Santiago del Estero: de nuevo y de nuevo, cómo acabamos con el femicidio

Un nuevo femicidio en Santiago del Estero. Daiana Chazarreta, una joven de 28 años, madre de tres niños, tuvo la “osadía” de intentar poner fin al calvario de violencia en la que vivían y comenzar una nueva vida con proyectos que quedaron truncos.

El femicida, su ex pareja, había sido denunciado en varias oportunidades. Las respuestas de las autoridades: botón antipánico, perimetrales, que en la práctica no sirvieron para detener el hostigamiento y amenazas impunes del femicida. Frente a nuevas denuncias, Daiana y sus hijos fueron mudados a una casa refugio. Ninguna de estas medidas sirvió para detener las amenazas. Todos estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscal General de Género con quien Daiana tenía constante comunicación. A pesar de todo esto, y a sabiendas de que el resguardo en la casa refugio era por escaso tiempo, ninguna autoridad judicial ordenó la detención del potencial femicida.

Las casas refugio son lugares de paso y de seguridad precaria. El tema es que cuando las apariencias señalan que el escenario de violencia se ha disipado, la Justicia resuelve que la persona resguardada ya está en condiciones de volver a la “normalidad”, que no es otra cosa que volver a su domicilio. Es el único lugar que tienen las mujeres pobres, sin recursos, sin trabajo, con los hijos a cuestas.

Las llamadas “políticas públicas” en cuestión de género -ministerio, secretarías, juzgados, oficinas de género- son el pretexto para evitar que el acoso a la mujer por parte de su ex pareja o de su pareja sea caratulado como un delito penal. De otro lado, la pena es considerada como un castigo y no como una instancia de resocialización. El sistema penitenciario es un tugurio y carece de un plantel amplio de psicólogo/as y educadores/as. El conjunto del régimen social coloca a la mujer pobre en una situación de vulnerabilidad extrema. En muchos barrios la defensa de la mujer maltratada en el ámbito del hogar o acosada luego de una separación, corre a cargo de las mujeres de las organizaciones piqueteras.

Santiago del Estero lidera los casos de femicidios, seguida por la provincia de Formosa. Las organizaciones feministas alineadas con el gobierno de Zamora, e incluso de la izquierda democratizante, reclaman que se declare la ley de emergencia contra la violencia de género, que no ofrece más que el exilio social, por otro lado precario, de las mujeres afectadas por la violencia hogareña o machista. Esquiva encarar una política de organización y autodefensa contra la violencia contra las mujeres.

Es necesario que nos organicemos de manera independiente del Estado, su gobierno, impulsando asambleas en los barrios, y resolver las acciones defensivas y aquellas que conduzcan a expulsar a los violentos y, en paralelo, impulsar un plan de lucha de conjunto contra este régimen político y sus instituciones cómplices garantes de la miseria y barbarie a las que son arrojadas las mujeres.

Justicia por Daiana Chazarreta.

Basta de impunidad.

El Estado es responsable.