Delito organizado: el capital y sus partidos van de la mano

En Santa Fe la interrelación entre el crimen organizado, el estado y sus personeros políticos es más que manifiesta.

Un nuevo episodio tiene que ver con la destitución por parte de la legislatura provincial del ex ministro de seguridad Marcelo Saín de su cargo en la Oficina de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, a pesar de que la legislatura es incompetente para esta remover autoridades de un ministerio. Probablemente una sentencia posterior torne nulo este procedimiento.

La maniobra se orquestó luego de que los legisladores aprobaran la ley que establece la incompatibilidad entre distintos cargos en función (en este caso, Saín era ministro y funcionario judicial en licencia al momento de sancionarse la misma). Para que esto haya sido así, fue requerida la interpretación extensiva de la Corte Suprema, encuadrando a la generalidad de funcionarios del MPA.

En sus declaraciones posteriores, aclara que el mismo organismo que debería estar encargándose de investigar delitos complejos y sortear la cobertura estatal que hay en torno a la garantía de impunidad de sus autores, se encuentra “hiperpolitizado” y que su autoridad principal, Jorge Baclini, responde a la orientación política del radical-macrista, Maximiliano Pullaro, ex candidato a senador dentro de la interna de Juntos por el Cambio y ex ministro de seguridad bajo el gobierno del Frente Progresista.

La lectura de esta arbitrariedad institucional, debe ser acompañada con las investigaciones que tienen en vilo a todo el arco político patronal, diversos agentes del estado y a capitalistas que operan en la provincia con el juego organizado. En este ínterin es que se depusieron dos fiscales que corresponden a la circunscripción de Rosario, Patricio Serjal y Ponce Asahad, que ya han sido condenados por diversos delitos entorno al cohecho y en permitir el desenvolvimiento de asociaciones ilícitas en torno a este rubro.

En virtud de ello es que se ha salpicado el nombre de Armando Traferri, senador por el departamento San Lorenzo, quien se encuentra bajo el amparo en sus fueros como senador para no ser imputado como miembro/director de una asociación ilícita. Esto contrajo hace meses atrás una crisis dentro del mismo “cuerpo”, donde opositores socialistas, peronistas y radicales se opusieron a su desafuero en una suerte de defensa corporativa. En otras palabras, 'si caigo yo, caen todos, y es mejor cuidarnos juntos entre todos y todas'. La situación del mismo, si sigue absteniéndose de presentarse ante fiscalía, puede terminar de “nacionalizar” el conflicto porque la Corte Suprema de la Nación tendrá que abocarse a resolver sobre el caso y argumentar sobre la extensión de las garantías parlamentarias, lo cual no es moco de pavo.

También recordemos que el propio Traferri es un peronista que impulso a Perotti a la gobernación pero que luego se deslizó a una oposición interna dentro del PJ. En concreto, una serie de votaciones importantes en la legislatura que propuso el oficialismo no encontraron un desenlace positivo y por el contrario si contaron las iniciativas de la oposición con la aprobación del sanlorencino.

En estas últimas PASO, la candidatura de Agustín Rossi junto a la vice, Alejandra Rodenas, quien pertenece al espacio de Traferri, cristalizó la fractura del Frente de Todos antes del desbarranque que significaron los resultados el 12 de septiembre. En los últimos días, se comenzó a difundir la posibilidad de un armado “post-peronista”, que conllevaría a una alianza entre el sector Traferri con Juntos por el Cambio, algo similar a lo sucedido en 2015 cuando Miguel del Sel casi se condecora como gobernador impulsado por el PRO y el aparato de Reutemann. Que esto suceda o no, estará totalmente vinculado al desarrollo nacional de la crisis.

En definitiva, la “mediocre institucionalidad” santafesina no es más que la punta del iceberg de la descomposición política del régimen. Es el mismo régimen contra el cual una pueblada en Capitán Bermúdez se movilizó a raíz del asesinato del joven Isaac este miércoles.

La inseguridad, contra los trabajadores, es una “política de estado” pergeñada por los grandes capitales, sus partidos y el Estado.