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Para juntar los votos que permitan aprobar el acuerdo con el FMI en el Congreso el gobierno ha definido una sinuosa “línea de trabajo”: la norma que se va a colocar a votación ocultará el alcance real del acuerdo fondomonetarista.
A despecho de esta operación política, los diarios comienzan a revelar las consecuencias explosivas del acuerdo en marcha. En Clarín de este domingo 20, el periodista Eduardo Paladini pone de manifiesto que la reducción de subsidios no se limitará al porcentaje de aumento ´segmentado´ de las tarifas de la energía. El choque entre el aparato cristinista de la secretaría correspondiente y el ministro Guzmán se deberá saldar con la expulsión de los primeros del gabinete. En la mira del ajuste están además, o por sobre todo, los gastos sociales, como la Tarjeta Alimentar o los planes Potenciar Trabajo.
El gobierno subrayó que no se ampliará el cupo de estos planes. El Potenciar Trabajo se convertirá en un escenario de reclutamiento de mano de obra ultra barata para la industria privada. Se acaba de conocer una masiva contratación de trabajadores que reciben 16 mil pesos al mes, en Gastronomía. Las patronales del olivo se han quejado en forma abierta de falta de fuerza de trabajo para la cosecha. La construcción perfila como la mayor beneficiaria. Todo esto, claro está, en la medida de que continúe “la recuperación económica”. Zabaleta, Navarro y Grabois insisten en que esto es “trabajo genuino”. Guzmán promete también mantener congelados los subsidios alimentarios, la asistencia a comedores y el monto de los planes, sin advertir que esto representa un gran ajuste, ante una carestía del 60% anual para 2022. El gobierno dice que 5.000 beneficiarios dejan el plan cada mes, porque “encuentran trabajo”. Como el gobierno no repone esos planes con nuevos beneficiarios, eso significa una baja de 60.000 planes en el año. Además, y si ese fuera el ritmo de incorporación al mercado de trabajo, el “empalme” demandaría 20 años en ocupar al conjunto de la población que hoy recibe planes. La “integración al trabajo”, por lo tanto, es un fraude. Lo único palpable es la intención de recortar la asistencia a las asambleas de desocupados, un gran factor movilizador contra la política fondomonetarista.
En otro orden, la promesa de “no crear nuevos impuestos” es una falacia, porque aumentará la recaudación de los actuales. Según el mismo diario, se estudia un revalúo inmobiliario, con dos propósitos. Uno, ampliar el universo de los que pagarán el impuesto a los bienes personales. Dos, reforzar la recaudación de los distritos, que perciben el impuesto inmobiliario. El revalúo es un bocado de cardenal para los Larreta o Schiaretti, para compensar, claro está, el retiro de otros subsidios nacionales.
Pero el corazón del zarpazo oficial -y de la crisis política que puede desatar- está en el tarifazo. En las audiencias públicas por los aumentos en la luz y el gas, se barajaron aumentos del orden del 20% en el primer caso, y del 35% en el segundo. Estas subas limitadas están lejos de significar un recorte sensible de subsidios, y no toman en cuenta otro factor explosivo: el encarecimiento brutal de los hidrocarburos en el mercado mundial, acicateado, entre otras razones, por la tensión política y militar en Ucrania y en toda Europa. Argentina debe importar gas natural licuado, una factura que se duplicó en 2021 y que podría cuadruplicarse en el curso de este año. Todo lo que el gobierno pretende ahorrarse en subsidios debería erogarlo en estas compras de gas, las cuales, además, deben pagarse con divisas. El “modelo” Vaca Muerta no ha servido para reemplazar estas importaciones: aunque el gas fluye de los pozos -y las divisas de las petroleras se radican fuera del país- Argentina carece de los gasoductos necesarios para transportar el fluido.
Bajo estas condiciones, el programa de tarifazos debería ser muy diferente a la versión edulcorada del gobierno: “Para bajar subsidios de una manera significativa -le revelan funcionarios “no identificados” a Clarín- hay que aplicar aumentos de más de 100% y no sólo a los clientes de la segmentación, sino también a la clase media y hasta parte de la tarifa social” (20/2). En cuestión de semanas, hemos pasado del tarifazo “de los countries al “tarifazo para todos y todas”.
La sola revelación de estos datos da cuenta de la guerra de camarillas en el gobierno, que deberá desembocar en nuevos episodios de crisis política. Para hacer progresar el tarifazo “de verdad”, Guzmán y Fernández deberán llevarle al FMI la cabeza de los camporistas de la Secretaría de Energía, o bien conseguir su capitulación final - después de todo, “billetera mata galán”.
El Congreso no será el único lugar donde se ventile todo este paquete explosivo. La deliberación está empezando a ganar lugar en las organizaciones obreras. La generalización del ajuste es la señal de largada de una respuesta también general, que necesita de un programa y de un plan de acción debatido en un congreso de trabajadores.
