Escribe Elena Florín
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En vísperas de una asamblea popular convocada por la Multisectorial por el Transporte Público y Juntas Vecinales para el viernes 11, surgen otras graves evidencias sobre el deterioro del servicio. Se trata de reventones de cubiertas en las unidades viejas que vinieron a reemplazar a las que circulaban con anterioridad. Esa sustitución de unidades circulantes por otras viejas -y sin el logo de la empresa concesionaria- desencadenó cuestionamientos y movilizaciones. La sospecha de vaciamiento se confirma. Pero ya estamos en riesgo de vida. Cualquier pasajero puede observar a simple vista el estado de los neumáticos. Se produjeron reventones en varios trayectos que milagrosamente no produjeron una tragedia.
Las respuestas del gobierno a las exigencias de la movilización popular son cínicas y elusivas. Ofrece que se canalicen quejas a través de una página web. Admite el deterioro del servicio y lo adjudica a la crisis económica de los últimos años. ¿Y la recaudación histórica de estos últimos meses, ante el boom del turismo interno? ¿A qué se refiere con “pensar en un nuevo sistema sustentable que va a requerir de un esfuerzo continuo y tiempo”?
En la asamblea popular del 11 plantearemos la necesidad de que se abran los libros de la empresa, que el municipio asegure el servicio bajo el control de trabajadores y usuarios, sin tarifazos, garantizando los puestos de trabajo bajo convenio de origen (UTA). Los bienes de la fraudulenta empresa Mi Bus deben ser expropiados, y colocados para que sirvan a la reconstrucción del transporte. En este marco, una conferencia o congreso de trabajadores y organizaciones barriales debería discutir las necesidades de transporte, frecuencias y recursos que deberían ser garantizados por el Estado.