El acuerdo con el FMI y la huelga general

Escribe Jorge Altamira

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De acuerdo a lo que se conoce públicamente, el acuerdo con el FMI continúa en el limbo. Es cierto que Martín Guzmán se comprometió a presentar un plan plurianual al Congreso que abarcaría hasta 2028, con el propósito de trazar una hoja de ruta para alcanzar el equilibrio fiscal que pondría fin a la inflación según la interpretación que hace la "escuela" monetarista. Para los detractores del Ministro, éste debería preocuparse por llegar a marzo que viene. El Congreso, por su lado, tampoco reúne condiciones políticas para votar planes con un horizonte, con suerte, de más de un año. En contraste con estos dislates, la crisis financiera apremia. El Banco Central ha dejado de intervenir en los mercados de cambio financieros, porque se ha quedado sin divisas para seguir alimentando la salida de capitales. Como consecuencia, la cotización del peso alternativo se ha hundido. Es de suponer que la corrida bancaria y cambiaria aún no ha cobrado el ímpetu que cabría esperar, porque siguen en pie las expectativas de un acuerdo con el Fondo.

El acuerdo demora, sin embargo, porque su efecto no sería calmar las aguas. En la agenda se encuentra una mega devaluación. De otro modo no se podría liberar, al menos en gran parte, el mercado de cambios. No ha trascendido que en las negociaciones se encuentre la posibilidad de que la devaluación vaya a ser respaldada por un préstamo internacional. Esto implica que tampoco será "ordenada" sino más bien caótica. Los Fernández están negociando el pago de una deuda descomunal, no un nuevo endeudamiento.

El gobierno "nacional y popular" ha llevado adelante una política de corte del gasto social y desvalorización de salarios y jubilaciones en medio de una pandemia, con vistas a preparar la firma de lo que ya resulta un acuerdo largamente demorado. No por eso ha logrado disminuir la inflación, ni tampoco cuando recurrió a retrasar la devaluación del dólar oficial. La inflación ha sido funcional al "ajuste" contra los ingresos de los trabajadores y a la reducción del déficit fiscal, pero también al desajuste de la valuación del peso con relación al dólar. El gobierno se ha pisado la cola todo el tiempo con una política incoherente. Al final de las cuentas, el desbarajuste aún no ha volado por los aires debido a que el comercio internacional de Argentina es activo –no crece pero deja un superávit comercial. De otro lado, a ese superávit se "lo come" el pago de intereses de la deuda y la retención de divisas por parte de los exportadores. Es un desequilibrio explosivo, como lo demuestra la inflación, que lleva a una explosión mayor. La devaluación que se pacte con el FMI llevaría la inflación a tres dígitos.

Mientras el gobierno se enrosca en una plurianualidad decenal, los tiempos que había creído ganar se han acortado. La reestructuración de los plazos de la deuda del estado nacional y las provincias con los acreedores privados, habrían debido crear un espacio para obtener nuevos financiamientos. Hasta ahora ha ocurrido lo contrario. La mitad del tiempo de esos plazos han vencido, de modo que se va con certeza a una crisis con la deuda reestructurada. En cuanto a la sustitución del financiamiento interno, por medio de bonos que ajustan por dólar o inflación, una devaluación pulverizará la capacidad de pago del Tesoro y planteará un default con la deuda local. Todo este escenario, al que hay que añadir la crisis política en ambos lados de la "grieta", en nada será proclive siquiera para el ingreso de capitales "golondrinas". En cuanto a la deuda del Banco Central con los bancos locales, las "famosas" Leliq, que es de más de u$s 40 mil millones al cambio oficial, su desvalorización por medio de una devaluación hundiría el balance del Banco Central por la escasez de reservas de divisas disponibles. Los Fernández y Guzmán tienen hartas razones para seguir dilatando un acuerdo con el FMI o lanzarse a aventuras devaluatorias autónomas, y seguir huyendo hacia adelante. En la última renegociación de vencimientos de deuda en el mercado local, la deuda del Tesoro tuvo una buena recepción, mientras caía la cotización de la deuda externa renegociada y las acciones de las empresas principales, tanto en Buenos Aires como en Nueva York. Nadie avizora en estos medios un acuerdo inminente con el FMI.

Política Obrera

En los últimos días se ha hablado de una tercera revisión de paritarias, como consecuencia del fracaso de todos los pronósticos oficiales de inflación. Lo mismo ocurre con los reclamos de la provisión de alimentos a los comedores, el aumento de la remuneración de Potenciar Trabajo y el pago del medio aguinaldo. La burocracia de los sindicatos, así como también la de las organizaciones sociales oficialistas, ya han dicho que no se interpondrán a un acuerdo con el FMI –sin preguntarse antes de qué clase de acuerdo se trata. Los acuerdos salariales y remunerativos de otro orden, no son sometidos al voto de las bases. Estamos ante un escenario cada vez más inestable, que amenaza quebrarse en cualquier momento.

El sometimiento a un dictamen del FMI sigue siendo la variante más probable en el corto plazo y la más segura en un plazo mayor. No hay evidencias de un plan B. La cuestión del acuerdo con el FMI plantea la huelga general. Las variantes del tipo "plan de lucha" o "paros" se transformarían enseguida en una huelga general o, en su defecto, serían la vía para una derrota. Al acuerdo con el FMI se responde por medio de una acción de la clase, no mediante la propaganda de propuestas alternativas. Una campaña en la clase obrera por nuevas paritarias y aumentos de salarios, sujetos a la aprobación de la base, debe unificarse con una agitación por la huelga general y la organización de coordinadoras y frentes de lucha en todo el país.

La capacidad de la burocracia de los sindicatos y de los aparatos peronistas para bloquear una huelga general debe ponerse a prueba por medio de la agitación y de la organización. Los aparatos sindicales, tomados en su conjunto, no han declarado nunca una huelga general: ella ha sido siempre una decisión de la base, que se ha visto sobrepasada por la magnitud del ataque descerrajado contra ella. La burocracia ha sido pródiga en paros aislados, incluidos los paros activos aislados. Una huelga general, por su lado, debe ser preparada en forma sistemática, porque es difícil que su dirección y organización surja sobre la marcha sino que los elementos y organizaciones activos de ella se hagan activamente visibles con anticipación. Cuando el FMI y los partidos patronales coinciden en que el acuerdo se rubrique en el Congreso -algo que no ha ocurrido con anterioridad- es porque quiere levantar una autoridad que movilice a una parte de la sociedad contra la huelga general, sin tener que recurrir de entrada a otros medios –la represión. El Parlamento, y fue advertido hace más de cien años, tiende a ser un bastión único contra la clase obrera, cuando se trata de una lucha como la huelga general. En las condiciones actuales, una huelga general sería sinónimo de una huelga política de masas. La consigna de un Congreso Obrero de luchadores, formado por delegados electos y con mandatos, es una herramienta para preparar esta lucha.

En los últimos meses, e incluso desde el comienzo de la pandemia, se han destacado las luchas de la salud, de la educación, de los choferes, de trabajadores rurales y en la industria. Es probable que de aquí partan las primeras manifestaciones y huelgas si la situación ya intolerable se convierte en explosiva. Si algo enseñan las crisis que se desarrollan en todo el mundo, es la brusquedad de los giros políticos que tienen lugar, en gran parte determinados por la enorme carga que ha representado la pandemia para el mundo del trabajo.

La salida de conjunto al derrumbe capitalista se presenta, desde este ángulo, de una forma concreta particular. La huelga política de masas plantea un salto histórico en la organización de los trabajadores. Es de aquí que debe partir una salida a la crisis –de un programa elaborado y puesto en marcha por las fuerzas del trabajo con conciencia de clase. Los ritmos y alcances de la intervención obrera en la crisis, deben ser sometidos al veredicto de la práctica, o sea por medio de la lucha.