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En estos días el FITU editó, maliciosamente, una intervención de Altamira sobre “La crisis pandémica, crisis mundial y la lucha por un Congreso Obrero”, donde se refiere al capitalismo y consumo de drogas, para denunciar la legalización de la marihuana propuesta por Del Caño en televisión. Luego Pistonesi, dirigente nacional del PTS, difundió profusamente en su cuenta de Twitter el “producto” de la edición: un video de 48 segundos, en un discurso de más de una hora donde presenta a nuestra corriente política como un “grupo de provocadores”. Ignoró, en cambio, la denuncia sobre el perjuicio a la salud y a la vida que la droga causa en la clase obrera. En Estados Unidos, el consumo de opiáceos ha reducido la expectativa de vida de los trabajadores.
¿Qué planteó Altamira?
La asamblea abierta en nuestro local partidario del barrio de La Boca se desarrolló en el marco de la campaña por un Congreso Obrero. La asamblea invitó a Altamira a hacer uso de la palabra luego varias interpelaciones de la concurrencia. Entre los minutos 42-53, de una intervención de más de una hora, Altamira toma la inquietud de un compañero respecto de cómo articular nuestro planteo de Congreso Obrero con una indicación de voto para el 14 de noviembre. Para desarrollar la respuesta Altamira distingue entre un apoyo a la campaña por el FITU y una indicación de voto. La Tendencia ha desarrollado, a partir del 15 de septiembre, su propia campaña electoral en los distritos donde pasamos y no pasamos las Paso. En la explicación minuciosa de por qué la Tendencia no hizo campaña por el FITU y sí desarrolló su propia campaña, Altamira se refiere a la integración de la izquierda argentina de origen trotskista, al régimen parlamentario burgués, en el marco de la mayor crisis social y política de la historia. Para ilustrar este proceso de integración al Estado encara las "propuestas" del FITU, de legalizar la marihuana y el “control (popular) de precios”.
La posición pro-legalización del consumo de marihuana fue expuesta por Del Caño con lujo de detalles en el debate de candidatos en TN y en numerosos reportajes. Alega que el propósito de la ley es poner fin al narcotráfico, que prosperaría en la ilegalidad, y señala que para atender los daños psíquicos y físicos por el consumo de droga, el proyecto establece una “política de control de daños”. He aquí la izquierda “propositiva” a pleno.
Altamira denuncia la posición pro-legalización de la marihuana del FITU, inscripta en su “plataforma electoral”, como un aval al consumo. El “uso recreativo” es defendido desde hace añares, y ese uso no es objetado por la dirección del PTS. Sustituir la lucha contra el Estado para combatir el narcotráfico (que involucra a la policía, la Justicia, los bancos-lavado de dinero), por la libertad de consumo, es una alternativa formalmente reformista, y reaccionaria en su contenido. En realidad, la lucha contra el narcotráfico ha sido sacada de la manga en forma reciente, debido a la dificultad del PTS para abordar la cuestión de la seguridad, que ha presentado siempre como un apoyo a “la yuta”. Como Milei, el PTS defiende la libertad para drogarse, que muy bien puede parangonarse con la libertad para prostituirse, en nombre del “trabajo sexual” (el libertario de marras no lo diría mejor). Es obvio que la drogadicción y la prostitución son impuestas por las condiciones de vida del capital, o sea la miseria de la existencia social, con más rigor que el que puede establecer cualquier régimen político. Que protejamos a la prostituta tanto de la policía como del "cliente" y de los "cafishios", del mismo modo que al adicto de cualquier persecución estatal, no nos llevaría a legitimarla por medio de una ley, sino a una lucha organizada contra el capital y el Estado. Como plantea Altamira en su intervención en La Boca, “la droga es la política de destrucción de la juventud trabajadora”. Lo ha hecho toda la vida, y ha formado al Partido Obrero en esa convicción. El aparato va en contra de la historia del PO y se ha pasado a la tradición del morenismo. El PTS no hace más que defender un legado.
Nada nuevo
El PTS ha venido escribiendo largo y tendido sobre el tema bajo el eufemismo de las “libertades democráticas”. Hasta pone un signo igual entre la lucha por la legalización del aborto y por la legalización de “todas las drogas” porque “Luchar por la legalización de las drogas significa enfrentar la injerencia del Estado y defender el derecho a decidir respecto a nuestros cuerpos. No les otorgamos ninguna autoridad a los capitalistas y sus políticos a inmiscuirse en nuestras vidas”. Las madres y las familias, si se siguiera este "irraciocinio", deberían oponerse entonces a la obligación de aplicar la vacunación tríplice a los bebés, en defensa, no se sabe, de qué derechos, si de adultos o lactantes. El régimen capitalista, le reconozca "autoridad" o no el PTS, invade nuestros cuerpos entre ocho y doce horas por día, para extraer de él la plusvalía, que no es otra cosa que energía humana cosificada y mercantilizada. Cada mujer que se ve forzada a abortar, debido a las condiciones inhumanas o alienantes de su vida, sufre en su cuerpo el despotismo del capital. Si Eva Perón dijo que “en toda necesidad hay un derecho”, es porque un régimen de libertad no necesita los derechos que se reclaman a un régimen de opresión.
Pero la igualación de la lucha de las mujeres por sus derechos, con el derecho de cada uno a drogarse, es un despropósito. Sería como defender el "derecho" a drogarse de una mujer embarazada. Cada uno debe vivir su vida como (cree) que quiere, pero la tarea de los socialistas es meter el arma de la crítica en desentrañar las condiciones opresivas del régimen opresor, no disimularlo con pseudo derechos. La drogadicción no es la expresión de la autonomía o libertad de quien se droga, sino la política de destrucción de la juventud obrera por el capital. Toda la historia del socialismo mundial ha sido una lucha contra el alcoholismo, el tabaquismo y el juego de azar, mediante el método de la organización obrera. Bajo las condiciones del socialismo, el producto del trabajo humano estará dirigido a satisfacer su necesidad realmente humana. La marihuana podría ser una introducción a otras drogas, que el PTS ofrece también legalizar, de modo que ni siquiera sirve para sustituir la lucha política contra el narcotráfico capitalista, por medio del derecho a la "recreación personal". Todo es una estafa.
La legalización de la marihuana es un objetivo por el que vienen “luchando” (lobby) hace varias décadas los monopolios transnacionales tabacaleros. En este sentido, Forbes señala que “el cambio de modelo de negocio de las grandes empresas tabacaleras no solo se limita a proporcionar nuevas tecnologías. Las empresas han comenzado a ver en la industria del cannabis una salida de la dependencia de las ventas de tabaco (…) El interés de las grandes tabacaleras en la industria del cannabis no solo es visible en las operaciones comerciales, sino también a través de las operaciones de lobby. Como informó Cannabis Wire, la compañía tabacalera Altria presionó por las ventas de cannabis en Virginia (https://www.forbesargentina.com/innovacion/venta-online-ocho-plataformas-lanzar-sitio-web-comercio-electronico-n9443). Frente a los narco-empresarios que lucran con el negocio en la clandestinidad, el capital tabacalero monopólico-transnacional brega por la “legalización” como medio para entrar en el negocio y “eficientizar” el proceso de producción y de distribución.
Como lo hemos planteado desde estas páginas, el planteo del “control de daños” (por la drogadicción) se inscribe en una tendencia internacional en favor del blanqueo de la producción y consumo de drogas, que fogonean un grupo definido de voceros y corporaciones. De Lehman Brothers (2008) para acá, el dinero del narcotráfico ha jugado todo un papel en el rescate del capital en quiebra. Lo ha demostrado el escándalo del banco Wachovia Wells Fargo, que blanqueó fondos del narco mexicano equivalentes a todo el producto bruto de este país para zafar de su quiebra. Un sector del capital quiere "transparentar" estos mecanismos de rescate, para percibir impuestos del narconegocio y sustraerlo del mundo de los paraísos fiscales y bancas “off shore”. Nada de esto eximirá a la droga de sus consecuencias de fondo sobre millones de jóvenes, en términos de embrutecimiento, degradación física y sicológica. El “control de daños” es un régimen de asimilación controlada al consumo de drogas en masa”.
El "control de daños" que contiene el proyecto de ley de Del Caño, fue también el atajo que encontró Larreta para salir de la responsabilidad de las muertes en el boliche de Costa Salguero, donde los dueños acapararon el agua que necesitaban quienes consumían drogas, para aumentar el precio. Incluso envió un proyecto de ley que obliga a los negocios a prever un dispositivo de asistencia a los "dañados". Como se ve, Larreta legalizó la droga antes que el PTS. Marcelo Ramal fue el único legislador del FIT que lo denunció en el recinto.
El proyecto de legalización de la marihuana es la manifestación más acabada de una integración política al Estado y la sociedad capitalista. Estamos ante un debate político, no ya de salud. Ocupa un lugar central en la delimitación entre la izquierda democratizante y el socialismo revolucionario. No es un capricho, es un asunto de principios. Así como la violación contra la mujer persiste e incluso crece en la clase obrera, lo mismo ocurre con la droga. Se trata de que luchemos contra esta degradación, para desarrollar, en el proletariado, una conciencia socialista de clase.
