Caso Paola Tacacho: la legislatura y la impunidad de los fiscales responsables del femicidio

Paola Tacacho fue brutalmente asesinada el 30 de octubre de 2020. Su femicida, Mauricio Paredes Parejas -hermano del empresario-, la hostigó durante 5 años. Durante todo ese tiempo, Paola hizo 24 denuncias, 15 en el fuero penal. En la mayoría de ellas, los fiscales no investigaron y las archivaron. Sólo una llegó a elevación a juicio y el juez Pisa decidió sobreseer a Paredas Pareja. Finalmente Pisa fue destituido el año pasado luego de una intensa lucha.

Pero los fiscales también garantizaron la impunidad del femicida. Por eso la familia de Paola impulsó 5 presentaciones de pedido de juicio político contra los fiscales Mariana Rivadeneira, Adriana Reinoso Cuello, Carlos Bonari, Ignacio López Bustos y Diego López Ávila. Las dos primeras tuvieron 3 causas cada una, en ninguna tomaron algún tipo de medida. Claramente actuaba el hermano del femicida, el empresario socio del gobierno, Ronald Parada Parejas.

En la lucha por justicia, primero se apuntó contra el juez Pisa en tanto este tuvo a su cargo la única causa que había llegado a elevación a juicio. Se presentaron ocho pedidos de juicio político y la comisión de la legislatura a cargo de los jury de enjuiciamiento tuvo que correrle traslado frente a la presión popular. Manzur, antes de asumir como jefe de gabinete, operó para salvar al juez amigo del poder, firmándole la renuncia condicionada a jubilación de privilegio. De esa manera evitó que el proceso avance. Sin embargo, Pisa no pudo jubilarse por problemas administrativos con el ANSES y, en el marco de la interna del gobierno, nuevos pedidos de juicio político prosperaron.

Luego de una fuerte campaña por parte de la familia de Paola y un conjunto de organizaciones de mujeres, sociales y políticas, la legislatura y el jurado de enjuiciamiento que se conformó no pudieron dar marcha atrás y tuvieron que destituir a Pisa. Se lo declaró responsable del incumplimiento de los deberes a su cargo por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva; falta de cumplimiento de los deberes a su cargo por no observar las condiciones de vulnerabilidad de Tacacho, y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo al no abordar con perspectiva de género el tratamiento de la causa.

Estas causales se repiten en la actuación de los fiscales denunciados y, sin embargo, la comisión de juicio político resolvió esta semana archivar los pedidos. Claramente hay un pacto para no permitir que el cuestionamiento generalizado y el repudio popular, por la actuación del poder judicial en numerosas causas, se los lleve puestos a todos. Cierran filas para preservar el régimen de impunidad y proteger la gobernabilidad, en tanto también hay en curso procesos judiciales contra integrantes del poder político, como el ex senador Alperovich (por abuso), el vocal de la corte Estofán (por acoso), el legislador Bussi (por abuso), y avanza la investigación contra Sergio Kaleñuk, hijo de un ex funcionario y empleado legislativo por el caso de Paulina Lebbos.

Los familiares de Paola están dispuestos a avanzar contra todos los responsables, así que este intento de desmoralizarlos provoca el efecto contrario. Están preparando una respuesta para abrirse camino en la lucha por justicia por Paola, pero también para coordinar los distintos reclamos. Hay que reunir más fuerzas reforzando la organización independiente del Estado de los familiares y el movimiento de mujeres, y dar la batalla para desmantelar el régimen de impunidad y femicida de la provincia y a nivel nacional.