"Bienes personales": reconstruyen el proceso legislativo para firmar con el Fondo Monetario Internacional

Escriben Jorge Altamira y Federico Fernández

Los quórums de la pseudo unión nacional.

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Entre las discusiones que tuvieron lugar acerca del proyecto de Presupuesto 2022, ocupó un lugar destacado la cuestión del impuesto a los bienes personales. Se trata de un gravamen al patrimonio de personas y familias, desde casas y departamentos, activos en el exterior, tenencia de divisas fuera del sistema bancario y otras manifestaciones de riqueza. El llamado "impuesto a la riqueza", que se aprobó el año pasado, fue denunciado por algunos tributaristas como una duplicación, precisamente, de bienes personales.

La inflación había distorsionado el valor mínimo no imponible de bienes personales, que no fue actualizado en los últimos años. Por iniciativa de un senador oficialista de Formosa se había dado media sanción, por unanimidad, a un proyecto que elevaba el valor mínimo nominal de los bienes sujetos a impuestos, por encima de los seis millones de pesos. El oficialismo, sin embargo, lo dejó cajoneado en la "cámara alta" y no lo envió a Diputados para su aprobación definitiva. Debido a estas omisiones seguían tributando todos los patrimonios superiores a dos millones de pesos, o sea, entre diez y veinte mil dólares, según el tipo de cambio que se elija. La carnada del oficialismo para obtener mayor número de votos, es decir la suba del mínimo, no dio el resultado político deseado. Pasadas las elecciones, esa suba del mínimo desfinanciaba al Tesoro, empeñado en reducir el déficit fiscal para llegar a un acuerdo con el FMI.

Luego del rechazo parlamentario al proyecto de Presupuesto 2022 y de la decisión del prorrogar el Presupuesto 2021 por medio de un decreto, JxC convocó a sesión especial para tratar el proyecto de bienes personales abortado por el gobierno, o sea la suba del mínimo no imponible. La convocatoria fue caracterizada por la prensa como una tentativa de reforzar la iniciativa política que el macrismo y sus aliados habían conseguido como consecuencia de la derrota del gobierno en el debate del Presupuesto. La maniobra tuvo un comienzo negativo cuando la oposición no consiguió el quórum que creía asegurado para comenzar la reunión. Sin embargo, en lugar de lo que ocurre habitualmente -que la sesión "se caiga"- el oficialismo bajó al recinto en compañía de aliados frecuentes y otros de ocasión, con un proyecto que, por un lado, repite los números de aumento del mínimo no imponible -de dos a seis millones de pesos-, pero que añade, por el otro, un aumento en los porcentajes (alícuotas) que gravan a las franjas de ingresos superiores. Esto es lo que fue aprobado luego, por 127 votos contra 126.

JxC y el bloque federal habrían podido hacer naufragar el proyecto, dejando a la sesión sin quórum (que requiere 129 presentes), como lo había hecho el oficialismo apenas una hora antes. No lo hizo, aunque votó en contra. Al dar el quórum que antes le fuera negado a ella, viabilizó la media sanción en Diputados por unanimidad – incluidos los famosos "libertarios"- que no se retiraron del recinto para denunciar el quórum opositor. Con esto dejaron en claro su propia complicidad con toda esta maniobra. Quedó establecida una “unión nacional” con numerosos remiendos, como la ropa de moda, pero unión nacional al fin.

El oficialismo ha justificado la suba de alícuotas a las categorías superiores como una forma de compensar la reducción de la recaudación de impuestos que apareja la suba del mínimo no imponible. Esas alícuotas suben del 1,25 al 1,50% a los patrimonios locales y un 2,50% a los que se encuentran en el exterior. La justificación tiene una falla: el proyecto macrista convertía a la media sanción del Senado en ley, el del gobierno necesita la confirmación del Senado, cuya Presidenta no ha tenido apuro hasta ahora en mandarlo a Diputados para su aprobación.

Para el oficialismo, esta votación "encarrila" la discusión frustrada del Presupuesto. Anunció que enviaría un segundo proyecto para marzo; de otro modo no habría acuerdo con el FMI. De nuevo, habría "ganado perdiendo", como se viene diciendo en los mentideros políticos. Se trata, como es obvio, de una enorme simplificación, porque "bienes personales" es un poroto del ajuste que exige el FMI, pero con un significado político importante, al habilitar una salida a la organización de gastos y recursos del Tesoro.

Bienes Personales es un impuesto “coparticipable”, o sea que las provincias tienen asignada su parte. Para lo demás, la recaudación no se vincula a gastos específicos, como un aumento en el valor de los planes sociales o para jubilados o para empleados públicos o para un nuevo IFE. Una familia de jubilados con una propiedad inferior a los seis millones de pesos (entre 40 y 60 mil dólares), seguirá sufriendo una merma de sus ingresos si su jubilación es mayor al mínimo, porque no se ajusta por inflación, o directamente el hambre si cobra ese mínimo. En un cuadro de empobrecimiento en masa, habría sido elemental que el incremento de recaudación tenga este destino social. Lo seguro es que tendrá otro: por ejemplo, financiar el blanqueo de capitales de la construcción, para financiar proyectos inmobiliarios, como ocurre efectivamente. Cuando los popes de la construcción hagan el balance entre lo que tendrán que pagar por el aumento de las alícuotas de Bienes y lo que les dejará en limpio el blanqueo o lavado de capitales, seguramente se refregaran las palmas de las manos. Como no tenemos al alcance el acta taquigráfica de la sesión, desconocemos si alguna diputada (o diputado) hizo algún señalamiento acerca de esto o si afectó su voto.

El blanqueo de capitales es un modo estructural de manejo de las finanzas públicas en Argentina. Es un sistema de curro organizado, que no tiene prensa. La cosa es así: se establecen millones de impuestos por parte de un estado "voraz". Luego se reciben ofertas de inversiones específicas, a las cuales se concede eximición de esos impuestos; las inversiones mineras, por ejemplo, gozan de “estabilidad fiscal y cambiaria” - nunca pagarán más que la suma ridícula que establece el acuerdo de inversión. En consecuencia, nadie paga nada al estado "voraz", salvo los consumidores y la pequeña burguesía. Es de este modo que se han construido las "patrias contratistas", las "patrias metalúrgicas" o "automotrices" y los Cuadernos de Centeno. Hasta que no se publiquen las actas taquigráficas no sabremos si esto fue mencionado en la sesión.

En estos mismos momentos hay un debate acerca del ajuste por inflación de los balances de las empresas o, como es más conocido, el ajuste impositivo de ganancias. Lo que no ocurre con jubilados y asalariados, a quienes no se indexan sus ingresos por inflación, sí es concedido a ganancias: no se gravan los beneficios corrientes sino los "reales", o sea deducida la inflación. Esto afecta negativamente la recaudación, que será compensada con el crecimiento inflacionario de los impuestos al consumo. Es la llamada “economía circular” – ningún capitalista pierde, transforma todo en ganancia. El sistema fiscal debe ser caracterizado en su conjunto, no se lo puede cortar como ocurre con un salame. Considerar cada medida fiscal en sí misma es engañoso para las masas populares.

Curiosamente, acaba de producirse una disputa por este ajuste de balances por inflación. El gobierno pretende que no se aplique en forma anual, sino por trienio. De este modo, el fisco recaudará más al principio y compensará con un menor ingreso al final. Las patronales han pegado el grito en el cielo, pero no todas; aquellas que registran un pago elevado de intereses de deuda y por lo tanto menor nivel de ganancias liquidas, lo aprueban, porque en la circunstancia actual o a corto plazo el ajuste por inflación se aplicaría por un monto bajo. Entre las que están a favor se encuentra YPF, cuyo estado contable es de quiebra. También aquellas que se endeudaron bajo el macrismo. Como se ve, el sistema impositivo arbitra entre intereses capitalistas, a costa de los trabajadores.

De los dos proyectos discutidos el martes último, el preferido por el FMI es, sin la menor duda, el oficialista. Empeñado en el "equilibrio fiscal”, el FMI ha reclamado siempre la compensación por la pérdida de recaudación ciertas medidas fiscales. El FMI representa a los fondos de inversión y a la banca internacional, que registran pérdidas por la desvalorización que han sufrido los títulos de la deuda pública en dólares. El superávit fiscal y del comercio exterior es la condición para revalorizar esos títulos. Consentir la suba del mínimo no imponible sin compensación, está afuera de la política del Fondo.

La aprobación de Bienes reconstituye el proceso legislativo necesario para acordar con el FMI. Esta es la cuestión fundamental. Este es el significado del quórum perfecto que acompañó a la votación. El gobierno puede reiniciar ahora el proceso legislativo con un nuevo proyecto diferente al que capotó el viernes pasado. La información que han recabado los distintos medios de comunicación va en esa dirección. Las contradicciones explosivas de un acuerdo con el Fondo se harán más intensas de aquí en adelante. Por lo pronto, el proyecto de bienes personales tiene que pasar aún por el escrutinio del Senado, de donde salió el proyecto original sin el aumento de alícuotas a los de arriba. Y donde murió enseguida porque agrandaba el déficit fiscal.

Romina Del Plá, diputada del FIT-U por el aparato del PO, sostuvo que “[votaron a favor] aunque lo consideremos insuficiente, ya que encubre muchos de los problemas impositivos”. Agregó que “estamos en contra de los destinos que se le van a dar a ese proyecto, los recursos seguramente van a terminar en manos de los acreedores públicos y privados de la deuda”. Sin embargo, “entendemos que hay que aliviar de forma inmediata la situación de los 400 mil trabajadores que van a ser alcanzados”.

Del Plá no explica porque decidieron boicotear entonces la sesión de Juntos por el Cambio, que incluía esa provisión para tantos trabajadores; recién entraron al recinto con el bloque K. Pitrola declaró, precisamente, que si el proyecto oficialista hubiera fracasado, habrían votado, por el proyecto macrista, por las mismas razones que esgrime Del Plá. Por su parte, Myriam Bregman votó a favor luego de señalar que “lo que está implícito es juntar los dólares para pagarle al FMI”. El diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, les dijo a los diputados del FITU: “Ustedes confían en que Cristina Kirchner va a citar el Senado; denle a su electorado, denle a la clase media trabajadora una solución hoy”. O sea que en lugar de una sanción completa, han preferido una media sanción. Habrá que esperar hasta el comienzo de las ordinarias en marzo, para que salga lo votado el pasado martes, si AF no lo introduce en el temario de las extraordinarias. Esta incongruencia señala una alianza política entre el FIT-U y el FdT, al menos en carácter de tentativa. Hay que agregar también lo siguiente: el FITU se abstuvo en ocasión del tratamiento del "impuesto a la riqueza", que preveía asignar, sin embargo, una parte mediocre de esa recaudación a "millones de trabajadores”, y ahora vota a favor de un proyecto que no prevé ninguna asignación social. Esta alianza quizás explique las declaraciones, en C5N, de la diputada Tolosa Paz, quien se adjudicó “la fortaleza para lograr estos consensos, con bloques que no adhieren a nuestro Frente de Todos pero que adhieren a una idea (sic) de que esa gran desigualdad en la Argentina logra ir (sic) hacia la justicia social con un estado que ordene estas cuentas.” En política, este señalamiento refiere a un acuerdo previo a la sesión.

El FIT-U, por otra parte, acompañó con su voto un proyecto al que le sobraban votos, porque macrismo y kirchnerismo coincidían en subir el mínimo no imponible a Bienes. Este mínimo no imponible no estaba en ninguna duda; no estaba pendiente de cuatro votos. Había un amplio espacio para requerir que la recaudación fuera exclusivamente a gastos sociales. El interés del FdT era salir del fiasco del rechazo al Presupuesto y del naufragio consiguiente de su hoja de ruta con el FMI, y reconstituir el proceso legislativo hacia ese acuerdo. El debate acerca de bienes personales no ha sido para nada una cuestión impositiva tomada en forma aislada; ha sido en todo momento una cuestión política. Los dos bloques de la grieta se dieron un quórum recíproco – uno no bajando al recinto para que cayera la sesión, el otro habilitando la sesión para la cual el oficialismo no tenía quórum. La sesión sirvió para reconstruir, también en grado de tentativa, el proceso legislativo necesario para lograr un acuerdo con el FMI.

Este es el meollo del asunto, detrás de las alícuotas y los bienes.

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