Tiempo de lectura: 2 minutos
Sobre 20 millones de personas que componen la llamada “población económicamente activa”, sólo 12 millones realizan aportes. Los pagos de beneficios (jubilaciones y otros) suman 8,3 millones de personas, pero solo 3 millones de trabajadores lograron jubilarse con los 30 años de aportes. Es decir que 5 millones de jubilados han logrado acceder al retiro laboral mediante moratorias, pensiones no contributivas o la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) que representa entre un 70 y un 80% de la jubilación mínima.
La ampliación de la “base” jubilatoria se ha orquestado bajo un régimen de excepciones, ahora bajo la apelación a “un régimen sostenible a largo plazo” pretende convertir de una vez para siempre a la jubilación en una asignación asistencial a la vejez.
El macrismo en 2017, a instancias del FMI, había hecho votar en el Congreso su reforma previsional. La Justicia declaró inconstitucional esa reforma, pero en los dos años de aplicación de la misma los jubilados perdieron el 20% de su poder adquisitivo. Los Fernández, han realizado una operación similar mediante decretos - también declarados inconstitucionales - bajo la pandemia, lo que llevó a una pérdida del 8,7% “de por vida”. Ahora la justicia ha instado a la ANSES que abone la diferencia generada entre lo otorgado y lo que debería haber dado la fórmula suspendida. Al tratarse de fallos de segunda o primera instancia falta el pronunciamiento de la Corte Suprema, en principio tanto la reforma macrista como los decretos albertistas son rechazados por diversas cámaras.
La liquidación fenomenal de las jubilaciones ha tenido como correlato un saqueo fenomenal de las cajas de la ANSES mediante la colocación de bonos del tesoro y de deuda en pesos, lo que licuó los aportes de los jubilados. Las diversas reformas han tenido como finalidad dar rienda suelta a esta política en aras de contar con los recursos para el pago de la deuda externa.
El gobierno asegura que el FMI no ha puesto en el acuerdo ningún punto que atañe al sistema previsional. Esto en referencia a la nueva ley de moratoria que prepara el gobierno, la cual daría un acceso a 300 mil personas por años a las jubilaciones, aunque comenzarán a cobrar el 100% de su jubilación luego de 60 meses.
La tutela política del FMI, garantizada por las auditorías trimestrales, marcan el rumbo que debe seguir la política oficial. El piso jubilatorio se encuentra ya en el subsuelo, el FMI partidario de las asignaciones universales no pondrá oposición a que este siga devaluando aún más. Es lo que sucederá con los tarifazos y la indexación del dólar, es decir, una devaluación fenomenal del peso.
