Los gobernadores de “Todes” y de “Juntes” preparan la firma con el Fondo Monetario Internacional

El 2022 comenzó con un nuevo capítulo del culebrón que protagonizan el gobierno y el FMI desde el corte, en 2019, del préstamo monstruoso que había concedido el Fondo al macrismo en mayo de 2018. Lo que comenzó con un adelanto de u$s15 mil millones de dólares se estiró a cerca de 45 mil millones, en entregas sucesivas, lo que demuestra que el FMI no se equivocó nunca, como dice ahora, porque siempre pudo haber parado u$s 30 mil millones antes (y no lo hizo) el crédito a simple firma al gobierno precedente. No tuvo tiempo de anticipar la última cuota de u$s9 mil millones porque su ‘pollo’ fue eyectado antes por el repudio popular y los votos.

Cronograma de pagos y default

En pleno feriado del 1° de enero, Martín Guzmán les contó a Clarín y La Nación que las cosas con el Fondo iban sobre rieles, con el inconveniente de que el gobierno de Biden se habría excusado de subir al tren. Algún periodista se atrevió a desmentir este relato hasta un cierto punto –la traba no vendría de Estados Unidos, sino de Alemania y Holanda, los reconocidos ‘halcones’ de la Unión Europea. Fueron, ciertamente, los que más apretaron para forzar a Grecia a un plan de saneamiento que liquidó de un tajo la cuarta parte del PBI heleno.

El diseño que se impondría en el acuerdo eximiría a Argentina de la obligación de devolver el capital del crédito hasta principios de 2026. Durante cuatro años, el país pagaría u$s9600 millones, año por año, en concepto de intereses; es lo que asegura Carlos Burgueño, el periodista bien informado de Ámbito. A partir de entonces la factura se salaría a gusto: u$s22 mil millones anuales. Para pagar las cuotas del primer cuatrienio, el gobierno confía en obtener un superávit comercial de u$s15 mil millones, siempre que siga administrando el mercado de cambios y ofreciendo divisas a pedido –o sea, con ‘cepo’. Luego de este período habría que renegociar el acuerdo que se está renegociando ahora. Argentina conquistaría el status de la ‘renegociación permanente’; lo contrario lo forzaría a declarar un ‘default’. Abonar, sin embargo, el 65% del saldo comercial por intereses de deuda a los fondos internacionales y nacionales, sólo en los cuatro primeros años, no deja de ser una poda sangrienta contra el pueblo trabajador y un gigantesco asalto a las finanzas del país.

Dado el obstáculo que han enfrentado hace poco para conseguir la aprobación del Presupuesto 2022, los Fernández han convocado ahora a todos los gobernadores para que pongan la firma al saqueo. Los de JxC han prometido dar el presente, incluido Rodríguez Larreta, a condición de que los líderes parlamentarios también sean de la partida. No está claro si no se quieren jugar el pellejo solos, cuando son candidatos para 2023, o si es un veto impuesto por el ala Macri-Bullrich-Milei. Las huellas digitales en el acuerdo las exigen, por sobre todo, el FMI y Biden, desde un comienzo, no se sabe si para apuntarlo o para boicotearlo debido a sus limitaciones. El kirchnerismo y el macrismo coinciden en que un acuerdo semejante sería ruinoso y también que habría que firmarlo de todos modos. Dicen que, en caso contrario, Argentina perdería el acceso a créditos comerciales externos y a préstamos de organismos internacionales. Es una de las razones que más esgrime la misma burguesía nacional, que tiene mucho dinero en deuda pública. Casi diez mil millones de intereses a pagar por año y cuotas de 22 mil millones anuales más tarde, como sería este acuerdo ‘a medias’ con el FMI, es casi lo mismo de lo que se estaría ‘perdiendo’ por los intereses de esta deuda –o más bien, mucho menos. Con la abundancia de dinero que circula en el mercado internacional, no faltará nunca alguien dispuesto a prestarlo en lugar de mantenerlo ocioso.

La aceptación de esta hipoteca usuraria no resuelve, sin embargo, ninguno de los problemas acuciantes de la economía, como la inflación, ni de la sociedad, como la pobreza. Para superar la inflación, el FMI reclama el establecimiento de tasas de interés superiores a la tasa de inflación. Es decir que para ‘cuidar’ el escaso crédito comercial externo, habría que aceptar estrangular el crédito interno. En la actualidad, la deuda que contrae el sector público ya goza de esa ventaja, pues se ajusta por inflación o dólar, más una tasa de interés. El financiamiento del pago de la deuda asfixia, de este modo, el crédito a la industria y al comercio. Esa indexación se trasladará ahora a los bancos –depósitos y préstamos. Los mayores depósitos deberán servir para desarmar o cancelar las Leliq, con la expectativa de que los pesos que se emitan queden en los bancos en lugar de correr al dólar. Se trata de una deuda equivalente a u$s 40 mil millones del Banco Central con los bancos. Asistiremos en poco tiempo más a un enorme saqueo contra los contribuyentes, que pagarán mayores tasas de interés, para ‘reconstruir’ el balance de los bancos.

Argentina y Turquía, de nuevo

El FMI ha dado a conocer recientemente su política en Turquía, como no lo hace con la misma claridad en Argentina. Ante una devaluación de la lira turca del 96% frente al dólar (pasó de 7 a 18 liras) y una inflación que subió del 10 al 36% anual, el gobierno indexó por dólar la deuda pública turca, para absorber moneda local. Esta misma política, que felicita en Argentina, es repudiada por el FMI y la prensa financiera internacional para Turquía, debido a que ha excluido de la indexación o suba de intereses a los créditos y depósitos bancarios. Ocurre que el gobierno turco pretende seguir subsidiando con crédito barato a los lobbys capitalistas propios, como Guzmán y los K en Argentina. Ese reclamo abierto al gobierno turco es lo que ya han aceptado los Fernández, con la suba de intereses que impulsa el Banco Central de Argentina. Sea como fuere, si la crisis turca se trueca en una corrida cambiaria el impacto sobre Argentina y otros estados sobreendeudados –Brasil– será muy importante.

La otra medida ‘anti-inflacionaria’ serían los tarifazos, con el argumento de que reducirían la financiación de los subsidios fiscales. Los comentaristas descuentan que tendrán un impacto enorme, en primer lugar en los mismos precios, como son las tarifas. Para que este aumento sea anti-inflacionario para el resto de los precios, sería necesario una caída de la demanda general de consumo y, por sobre todo, una revalorización del peso, como consecuencia de la reducción de la circulación de moneda. El FMI, sin embargo, entiende que el peso necesita una devaluación, no una revalorización, por lo menos de un 20 por ciento. El Banco Central ha dejado de actuar en los mercados financieros, por lo que sube el dólar, y también en la venta de divisas en el mercado de futuros, con el mismo efecto. Los contratos indexados al dólar corren riesgo de incumplimiento. La tendencia inflacionaria crecería en lugar de disminuir. Para que una devaluación del peso en el mercado oficial ‘funcione’, sería necesaria una caída importante del dólar en los mercados llamados ‘libres’. Un acuerdo con el FMI podría producir un resultado inmediato de ese tipo, pero insustentable incluso a corto plazo.

Un acuerdo como el que se describe, que obligaría a otra re-negociación en 2025, no incluye los pagos acordados, a partir de 2024, a la deuda pública con acreedores privados. Los fondos internacionales son los principales adversarios de un acuerdo “extendido” pero “corto”. A esta circunstancia se añade otra: el inicio de un ciclo de subas de tasas de interés internacionales. Esto acentuaría la presión por la fuga de dinero de los países endeudados y el remate de sus títulos de deuda. Fue lo que ocurrió con Macri, a partir de finales de 2017; la negociación de la deuda con el Fondo, por parte de los Fernández, podría acabar con una “muerte súbita” a la macrista.

FMI y Covid

Concluyamos con una expresión típica del kirchnerismo: esta negociación “cierra” con el derrumbe definitivo de los gastos de salud que exige la renovada ola del Covid. El acuerdo quiebra la financiación de los aislamientos por infecciones, las enfermedades laborales; los testeos, sus análisis y seguimiento; la vacunación con mayor frecuencia; los cierres laborales y escolares; el sostenimiento del personal de salud y la ampliación de la atención sanitaria y mayor número de trabajadores.

En medio de una catástrofe social, el acuerdo con el FMI sacrifica la salud y la vida de los trabajadores. La humanidad plantea la abolición del capitalismo. Es la tarea que le cabe a la clase obrera.