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Finalmente, este 3 de febrero se acordó entre empleo público, UPCN y ATE Nacional un aumento del 14% para los trabajadores de la administración pública nacional que se pagará en dos cuotas del 7% en febrero y abril. Esto completa la paritaria anual iniciada en junio 2021 que hasta ahora representó un 40% de incremento en 5 cuotas
Desde las direcciones sindicales sostienen la premisa de que este acuerdo nos acerca porcentualmente a la inflación anual. En el cajón de los recuerdos quedó la lucha por un salario por encima de la canasta de pobreza. El acuerdo nos sigue dejando con salarios de pobreza y también con modalidades de contratación precarizadas. Los compromisos de los pases a planta, que han sido la moneda de cambio de los acuerdos paritarios a la baja de los últimos dos años han sido a cuenta gotas.
De esta manera, se consagra un nuevo acuerdo paritario ajustado a la reducción del déficit fiscal del gobierno nacional que implica una pérdida salarial de más del 40% en los últimos 5 años. Un llamado de atención para el conjunto de trabajadores, en el escenario actual de negociación del gobierno de los Fernández de un acuerdo con el FMI que implicará una agudización de este ajuste.
El abandono de instancias de deliberación por parte de las direcciones gremiales para poner en pie un plan de lucha en defensa del salario nos coloca a los trabajadores a merced de la política oficial de ajuste salarial y reforma laboral en los hechos. Y también, ante una completa indefensión ante las tentativas cada vez más concretas de un retorno a la presencialidad absoluta en medio del pico de contagios por Covid. Nos enteramos, a través del Boletín Oficial, que se acabó el teletrabajo, en medio de los crecientes contagios de la cepa Ómicron –ese es el único “protocolo” que se propone para los estatales. Quieren tratar el Covid como si fuera una gripe, aunque es sabido que las secuelas están muy por encima. Debemos seguir exigiendo que se cumplan con los protocolos y las burbujas. Los trabajadores y trabajadoras seremos quienes defiendan el derecho a la salud.
Los trabajadores debemos debatir sobre las implicancias del acuerdo con el FMI y la crisis de poder político que ha abierto. Es urgente que nos auto convoquemos en asambleas por sector en cada organismo estatal, sin distinción de afiliación, para que discutamos sobre la situación salarial, las condiciones de trabajo en pandemia, los protocolos y el reclamo histórico del pase a planta.
La lucha contra el FMI será obra de la clase trabajadora y plantea la necesidad de una perspectiva de organización con un rumbo propio discutido en un congreso obrero. Con esta perspectiva, los trabajadores del estado debemos movilizar a plaza de mayo con el conjunto de gremios, comisiones directivas, delegados y activistas este 8 de febrero contra el acuerdo con el FMI.