Universidad: los rectores y el gobierno empujan a una presencialidad sin condiciones

Desde fines del año pasado, el gobierno nacional y los Rectores establecieron el retorno a las clases presenciales en el conjunto de las Universidades del país para el ciclo lectivo 2022. El Ministro de Educación, Jaime Perczyk, se ha jactado en los últimos días de ser un “militante de la presencialidad plena” (Perfil, 12/2), que pretende imponer a como dé lugar en todos los niveles educativos.

Sin embargo, a pocas semanas del inicio de clases y cuando ya han comenzado a desarrollarse las mesas de finales, una cosa ha quedado clara: en estos dos años de pandemia, las gestiones universitarias no han hecho absolutamente nada para garantizar las condiciones de un retorno presencial que no sea un impulso a la epidemia. Porque es evidente que con las aulas y pasillos hacinados, el traslado general en transporte público, los cursos masivos sin desdoblar, las Facultades se convertirán en un foco de circulación del virus. El ingente “ahorro” que las gestiones tuvieron al mantener las sedes cerradas y descargar los costos de la virtualidad sobre docentes y estudiantes no se ha traducido en inversiones para mejorar la situación edilicia y sanitaria de las unidades académicas, la contratación de más docentes, ni el salario para los miles que trabajan gratis. Lejos del aumento presupuestario imprescindible, el gobierno lo ha recortado en sintonía con el ajuste exigido por el FMI.

En las declaraciones públicas realizadas por algunos Rectores, se evidencia que pretenden avanzar en la presencialidad sobre la base de desmantelar todos los protocolos. Las únicas medidas esgrimidas hasta el momento han sido el uso de barbijo y la sugerencia de la vacunación. No se ha hecho ninguna precisión sobre protocolos de distanciamiento, ventilación cruzada, disponibilidad de sanitizantes, burbujas, aislamiento de cursos por contagios y contactos estrechos, qué hacer con las personas con factores de riesgo... Como dice el refrán, “el que calla, otorga”. El silencio de las autoridades delata que, como está ocurriendo en las escuelas, la vuelta a las aulas se realizará a costa de la salud y la vida de trabajadores y estudiantes. La pasividad en que se encuentran las Federaciones de docentes universitarios allana ese camino.

La presencialidad que impulsan el gobierno y las gestiones no está motivada por preocupaciones pedagógicas, académicas o por la vida política universitaria; se inscribe en la línea aperturista del capital, que busca hacer de cuenta que la pandemia terminó para eliminar cualquier “costo covid” y todo protocolo, en detrimento de las condiciones laborales y de salud de los trabajadores. Frente a este escenario, al que se agrega un fenomenal retroceso salarial, es apremiante que la docencia delibere en asambleas y se organice por sus reclamos. El Estado y cada Universidad deben garantizar las condiciones para un regreso que no ponga en riesgo la salud de los trabajadores y estudiantes universitarios.

Desde la Agrupación Naranja-Tendencia planteamos:

• Acondicionamiento edilicio que garantice ventilación cruzada, distanciamiento, sanitizantes
• Nombramientos docentes para desdoblar cursos masivos
• Vacunación de la población universitaria
• Aislamiento de personas por contacto estrecho y de cursos donde se registren contagios
• Régimen especial para docentes con factores de riesgo. Posibilidad de clases virtuales
• Derecho a suspender la presencialidad si las condiciones sanitarias y edilicias lo ameritan
• Comisiones de docentes, no docentes y estudiantes para fiscalizar el cumplimiento de los protocolos
• Aumento salarial ajustado por inflación. Salario ya para los ad honorem
• Abajo el pacto con el FMI. No al pago de la deuda. Aumento del presupuesto educativo