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Antes de que se haya concretado el paro convocado por Adosac, el gobierno de Santa Cruz comenzó a mover todo su aparato para atacar a la docencia que, en sus respectivos órganos de deliberación y de manera democrática, votó por unanimidad el No inicio de clases y rechazar ser hundida por debajo de la línea de pobreza.
La gobernadora Alicia Kirchner directamente barrió con un centenar de despidos a docentes que, hasta hace una semana atrás, habían tomado los cargos y horas cátedras y luego adhirieron al paro de 48 horas. El atropello tuvo una repercusión nacional y numerosas organizaciones sindicales docentes y luchas obreras mostraron su solidaridad ante estos despidos arbitrarios. El ministro de Trabajo de la provincia busca, además, quitarle la personería gremial a Adosac. Pero esta intención tiene pies de barro si se tiene en cuenta el creciente respaldo popular a los reclamos de la docencia santacruceña.
El escenario político en Santa Cruz se torna nuevamente convulsivo. De un lado, los despidos a mansalva de los trabajadores de YCRT y municipales ya no se sostienen mediante la lavada de manos del gobierno de turno en hacerlos pasar por "ñoquis K" o "ñoquis M", según quién detente el poder. A la vista de la población queda cada vez más claro que es el propio régimen político el que sostiene la desocupación. Esta tendencia está claramente marcada. El despido de docentes por haber ejercido su derecho a huelga significa un atropello que expresa la intención del gobierno de Alicia K por doblegar las reservas de lucha de la vanguardia y los sindicatos combativos. Los paros del lunes y martes en el arranque de marzo y la marcha del viernes 6 contra los despidos en la provincia marcaron una línea de resistencia. La provincia entra en un período de lucha de clases más abierta y frontal.
En Santa Cruz además de congelar salarios frente a una inflación galopante, se desfinancian las cajas de los trabajadores - la de Previsión Social y de Servicios Sociales. Con el recorte del presupuesto de Servicios Sociales (CSS) se generó una ola de indignación y repudio por la muerte de Griselda "Titi" Cortés, quien cursaba un tratamiento y no fue derivada a tiempo por parte de las autoridades de la CSS. El aporte de trabajadores activos y pasivos que hacen a la caja es utilizada como 'caja chica' del Estado para otros chanchullos y no para garantizar el servicio y la salud a la población. Las muertes por la desidia del Estado, los despidos masivos y las paritarias que ofrecen sumas en negro expresan que las luchas en Santa Cruz como en el país van a revestir este año una bronca popular creciente, como consecuencia de haber hecho una experiencia acelerada con estos “Modelos M y K”. Más temprano que tarde el agotamiento de la tolerancia de las masas ante el ajuste colocará en la picota al régimen político en su conjunto.
Los dirigentes K se elogian del momento histórico oportuno por tener Nación-Provincia-Municipio. La lógica formal diría que es una fuerza política consolidada, fuerte. Pero la situación de conjunto y las contradicciones de un régimen social que paga al contado los bonos de cientos de millones de dólares, por un lado, y no es capaz de garantizar siquiera el salario mínimo a la mitad de la población, por el otro, por esta razón más retratada a la vista va a estar su precariedad política, su carácter anti-obrero y su entreguismo abierto hacia el capital financiero internacional.
La clase obrera necesita discutir un programa. En Santa Cruz ya tuvimos esta oportunidad con los dos "Plenarios Provinciales de Trabajadores" que pusieron a debatir a distintos sectores en lucha la salida a la crisis. Retomemos ese hilo de trabajo, partiendo de las reivindicaciones más inmediatas como la cláusula gatillo en las paritarias; 82% móvil para los jubilados; no a los despidos, reincorporación de los compañeros a planta permanente; enlazando estos reclamos hacia una salida de la bancarrota en Argentina, es decir orientando el nudo del problema hacia el poder político y por el gobierno de trabajadores.