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La CGT emitió un comunicado en el que informa que "ha planteado con fuerza los inconvenientes que arrastra la designación del Covid 19 como ´enfermedad no listada´". Además, agregó que “se acordó con todos los actores un régimen más ágil y eficiente para el reconocimiento de esta enfermedad como profesional", algo de lo que se cuida de dar certezas.
Al finalizar el año 2021, el Gobierno dejó caer el decreto que declaraba al Covid una enfermedad presuntivamente laboral, por lo que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo dejaron de hacerse cargo de la atención de los enfermos, que pasaban a la órbita de las Obras Sociales. El Covid 19 paso a ser entonces considerado como una "enfermedad no listada", por lo que, si el trabajador o su familia pretende percibir un resarcimiento, debe hacerlo por la vía judicial. Esta modificación de la norma vigente desde marzo de 2020 a diciembre de 2021, apunta a un ahorro multimillonario de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en lo que concierne a la atención de los enfermos, en primer lugar, pero sobre todo a la hora de esquivar los costos indemnizatorios de los miles de fallecidos.
De la mano de esta medida, el gobierno también eliminó del protocolo el aislamiento de los contactos estrechos y el hisopado de los menores de 65 años que presenten síntomas. De este modo, deja a los trabajadores con un diagnóstico presunto de Covid que no será reconocido ni por las empresas a la hora de liquidar el sueldo, mucho menos por las ARTs (el trabajador no solo tendría que demostrar que se contagió el Covid en el trabajo, sino además demostrar que tuvo Covid sin que le hagan PCR).
La decisión del gobierno de modificar protocolos y la consideración del Covid como enfermedad profesional despertaron una cantidad de reacciones en el movimiento obrero: entre las más importantes el paro de la Unión Ferroviaria de Haedo y la movilización de los Camioneros contra el descuento de los salarios por aislamiento de contactos estrechos.
La modificación de "enfermedad presuntivamente laboral" a "enfermedad no listada" tiene un efecto importante a la hora de las indemnizaciones por fallecimiento o por las secuelas que pudiera dejarle el virus a los trabajadores, porque se invierte la carga de la prueba: mientras que antes del decreto eran las ARTs las que debían demostrar que el contagio del virus no estaba relacionado con el trabajo, a partir de 2022 quién tiene que demostrar que el contagio es efectivamente laboral es el trabajador.
El comunicado de la CGT no denuncia nada de esto, simplemente celebra que se ha logrado un "sistema de compensación hacia las Obras Sociales sindicales, por parte de las ARTs, que son aquellas que, en la emergencia, y en primera instancia, dan atención a esta enfermedad, y hasta tanto se ratifique en el caso particular del trabajador como enfermedad profesional". La CGT resuelve el problema de caja que la resolución del gobierno pudiera crearle a las Obras Sociales y se baja del reclamo contra la designación del Covid 19 como enfermedad no listada, en perjuicio de cientos de miles de trabajadores.
La agachada criminal de la CGT tiene la virtud de ser clarificadora: la lucha por la salud obrera, la defensa de los protocolos, del aislamiento de los estrechos y del reconocimiento del Covid 19 como enfermedad laboral está enteramente en manos del activismo de cada fábrica, de los cuerpos de delegados independientes y de las seccionales y sindicatos antiburocráticos.
