El crimen de Lucas González y la crisis del aparato represivo

Escribe Jacyn

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El crimen de Lucas González a manos de una banda policial ha puesto de relieve el callejón sin salida de la crisis del aparato represivo estatal.

Argentina ha sido pródiga en toda clase de ensayos para intentar ´poner en caja´ a su brazo armado. Se han aplicado diferentes ´doctrinas´ y purgas que no han evitado la crisis siguiente, incluso todo lo contrario. Sin ir más lejos, la Policía de la Ciudad donde revisten los tres policías que balearon a Lucas y a sus amigos, es el resultado de un experimento -sancionado por el voto de macristas, radicales y kirchneristas en la Legislatura porteña- para formar una fuerza de seguridad ´profesional´. Con ese propósito, sin embargo, fueron reciclados comisarios y polícías con los peores antecedentes. Sin ir más lejos, debutó con una crisis debido a la designación del ´Fino´ Palacios al frente de la nueva fuerza, por hallarse vinculado al encubrimiento del atentado a la AMIA y al espionaje ilegal. Todavía no queda claro qué perseguían patrullando de civil y a bordo de un auto sin identificación los policías que balearon a los cuatro jugadores de las inferiores de Barracas Central y mataron a Lucas. Actuaron como un verdadero grupo de tareas. Por lo pronto han quedado imputados, luego de una gran conmoción, cuando los primeros acusados fueron los amigos de la víctima. Es necesario ir hasta el final por el castigo a los responsables del asesinato de Lucas y que se descubra toda la verdad.

El de la policía porteña es el último ensayo de una seguidilla de fracasos, uno más sangriento que el anterior. La preservación del aparato represivo de la dictadura es una hipoteca sobre el régimen ´democrático´ actual.

La fuerza de civiles armados que debería responder por la seguridad ciudadana ha sido moldeada en la doctrina de las Tres A y de los Camps y Etchecolatz. Ninguna ´purga´ dio cuenta de los miles de efectivos que actuaron bajo la dictadura y continuaron revistiendo en la fuerza durante estos años de régimen constitucional. Las comisarías bonaerenses y el edificio central de “coordinación” de la Policía Federal alojaron a miles de luchadores secuestrados. La ´Bonaerense´ inauguró la saga del gatillo fácil en democracia con la masacre de Budge. Según el relevamiento de la Correpi, las víctimas de la violencia policial superan las 7.500 desde 1983 hasta la fecha. En el caso de la Policía de la Ciudad, ésta acumula al menos 121 asesinados.

El régimen político ha intentado lidiar y recauchutar ese aparato represivo de mil maneras, en la misma medida que no puede prescindir de una fuerza represiva contra las luchas sociales y las protestas. Ensayó pactos y depuraciones. Las ´purgas´, en muchos casos, tuvieron el propósito de sacar de escena a jerarcas y policías demasiado comprometidos con la actividad delictiva, pero sus sucesores no perdieron demasiado tiempo en establecer sus propios negocios. Los cursos en derechos humanos y la formación universitaria, no alteraron -ni podrían hacerlo- su naturaleza brutal. Entre sus efectivos abundan los perfiles violentos y adeptos al fascismo. La violencia contra la mujer es proporcionalmente elevada entre las familias policiales.

Una variante particularmente promovida por las usinas del imperialismo es la doctrina de la ´seguridad democrática´. Esta apunta a la ´prevención´ basada en el ciberpatrullaje, el espionaje y la intervención de la burocracia estatal a través de la cooptación, mediante sofisticados sistemas de monitoreo. De esto surgió el mal llamado Proyecto X, un método de infiltración de las organizaciones populares descubierto durante los gobiernos K. Estos aprobaron las llamadas ´leyes antiterroristas´, a instancias del imperialismo, que sientan las bases de una cooperación represiva internacional fundada en esta doctrina ´democrática´. Es presentada como una alternativa a la ´mano dura´ que promueven ciertos politiqueros para captar votos de personas asustadas y congraciarse con el aparato represivo.

Sin embargo, estas variantes represivas fueron motivo de choques al interior del gobierno, como lo demostraron las recurrentes peleas entre ´el milico´ Berni y la antropóloga Frederic. Antes, durante el gobierno Macri, era habitual el reproche de Patricia Bullrich, a cargo de la cartera nacional de Seguridad, sobre Horacio Rodíguez Larreta, a quien reclamaba que desalojara los piqutes del centro porteño con la fuerza pública. En el país de las grandes movilizaciones democráticas del 24 de marzo, Kosteki y Santillán, Mariano Ferreyra, Santiago Maldonado y el repudio al beneficio del 2x1 para los genocidas, no es sencillo cargar con la responsabilidad política por los resultados de la represión.

En el caso del asesinato de Lucas, el kirchnerismo ha decidido intervenir para polarizar políticamente con Rodríguez Larreta. Por lo pronto, ha logrado colocar a un abogado afín al frente de la querella del joven asesinado. Pero no se puede ignorar que en sus propias filas revisten politiqueros aficionados a confraternizar con el status quo policial, como el ya mencionado Berni o el inefable Aníbal Fernández.

El ´control´ sobre la policía se ha convertido en una quimera como resultado de la participación cada vez mayor de esta en la organización estructural del delito. La manifestación más aguda de ese entrelazamiento ocurre en la provincia de Santa Fe, corazón agroindustrial del país, donde el narcotráfico se ha expandido como una mancha de aceite sobre todos los estamentos del Estado y de la sociedad.

La criminalización de la policía es una consecuencia de la criminalización del Estado. El enfoque de la que la inseguridad cotidiana es el producto de la miseria social de las masas, habitual entre la izquierda democratizante y la centroizquierda, es por ello reaccionario. El delito que emerge de la miseria es irrebatible sin la remoción de las bases sociales que hunden a las masas en la pobreza. Del otro lado, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la piratería, el robo organizado (zonas liberadas, desarmaderos), el tráfico de armas, etc. serían inviables sin la participación del Estado. Luego, sus abultados beneficios se ´blanquean´ a través de negocios propicios para el lavado de fondos, como el juego, el turismo y el negocio inmobiliario, para finalmente ingresar al circuito financiero ´legal´. Se trata de una gigantesca rueda auxiliar del capitalismo. El sistema bancario no podría sobrevivir sin su concurso. En los círculos capitalistas que propician la legalización de la comercialización de la droga, se comprende que se trata de una fuente de recursos fiscales impresionante – y quienes confunden esto con un supuesto “golpea al narcotráfico” no saben de lo que hablan.

La legislación penal y toda la burocracia constituidas para ´combatir al delito´ (tribunales, policías, cárceles) han significado invariablemente el reforzamiento de la injerencia del aparato estatal en la administración del crimen y de su participación en los beneficios que éste arroja. Ninguna legislación punitiva ha dado como resultado una mayor seguridad de la ciudadanía. Las cárceles son verdaderas academias del crimen. La juventud desamparada y destruida por la droga es pasto de reclutamiento para la industria del delito. El personal político regularmente electo para administrar el gobierno del Estado debe lidiar con ello. Finalmente, representa una ínfima minoría frente a la burocracia estatal permanente, incluidos naturalmente jueces y policías, que ha desarrollado sus propios apetitos y negocios. Ese vínculo es, por supuesto, una fuente recurrente de crisis políticas.

La reorganización de la seguridad ciudadana sobre nuevas bases es incompatible con el régimen actual. Una fuerza creada para reprimir las luchas e infiltrar a las organizaciones populares no puede ser reciclada de ninguna forma, ni se trata de remover a tal o cual funcionario, como generalmente ocurre, por otra parte, para preservar al conjunto del edificio represivo. Sólo un gobierno de trabajadores podrá conciliar la seguridad ciudadana, reabsorbiendo sus funciones por el conjunto de la sociedad.

Justicia por Lucas. Castigo a todos los culpables.

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