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Lejos de ser una efeméride, el 24 de Marzo plantea un desafío a la clase obrera en la lucha por darle fin a un régimen de impunidad, hambre y represión. Este jueves, en Salta, saldremos a las calles para continuar la pelea contra la política represiva que prepara el gobierno de Sáenz con su ministro de seguridad, Abel Cornejo, como salida a la profunda crisis que se acelera luego del pacto con el FMI.
La asunción del nuevo Ministro de Seguridad de Gustavo Sáenz es el intento por preparar un cuadro mayor de ajuste contra los trabajadores. En Salta, la desocupación ya supera el 50%, la desnutrición infantil arrasa en la provincia con muertes de niños wichi, en particular, la precarización laboral también iguala el porcentaje de desocupados y la inflación y los tarifazos licuan los salarios magros. Con este cuadro, la descomposición social se acentúa. La respuesta del gobernador ante la crisis humanitaria y alimenticia es el reforzamiento de las fuerzas represivas. El Ministro de Seguridad de la provincia declaró que en Salta “el narcotráfico, la trata y el contrabando de cereales tuvieron un crecimiento exponencial” (El Tribuno, 12/3) y que para avanzar en resolver esto es necesario un “pacto federal de seguridad”. Consultado por los cortes de ruta por reclamos de trabajadores desocupados y de comunidades originarias en el norte de la provincia, Abel Cornejo propuso una “mesa para trabajar en este tipo de medidas extremas”. Asistimos a una declaración de guerra del gobierno provincial contra los crecientes reclamos de trabajadores ocupados, desocupados y los originarios por el avance de la hambruna y la degradación de las condiciones de vida.
En la misma línea del gobierno y su ministro estrella, los diputados del bloque oficialista piden a gritos un presupuesto para “reforzar la seguridad”. El propio diputado saencista, Adrián Valenzuela, declaró que, en Salta, durante el 2021, hubo 98 cortes de calles, el 75% en Capital, 388 cortes de ruta con el 65% en San Martín y Orán, 1900 manifestaciones y que para “cuidarnos” solo hay 7.000 efectivos (Nuevo Diario, 16/3/2022). Cornejo dice que la red de trata y el narcotráfico aumentó y pide reforzar las fronteras con gendarmería. El ministro llevaría a las propias fuerzas responsables de habilitar el negociado por excelencia para la caja negra con las aduanas paralelas que, incluso, ellos mismos se roban, como ocurrió en el escuadrón de Orán con el robo de 7 millones de pesos entre otros objetos de valor. Cornejo dice estar preocupado por el crecimiento del microtráfico en las barriadas, mientras las toneladas de estupefacientes circulan las fronteras por tierra y aire como caramelos. Las cárceles colapsan para sostener el pago de culpas por parte de perejiles presos, un negociado entre el gobierno nacional y provincial.
El plan del gobierno “Barrios Seguros” coloca a la policía a regimentar la vida diaria de los barrios con la excusa de la seguridad. Cornejo mantiene reuniones con vecinos en cada reclamo de estos para desbaratar cualquier intento de medida de lucha. Mientras tanto, en el 2021, hubo más de mil denuncias a policías por “abuso de autoridad”, según la fiscalía de Derechos Humanos. Actualmente, el 13% de la policía provincial está denunciada por violencia de género, esta es la policía que el gobierno de Sáenz coloca en las 750 consignas policiales que existen en la actualidad.
La lucha contra la impunidad de ayer y hoy necesita un Congreso de Trabajadores, plenarios en las barriadas, lugares de estudio y de trabajo para enfrentar la política de hambre que acentúa el gobierno y la represión que preparaa fin de imponer las exigencias del FMI. Retomemos la organización de familiares que luchan contra el gatillo fácil y todo tipo de
violencia hacia la mujer y la impunidad en la provincia.
