“Desendeudadas nos queremos”

*En el cierre de la movilización del 9M, y desde el palco levantado frente al Congreso, se leyó un documento “consensuado”, entre las organizaciones K que cuentan con ministras y funcionarias en el gobierno -como La Mella o Barrios de Pie- hasta partidos del FIT-U. En el grupo de WhatsApp de intercambio entre organizaciones de la mujer, la representante del Pdt “oficial” lo giró el domingo por la noche, señalando que era el documento que “con mucho debate e intercambio varias organizaciones decidimos firmar”. En Prensa Obrera, en la crónica de la marcha del 9M, se señala que “se leyó un documento consensuado por las organizaciones participantes”, el cual está subido integralmente a la página del aparato del PO. Han presentado como un compromiso o acuerdo entre sus organizaciones, un texto que, sin embargo, tiene varias carillas de extensión. Un “consenso” de alcance tan vasto, no puede sino esconder un oportunismo sin límites y de todos los colores. El hecho de que reclame “un desendeudamiento”, en lugar del repudio de la deuda con el capital financiero, constituye un apoyo a las negociaciones del gobierno con el FMI, que las organizaciones K han etiquetado como “desendeudamiento. El “consenso” con este planteo, por parte de la izquierda, tira por la borda décadas de reivindicaciones políticas por “el no pago de la deuda”. Quienes advirtieron durante los años del macrismo a no ser funcionales al kirchnerismo han adoptado su programa político, incluso cuando está el gobierno está naufragando a ojos vista. La presencia en el escenario de Congreso, que luego será difundida generosamente en las redes, quedará como el recorte visual de una capitulación política al insepulto pseudo nacionalismo burgués., que no encuentra una tumba digna, precisamente por esta capitulación cíclica de una parte de la izquierda de Argentina. El movimiento de la mujer ha sido entregado a espaldas de las mujeres y en perjuicio de su independencia política. La invocación inicial del texto a las obreras norteamericanas y rusas es un menoscabo al propósito de sus luchas, contra las patronales, contra las autocracias, por el socialismo. El texto se aparta de los pronunciamientos de años anteriores, en nombre de una ‘sororidad’ que no es solidaridad de clase sino la quiebra de la independencia política frente a un gobierno patronal. Constituye una entrega ideológica al nacionalismo, con el lenguaje del feminismo académico protegido por la ONU y sus conferencias periódicas, y a los postulados políticos e incluso ideológicos de la izquierda nacionalista o pequeño burguesa que ha sido cooptada a las filas del gobierno. La adhesión de la izquierda a este texto es una capitulación que replica los quórum parlamentarios cuando los necesita el gobierno. *

La deuda

El documento denuncia “la deuda que el gobierno de Cambiemos contrajo con el FMI”, y que “sólo sirvió para fugar capitales y para el enriquecimiento de unos pocos”. Las redactoras olvidan que el kirchnerismo “nos dejó” ‘endeudadas’ en unos 250.000 millones de dólares, como resultado del rescate de la deuda defolteada en 2001 (megacanjes) y de sucesivas refinanciaciones usurarias. Hay otro olvido, sin embargo, y es que el crecimiento del endeudamiento por parte del macrismo fue votado por la mayoría parlamentaria de esos años, constituida por gran parte del Frente de Todos.

Peor aún, si cabe, no se denuncia que el gobierno -del cual forman parte varias de sus firmantes- ha dicho que esa deuda es “legítima” porque la contrajo “un gobierno democrático”. De modo que cuando plantea la “investigación y el no pago de la deuda ilegítima y fraudulenta”, comete un embuste, porque el sambenito de la “investigación” ha sido usado hasta el hartazgo para disimular el rechazo al no pago, lo mismo que la distinción de deudas legítimas y fraudulentas de aquellas que no lo serían, pretendiendo llevar al campo del derecho y la juridicidad lo que es un caso de sometimiento nacional y expoliación social.

El documento señala que “no nos resignamos a la explotación de nuestra vidas por las tasas de interés usureras de los bancos”. Pero cualquier tasa de interés que asigne a los bancos una tajada de la explotación de las trabajadoras y trabajadores, constituye una “usura” con relación a las condiciones de vida y de trabajo de los explotados y las explotadas. Las finas distinciones del texto sólo tienen por objeto rescatar la legitimidad política y social de la deuda pública contraída por lo que se llama “democracia”. En Argentina y en el mundo, el titular de la “deuda usuraria” es simplemente el capital sin distinciones de circuito. El capital de la industria que se cotiza en las bolsas no es otra cosa que capital financiero. Es en este cuadro que debe entenderse el slogan principal del documento –“desendeudadas nos queremos”. El término “desendeudamiento” no es un invento de las firmantes, fue acuñado en los años del kirchnerismo para reivindicar la política que CFK, en sus propias palabras, calificó de “pagadora serial” (de la deuda). Quien propició el acuerdo secreto YPF-Chevron, o pagó hasta el último dólar al Club de París, es la propietaria intelectual del slogan del “desendeudamiento”. Las redactoras fingen ignorar que el “desendeudamiento” es sinónimo de pago de la deuda, no importa aquí si es con ‘quita’ o no, porque las quitas no son establecidas por los gobiernos pseudo nacionalistas sino por el mismo mercado de solvencia o insolvencia que regula al capitalismo.

El texto critica al “capitalismo neoliberal”, en una referencia a los que contraen la deuda, pero no a aquellos que la pagan o se “desendeudan”, para recomponer el proceso de financiamiento, es decir de nuevo endeudamiento. El “desendeudamiento” bajo el capitalismo es un oxímoron, o sea una contradicción de términos, porque no podría funcionar sin créditos y deudas, que se zanjan con quiebras o default en períodos de crisis. Los Fernández ya han comprometido su palabra en rechazar el default.

Reperfilar una deuda es pagarla, no lo contrario. La ley de “sostenibilidad” de la deuda ha autorizado a tomar 4.500 millones de dólares del Banco Central para pagar vencimientos de deuda en 2020, pero el documento “desendeudado” que se leyó en la Plaza de los Dos Congresos, diez páginas, no lo denuncia, ni menciona.

¿Por qué las centenares de miles de compañeras y mujeres que marcharon por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora deben ser sometidas a la vejación de un documento que defiende los intereses de la clase capitalista y sus partidos?

Un mundo precario

La política “social” que emana del texto es, precisamente, la del Banco Mundial y la del FMI, largamente abrazada por los nac & pop y progres de todo el continente a la hora de los ajustes. El documento plantea el “reconocimiento y remuneración de las tareas de cuidado, que son la clave de la división sexual y jerarquizada del trabajo”. No es un secreto, sin embargo, que la “política de cuidados” se aplica en masa en Gran Bretaña, Italia, gran parte de Estados Unidos y numerosos países capitalistas desarrollados, o sea que asigna al capital un nuevo mercado, con subsidios incluidos, que reposa en salarios que están muy abajo de la media, por un trabajo sin límites horarios.

Es la privatización del sector que subsiste de la asistencia social, y por eso es reclamado por el FMI, para reducir el déficit fiscal y poder pagar la deuda pública. Este es el compromiso que ha aceptado el FIT-U. Como quiera, sin embargo, que este capital se financia con deuda, el capital aplicado al negocio de los cuidados ha entrado en quiebra, como consecuencia de la crisis internacional. No sorprende entonces que el documento no reclame la socialización del trabajo doméstico -comedores, guarderías, lavanderías-, financiado por las patronales. Esto sería un poderoso alivio sobre lo que representa el yugo doméstico para las mujeres trabajadoras.

El texto denuncia que los Centros de Primera Infancia, los jardines de la CABA manejados por organizaciones sociales se encuentran “desfinanciados y con riesgo de cierre”, pidiendo luego “que el Ministerio de Educación se haga cargo”. ¡Pero no reclama la titularización de sus docentes de esos centros y jardines en iguales condiciones a los del sistema educativo formal! Todo muy consecuente con la paritaria a la baja de los docentes y el propósito de liquidar sus regímenes especiales de jubilaciones.

Contra la mujer

El documento denuncia al poder judicial como “clasista y heterocispatriarcal”, pero absuelve al Congreso, al Ejecutivo, a las fuerzas armadas y policiales. El estado se reduciría a los jueces y fiscales, algo muy conveniente en la lucha de aparatos para salvar de la corrupción a la tropa propia y condenar a la rival. (¡Ha desaparecido la consigna “el Estado es responsable!) De Vido, por caso, no tendría responsabilidad por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, víctima de una mafia ferroviaria que integraban los concesionarios y la secretaría de Transporte bajo su supervisión, que explotaban la tercerización de tareas. Al documento ha adherido, sin embargo, el aparato del PO. En la violencia contra la mujer, la responsabilidad de las agencias de la rama ejecutiva del Estado no tiene nada que envidar al poder judicial. La casta parlamentaria y los estrafalarios salarios, que denuncia el PTS como sustituto de la lucha revolucionaria contra el Estado, es eximida del ‘lawfare’, cuando es el Senado quien designa a los funcionarios judiciales. El feminismo del documento no trepida en llegar a la farsa, para no reconocer que, en una sociedad capitalista, la emancipación de la mujer pasa por la revolución socialista – como la liberación negra, la erradicación del antisemitismo o la independencia de los pueblos semi-coloniales. El documento no está a la altura de la rebelión político-social del movimiento de mujeres en todo el mundo.

Al referirse a la cuestión jubilatoria, el documento dice que “los aportes que nos faltan los tiene el patriarcado”. El enfoque antropológico de la lucha de la mujer llega aquí al absurdo. Los aportes se los afanó el Estado para subsidiar a la burguesía; el sistema jubilatorio es un régimen de confiscación de la fuerza de trabajo por el capital. La denuncia de que un patriarca se llevó los aportes es funcional a la orientación internacional de la burguesía de convertir al sistema jubilatoria en un sistema de pensión a la vejez, como lo piden exactamente el Banco Mundial y el FMI – el primero dispuesto a financiar “la transición”.

No es para nada inocente que el documento “de compromiso”, por supuesto, no denuncie la supresión de la movilidad jubilatoria, que despojará a las compañeras jubiladas para pagar la deuda. El patriarcado revela entonces su identikit: la francesa Christine y la búlgara Kristalina – el patriarcado es una categoría muy estrecha para representar al capital. El documenta invoca a “nuestras maestras”, encubriendo la supresión de la cláusula gatillo a la totalidad de las educadoras del país, o sea, la consumación del despojo de la inflación galopante “que nos dejó el macrismo”.

En este cuadro, sería una fabulosa concesión atribuirle al documento “la defensa de la mujer” y, en todo caso, “un insuficiente abordaje político”, el cual, por el contrario, es exhaustivo.

No: el documento encubre los principales ataques a la mujer trabajadora. En medio de numerosas invocaciones a la “autonomía”, el texto deposita en el “Estado responsable” los derechos de la mujer. Pide la aplicación de la ley Micaela, o sea, que la organización estatal, que perpetra la violencia de clase-en especial la policía- prevenga los femicidios. Reclama presupuesto, pero no el manejo autónomo del mismo por parte de mujeres electas. El texto invoca a la mujer como recurso para encubrir al gobierno y al Estado. Y luego, somete la soberanía de la mujer al Estado, a la hora de sus principales reclamos.

Izquierda

Las jornadas del 8M y 9M han demostrado, en su masividad, la vigencia del movimiento de la mujer como fermento de la rebelión popular, porque su protagonista excluyente es la mujer trabajadora, aunque usurpe la representación de ella una clique que merodea las instituciones del estado capitalista o simplemente es parte de él. El “palco y documento” son una usurpación objetiva y una tentativa de cooptación. Pero el régimen vigente no tiene condiciones para satisfacer las demandas de la mujer.

Los militantes y las militantes del movimiento de la mujer y de la izquierda tienen la palabra.