Tiempo de lectura: 3 minutos
El 24 de enero, la montada de la policía bonaerense y topadoras del municipio, con orden del poder político de Moreno, pero sin ninguna orden judicial, realizaron un desalojo parcial en el barrio La Laguna en Cuartel V, límite entre Moreno y José C. Paz. En este predio viven más de cien familias hace más de cuatro años. El desalojo violento arrasó con construcciones de material y casillas de vecinos que se encontraban trabajando. Si hablamos de desalojo parcial, es por la organización de los vecinos del barrio y de los barrios aledaños, que evitaron que las topadoras y la policía sigan destruyendo las casas. Los vecinos del barrio identificaron a militantes del Movimiento Evita de Moreno al frente de las topadoras.
El mismo día del desalojo se organizó una asamblea que resolvió movilizar al municipio de Moreno. Allí, concurrieron unos 150 vecinos y una delegación del Polo Obrero Tendencia. En el barrio quedó una guardia de vecinos para bloquear el paso a la montada y las topadoras que iban a terminar el desalojo de las familias.
El desalojo violento fue disfrazado por el IDUAR de Moreno (Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional) como un “censo de las familias” que estaban habitando el predio. Argumentan que solo arrasaron con las viviendas que no estaban habitadas, aunque destruyeron casas de vecinos que estaban en el predio. El IDUAR opera como vocero de una supuesta dueña de los terrenos, aunque no hay ninguna documentación que acredite su titularidad. Los representantes legales de los vecinos hicieron las averiguaciones correspondientes y no hay ningún documento legal que acredite titularidad de la supuesta dueña.
Ante la movilización y resistencia de las familias del predio, el IDUAR convocó a una “mesa de diálogo”, en donde solo iban a poder participar las familias que al momento del desalojo habitaban el predio. Se intenta dividir a la asamblea de vecinos. Muchas familias están construyendo sus viviendas mientras viven en casas de familiares o en situación más precaria aún que las del predio. En esta mesa, Federico Aliaga, Administrador General del IDUAR, propuso la formación de un “consorcio urbanístico” que permita la habitabilidad mediante la compra de los terrenos “a cuotas accesibles”. Ante la pregunta de los vecinos en cuanto a las condiciones concretas de este “consorcio urbanístico”, Aliaga contestó con evasivas.
Mariel Fernández, intendenta de Moreno, es militante del Movimiento Evita, cuyas cooperativas favorecen el trabajo precario. Moreno es uno de los distritos del conurbano con más tomas después de La Plata y la Matanza. Después de la pandemia, los intentos de tomas en Moreno se han multiplicado por diez. Los barrios con mayores intentos son Cuartel V y Trujui, en los límites con San Miguel, y José C. Paz, en uno de los cordones más pobres de la provincia.
Este aumento descomunal se da en el marco de un déficit habitacional en la provincia que alcanza a más de 2 millones de familias, según datos publicados por la subsecretaria de Habitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense.
En Moreno el déficit habitacional alcanzaría a más de 23 mil familias alojadas en 91 barrios populares.
En una entrevista para Clarín, Mariel Fernández expuso que “ tiene planes para los predios desalojados, entre ellos el armado de consorcios de producción agroecológica en tierras ociosas privadas que sería uno de los ejes de trabajo y salidas laborales que impulsan los movimientos sociales afines al gobierno organizados en cooperativas a través del Plan de Desarrollo Humano Integral “ ( alianza entre sindicatos y movimientos sociales nucleados en la UTEP, de la que forma parte el Movimiento Evita para normalizar el trabajo precario mediante los planes sociales). Es un gran subsidio al capital terrateniente, en base a mano de obra precaria.
Los desalojos del barrio La Laguna deben ser rechazados en todas sus formas, como lo hicieron los vecinos con el apoyo del Polo Obrero Tendencia, mediante los métodos de la movilización y la asamblea.
