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En el marco de la jornada del frente piquete del 3 de marzo, se produjo una feroz represión por parte de la policía sobre los manifestantes, que concluyó con más de una decena de detenidos y muchos heridos. El epicentro de la represión fue en el acceso a la ciudad de San Pedro de Jujuy, pero también hubo represión en Perico y La Quiaca, lo que demuestra que hubo una decisión política para reprimir la manifestación y no un caso aislado. La policía detuvo a manifestantes y también a transeúntes que se encontraban en el lugar. Ya hay denuncias de apremios ilegales, torturas y vejaciones por parte de las fuerzas policiales a los detenidos.
La represión se produce en media de una seguidilla de acciones callejeras que venimos sosteniendo las diferentes organizaciones sociales ante el incumplimiento del gobierno de reconocimiento de merenderos y comedores que sostenemos las organizaciones sociales a lo largo y ancho de la provincia.
El gobierno mantiene detenidos a siete compañeros. Pretende armarles causas penales por supuestas agresiones a la policía. Entre estos siete compañeros se encuentra una compañera con un embarazo de 8 meses. El responsable de la represión y la violencia es el mismo gobierno que viene sistemáticamente negando alimentos a los comedores populares, en una provincia con índices de pobreza astronómicos.
Política represiva
Esta no es la primera vez que el gobierno sale a perseguir a los luchadores. Tenemos los casos de la detención de estudiantes de la facultad de Ágrafas por parte de la policía provincial; la represión del piquete de los obreros de Ledesma en lucha por aumento salarial; la brutal represión y persecución a los obreros de La Esperanza, que se manifestaron contra la perdida de sus puestos de trabajo y el desguace del ingenio para venderlo a precio de remate; la detención artera del dirigente del SEOM Santiago Seyllant; las causas abiertas a organizaciones sociales políticas y sindicales, incluido a dos diputados provinciales en ocasión de la apertura de sesiones legislativas en 2018; entre otros atropellos. En la actualidad, todos los referentes o responsables de organizaciones sociales no afines al gobierno tenemos por lo menos una causa contravencional encima.
El gobierno pretende mostrar “autoridad y la gobernabilidad”. Morales, frente a las contradicciones explosivas del acuerdo con el FMI, pretende presentarse como el ´restaurador del orden´, con vistas a su candidatura presidencial en 2023. Esta represión se produce en el marco de paros de 48 y 24 horas de los gremios docentes, estatales y municipales frente al rechazo de la paritaria del 19% ofrecida por el gobierno provincial para la primera mitad del año.
El tiro le ha salido por la culata porque luego de la represión se han manifestado y solidarizado muchísimas organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos. Desde Política Obrera y el Polo Obrero Tendencia rechazamos esta agresión y hacemos responsable al gobierno de Morales por no dar respuesta a los reclamos de las organizaciones de desocupados. Exigimos la libertad de los detenidos y el cierre de todas las causas contra los luchadores.
Este lunes 7 vamos a gran movilización popular en la provincia exigiendo la inmediata liberación de todos los compañeros detenidos, por la anulación de las causas que le están armando, por el desprocesamiento de todos los luchadores y por el reconocimiento de todos los merenderos y comedores de la provincia.
