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A medida que pasan los días, la versión oficial de que “sólo los ricos tendrán un aumento de tarifas” se revela como un cuento chino.
Las empresas de luz y gas han reclamado aumentos del 20 y 35%, por encima de la inflación, que este año no bajará del 50%.
Hablamos, entonces, de subas promedio del 70 u 80%.
No es un aumento que vaya a ser bancado por una minoría de la población, como sostiene el gobierno.
El FMI quiere cobrar la deuda contraída por los Macri y los K canjeando en su beneficio los subsidios que hoy reciben los monopolios de la energía, que serán compensados por medio de un tarifazo.
En la Argentina, el 40% de las familias no llega a la canasta de pobreza, el salario promedio es la mitad de esa canasta; la jubilación, un cuarto.
Por otra parte, el gobierno ya autorizó una suba de combustibles, que golpea sobre todos los productos de consumo.
También eliminará los subsidios al transporte público en la CABA, afectando a los tres millones de trabajadores del conurbano que ingresan diariamente a la ciudad.
El tarifazo es la esencia del acuerdo con el FMI.
Es el primer paso para dolarizarlas.
El acuerdo fondomonetarista también significa devaluación.
¿Cómo respondemos?
Este martes 8, miles de trabajadores y luchadores marcharon en todo el país, para rechazar el acuerdo con el FMI.
Es necesario llevar esta inquietud a los barrios y a los lugares de trabajo.
Organicemos la deliberación en los sindicatos; en las asambleas de desocupados, en los colegios. Necesitamos un congreso de trabajadores.
Debemos preparar una lucha decisiva, una huelga general, que abra una perspectiva política de la clase obrera.
Una huelga de masas y política, porque pondrá de manifiesto la incapacidad de los capitalistas, sus partidos y su Estado para lidiar con la bancarrota nacional.
