"Seguridad" en Santa Fe: complicidad de los partidos patronales con el poder narco policial

La provincia de Santa Fe asiste en estos últimos días a Una situación extremadamente delicada. Luego de 3 meses de iniciada la Gestión de Omar Perotti en la gobernación de la provincia, el número de homicidios asciende a más de 50 personas. La vinculación de una parte sustancial de ellos con los ajustes de cuentas relacionadas con el negociado narco deja entrever que el entrelazamiento entre las cúpulas policiales, el crimen organizado y el estado se mantiene intacto a pesar del cambio de gobierno.

La “transición” desordenada

La semana pasada, en la capital, se desenvolvió una autoconvocatoria con el lema “Santa Fe sangra. ¿Esperas que te maten o te unís al reclamo?, por vos, por los tuyos, por mí”. Esta manifestación se suma a otras autoconvocatorias en diferentes puntos de la provincia, que tuvieron Una participación masiva. Estas manifestaciones, con una impronta fuertemente heterogénea en tanto a que hacer ante la inseguridad, han tocado las fibras del nuevo gobierno. La crisis económica, la desocupación record en la ciudad de Rosario (solo comparada con la ciudad de Mar del Plata), la carestía de vida ha generado un proceso que acentúo la proliferación de villas miseria que son el caldo de cultivo para la instalación de los famosos “Bunkers” donde el narcotráfico monta sus redes operativas.

Las declaraciones del ministro de Seguridad, Marcelo Saín, en un programa porteño -“Vine a descansar a Buenos Aires porque si me quedo allá me cagan a tiros”- pinta de pies a cabeza la situación de la provincia. A pesar de las grandilocuentes declaraciones del ministro prometiendo el descabezamiento de los mandos policiales corrompidos y el fin de la violencia narco, estos últimos siguen operando con una parte de sus cabecillas presos.

Las detenciones de agentes de la delegación local de la Policía Federal por regentear la organización de una red de robos y corrupción están lejos de representar solo a “un sector” de las fuerzas policiales. Es una institución que está comprometida por entero en la defensa de los negociados multimillonarios que la involucran en la entrada y salida de droga por los puertos privados del Paraná.

La detención del ex-jefe de la Policía de la Provincia Hugo Tognoli por su vinculación con el narcotráfico fue solo un episodio de la larga película que refleja la complicidad entre funcionarios (esto incluye, indudablemente, al Frente Progresista, anterior gobierno de la Provincia) la policía y las bandas narco criminales.

Impunidad

Empalmando en el tiempo con las manifestaciones y autoconvocatorias contra la inseguridad, en la provincia de Santa Fe han saltado rápidamente casos de gatillo fácil que involucran a la policía y a las fuerzas federales.

El reciente asesinato del joven metalúrgico de 23 años Carlos Orellano, supuestamente arrojado al río por patovicas de un boliche con complicidad policial, se suma a los casos de “Pichón” Escobar, Franco Casco y decenas de hechos donde se repite el modus operandi de asesinato y posterior encubrimiento. La movilización masiva convocada por los familiares de “Bocacha” Orellano es un botón de muestra de la fuerte reacción de la juventud contra la impunidad.

Las declaraciones de Alberto Fernández de crear nuevas dependencias judiciales en la provincia para combatir el narcotráfico con una dependencia especial en San Lorenzo, deja de lado la complicidad del aparato judicial con el narco lavado y solo responde a la necesidad de tratar de encarrilar a las corporaciones y elementos rebeldes de la policía provincial.

El régimen que sostiene el negociado narco está fuertemente ligado al negociado de los puertos privados, a cientos de hectáreas que funcionan como aterrizaje de cargamentos de droga y a los meganegociados inmobiliarios para el lavado del dinero, algo que Alberto Fernández ni Perotti están dispuestos a alterar.

Una salida desde los trabajadores

La ley de Emergencia en Seguridad de Perotti tiene la insignia de la “mano dura” para solucionar el problema de la inseguridad. La posibilidad de que los policías lleven balas en la recámara es un llamado de atención para todo el movimiento popular (Se repite el esquema de Patricia Bullrich) En un marco de acentuación de los choques con el gobierno por parte de sectores importantes del movimiento obrero como los docentes y estatales, esas balas se pueden redirigir contra la protesta social.

El régimen narcosojero que es el garante del crimen organizado y la proliferación del negociado de la droga en los barrios, que destruye a la juventud y la empuja a la salida laboral de “soldadito narco” debe ser removido por los trabajadores mediante la movilización popular. La nacionalización de los puertos, el control de las fuerzas de seguridad y las comisarías por parte de las organizaciones vecinales y de derechos humanos y el fin de la impunidad para los responsables del gatillo fácil solo serán impuestos por la acción de las grandes mayorías populares y un gobierno propio.