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En vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en Salta ocurrió un nuevo femicidio. Este sábado 5 de marzo, Florencia Isabel Torres, de 14 años, fue apuñalada. La adolescente pertenecía a la comunidad wichi de Pichanal, departamento Orán, y fue encontrada a la vera de la ruta provincial 5, cercana a esa localidad. Florencia se encontraba con un joven de su comunidad cuando se acercó otro hombre con quien habría tenido una relación, el detenido por la muerte de la adolescente.
En la provincia ya se registran 3 femicidios en lo que va del año. La primera víctima fue Pamela Julia Flores, de 12 años, asesinada el 15 de enero; la niña también pertenecía a la comunidad wichi de Pluma de Pato, del departamento Rivadavia. Por su crimen está detenido un joven de 17 años, quien fuera su novio. El 1 de marzo en la ciudad de La Merced, Yésica Villagra, de 30 años, era asesinada por su pareja, quien luego se suicidó. La pareja tenía tres hijos menores que eran sostenidos únicamente por el femicida, un trabajador rural. La Casa del Encuentro registró el año pasado que alrededor de 300 niños quedaron huérfanos de madre por femicidios. La miseria social producto de la orientación política del régimen que gobierna es inseparable de la violencia hacia la mujer y las infancias. No es menor que las tres víctimas pertenecieran a los sectores más explotados y oprimidos por el capital.
El gobernador Sáenz anunció, en la asamblea legislativa, la creación de la secretaría de la mujer, género y diversidad, lo que fue festejado por el Observatorio de Violencia contra Mujeres (OVcM) lavándole la cara al Estado de su responsabilidad por los femicidios cometidos en un cuadro de degradación social fenomenal. Ante el femicidio de la primera adolescente wichí, el gobierno envió a sus alcahuetes de Asuntos Indígenas para otorgar asesoramiento jurídico y de contención a la familia. Para la foto. En los últimos meses, las comunidades han peregrinado decenas de veces a la capital salteña para exigir obras públicas en las comunidades tales como alumbrado, caminos, transporte, hospitales, etc., para proteger a sus integrantes. La semana pasada anunciaron que van a volver esta semana a la casa de gobierno por el mismo reclamo y a su vez mantendrán cortes de rutas.
La Merced y el valle de Lerma son escenarios frecuentes de femicidios. El año pasado, Laura Rodríguez fue asesinada por su expareja, Darío López, en una finca donde trabajaba él. López debía darle alimentos para los hijos en común, en cambio ella recibió la muerte. La mayoría de los trabajadores rurales trabajan en fincas como caseros, cuidadores, peones, etc., educados por sus propios patrones de estancia a someter y “disciplinar” a su familia y a su compañera. Es la ley de la oligarquía salteña para explotar a las familias obreras rurales, que abusa de los niños y mujeres. Es la misma oligarquía terrateniente que presiona para que el acuerdo entre el gobierno nacional y el FMI se cierre en favor del capital extranjero que financia la peor de las barbaries, la guerra. Este es el trasfondo de una escuela de sometimiento hacia las familias trabajadoras y en particular a la mujer trabajadora. Laura y Yésica no tenían adónde escapar ni cómo sostener a sus hijos, lo que las llevó a continuar dependiendo de sus agresores hasta la muerte. Es la historia de millones de mujeres que se encuentran es riesgo de femicidio por parte de su agresor y del Estado.
Este 8 de marzo, colmemos las calles para exigir justicia por las Pamela, Yésica, Florencia y todas las víctimas de femicidios y por la organización socialista de la mujer trabajadora. El Estado es responsable.
