Universidad: el recorte presupuestario es parte de una ofensiva de conjunto contra la educación
Escribe Nicolás Morel
10.000 docentes abandonaron sus cargos en el último año.
Tiempo de lectura: 2 minutos
El gasto destinado a las universidades es el más bajo de los últimos 20 años. Es lo que dice el informe presentado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) y la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun). Sólo el 0,5% del PBI nacional se encuentra destinado a las universidades. En un panorama más general, el financiamiento educativo nacional se corresponde con el 0,7% del Producto Bruto Interno, el más bajo desde 1992. Se trata del porcentaje más bajo de toda Latinoamérica.
Uno de los ítems más recortados dentro de esta poda general es el salario docente. Según los gremios docentes, la caída del poder adquisitivo ronda el 45% en el último año y medio –los más bajos desde 2022. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió que son 10.000 los docentes que abandonaron sus cargos. El Ministerio de Capital Humano emitió, horas después de conocerse esta noticia, un documento donde -a pesar de incurrir en varios tecnicismos- no puede negar este cuadro de deserción. A la disolución del presupuesto universitario se añade el desguace del CONICET.
Las autoridades universitarias, comenzando por el mismo CIN, se han convertido en tutores de este desguace. De esto se trata el avance en el arancelamiento de cursos de extensión y de ingreso que se viene llevando a cabo en varias universidades nacionales. La reorganización de los planes de estudio, en miras de crear títulos intermedios de tres años, tiene como objetivo -del mismo modo que ocurre en las universidades europeas- trasladar una porción de los contenidos dictados a posgrados arancelados. Es un entendimiento al cual el gobierno nacional y las camarillas que gobiernan la universidad han llegado luego de la lucha universitaria del año pasado: los recursos de la educación deben autofinanciarse.
El proyecto de ley de financiamiento universitario, redactado por el CIN, recibió dictamen durante la semana pasada; no contempla un aumento real del presupuesto. Se trata, al igual que su predecesor de 2024, de una “ley exhortativa” que encomienda al Ejecutivo aumentar los fondos destinados a las universidades, así como el monto y el modo en que se haría. Tampoco precisa de dónde saldrían estos fondos. Refrenda la lista de “carreras estratégicas” definida por el gobierno nacional en la resolución 10/2025, en el cual se priorizan aquellas vinculadas con la minería, economía y agroindustria, colocando en segundo lugar respecto de la asignación de fondos a todas las demás carreras.
Las autoridades universitarias y el gobierno coinciden en el avance de la mercantilización de contenidos y en el establecimiento de diplomaturas, tecnicaturas, etc.
El proyecto de ley ha servido como excusa para fomentar un cuadro de parálisis al interior del movimiento estudiantil y docente. Ha sido abordado como un trámite administrativo, sin un debate al interior de las aulas.
La hostilidad de las autoridades universitarias y de sus personeros estudiantiles y docentes a impulsar una lucha consecuente contra un ataque de semejante magnitud expresa la complicidad de los mismos con la orientación social que el gobierno despliega en la educación.
