“Con 280.000 juicios y 80.000 sentencias firmes de jubilados y pensionados de la ANSeS, el gobierno decidió reducir en $ 12.000 millones la partida del Presupuesto Nacional de este año para el pago de los juicios favorables a los jubilados y pensionados” (Clarín, 26/11).

Esta reducción estipulada por decreto disminuye de $ 91.277 millones a $ 79.277 millones la partida destinada al pago de las deudas previsionales. Consideremos que la perdida es mayor porque no toma en cuenta la inflación.

Esto forma parte de un DNU de 789 planillas que reajusta todo el Presupuesto Nacional por el retraso en que quedaron la mayoría de las partidas presupuestarias por la mayor inflación y los nuevos gastos autorizados que se financian con mayor deuda y recortes en otros rubros.

En el organigrama del presupuesto de fines del 2020 no estaban previstas las mayores erogaciones de la ANSES producto del aumento de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales. Todo esto financiado con mayores recursos y contribuciones y por este recorte de $ 12.000 millones en las partidas correspondientes a las sentencias.

Además como dice el dicho “sobre llovido, mojado” en el proyecto del Presupuesto 2022 se propone destinar menos dinero al pago de los fallos judiciales en danza. Solo prevé un aumento del 1% sobre la partida ya ajustada del 2021 cuando está prevista una inflación del 33 %, esto en el marco de casi 80.000 expedientes en manos de la ANSES con sentencias firmes favorables. Pasan y pasan los meses y los años y no se liquidan.

En el informe al Congreso del ministro Santiago Cafiero en julio decía que el stock de juicios alcanzaba a 270.000 (por movilidad y otros reclamos). Los juicios iniciados contra ANSES fueron de 2000 en 2019, 14.000 en 2020 y 8.000 en el primer cuatrimestre del 2021.

A pesar de que la ANSES abona casi 45.000 sentencias por año, el ingreso de nuevos reclamos y las sentencias firmes declaradas no disminuyen.

Un fallo de la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza determinó que si ANSES no abona el pago sentenciado a partir del día 121 (la ley prevé 120) se deben aplicar los interese por mora que se suman al valor compensado.

Los pagos no solo se deben realizar en el término de 120 días sino que además corresponde la retroactividad del pago a dos años anteriores a la fecha del reclamo y los reajustes correspondientes. ANSES le hace “ole” a la medida y paga según reza la partida del presupuesto nacional.

Los reclamos fueron creciendo desde los años 2007 por los bajos aumentos otorgados entre 2002/2006 (famoso caso Badaro), y en 2009 con el caso Elliff.

En el 2017 el cambio de la movilidad previsional del gobierno Macrista desvalorizó nuestros haberes pariendo nuevos reclamos. Sumado a esto una nueva pérdida frente a los aumentos por decreto del gobierno de los Fernández que fue inferior a los de la fórmula suspendida aumentaron las recorridas por tribunales. Más reclamos se sumaron ante la disminución de las pensiones por discapacidad, el descuento de Ganancias sobre los montos jubilatorios y la mala liquidación de las sentencias pagadas que obligan a volver a hacer el reclamo.

El 60 % de los jubilados cobramos un haber de indigencia de $ 25.900 y nos vemos obligados a deambular en este laberinto judicial, los meses pasan, los años pasan y muchos dejan su vida en el camino.

Un Poder Ejecutivo, un Poder legislativo, y un Poder judicial que ponen su granito de arena en la demolición del régimen previsional.

Los jubilados y pensionados debemos tomar nota de esta grave situación y debatir junto a los trabajadores ocupados, desocupados a la mujer y la juventud una salida a esta crisis.

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