANSES” (Clarín, 26/10). ¿La razón? Desconociendo resoluciones de la Corte Suprema que ordenan liquidar las demandas de los jubilados por reajuste de haberes ordenados favorablemente por tribunales inferiores, la ANSES continúa apelando para estirar los plazos. A su vez, la Corte Suprema se toma todo su tiempo para dictar cada sentencia. Y, finalmente, las que están firmes no se pagan, ya que quedan sujetas a las partidas dispuestas por la ley de presupuesto, a pesar de que la ley previsional dispone que las sentencias firmes deben ser liquidadas en el término de 120 días, y además se debe abonar la retroactividad de dos años anteriores al comienzo del juicio y el reajuste de los haberes corrientes. Pero como la ANSES paga todos los años según la partida del Presupuesto Nacional, y en el proyecto de Presupuesto 2022, por caso, se han disminuido las partidas de dinero destinadas a la cancelación de sentencias de los jubilados y pensionados en general -con excepción de las de los pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad- se burla sistemáticamente.

En el presupuesto enviado al Congreso se observa una caída real del 34% respecto del año pasado para jubilados y pensionados en general, mientras que para los retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las partidas se elevan en un 53%.

Los jubilados recorremos durante meses y años los pasillos de los tribunales hasta obtener sentencia favorable. Luego hay que esperar para cobrar. Y cuando eso ocurre, hay que rogar que el importe sentenciado sea el que corresponde, porque de lo contrario es necesario volver a empezar y hacer un juicio por una “mala liquidación de sentencia”. Muchos jubilados fallecen sin haber obtenido una respuesta a sus justos reclamos.

Además, miles de fallos favorables en primera y segunda instancia se acumulan en manos de la Corte Suprema desde el 2018, como consecuencia de las modificaciones en la movilidad previsional, tanto del gobierno de Macri como el de Fernández-Fernández.

La destrucción del sistema previsional ha sido obra de los distintos gobiernos de turno, los cuales han convertido a la jubilación, de un salario diferido, en una miserable pensión a la vejez. No podemos calificar de otra forma a la indigencia que cobramos el 70 % de los jubilados de $ 25.900, cuando la canasta familiar ronda los $ 140.000.

Las distintas fórmulas de los gobiernos de Macri y Fernández nos han confiscado millones en función de pagar una deuda usuraria con los especuladores nacionales e internacionales.

Las demoras de todos los sectores del Poder Judicial en los dictámenes, la apelación de la ANSES y el no pago de las sentencias firmes, los votos de los legisladores de un presupuesto en las partidas, menores año a año, los convierten en cómplices de la demolición del régimen previsional.

Los jubilados y pensionados debemos tomar nota de esta situación y debatir una salida.