Piñera en "estado de catástrofe"

Cuando todo el mundo esperaba las medidas económicas y sanitarias que anunciaría en su conferencia de prensa del miércoles, Piñera decretó el “estado de catástrofe”. La medida saca a la calle de las Fuerzas Armadas por 90 días. La explicación de que se quiere cuidar los hospitales y la cadena logística la hace más intimidatoria.

Mucho antes de la llegada del coronavirus, la crisis sanitaria en Chile ya era un escándalo. En el primer gobierno de Piñera, los fondos del Estado destinados a salud pública fueron cerca del 4%. El ministro de salud del momento, Jaime Mañalich, destinó sistemáticamente parte de ese presupuesto a la “venta de servicios”, por parte del sistema privado. Fue lo que ocurrió con la Clínica Las Condes, de la que Piñera era empresario y gerente. Antes de finalizar ese primer gobierno, Piñera y Mañalich eliminaron los registros hospitalarios de las listas de espera de pacientes que aguardaban para recibir atención especializada e intervención quirúrgica en los hospitales públicos.

Con el posterior gobierno de Bachelet, las listas de esperas de los hospitales públicos aumentaron a dos millones de pacientes. Ahora, en este segundo gobierno de Piñera y sólo en su primer semestre de mandato, murieron 9.700 chilenos en las mismas mortuorias listas de esperas. De ahí que entre los reclamos más sentidos desde la rebelión de octubre esté el fin de la salud privada y el establecimiento de un único sistema de salud público, gratuito y con prioridad entre los presupuestos del Estado.

Ahora, con la pandemia desatada, el colapso y la miseria no sólo golpea al sistema de salud, sino que también lo está haciendo en otras dependencias del Estado como las cárceles. El pasado jueves 19 se registró en la cárcel de Santiago N°1 un motín con plan de fuga con más de 200 reos que reclamaban no haber recibido aún ninguna prevención ni asistencia sanitaria contra el coronavirus, además de las condiciones de insalubridad generales en las que viven por el hacinamiento y el hambre. El amotinamiento incluyó la participación de los presos políticos encarcelados desde octubre por Piñera, quienes exigen su libertad. Queda de manifiesto que no será fácil impedir una rebelión popular, aún bajo el “estado de catástrofe”, o precisamente por eso.

Por otro lado, la crisis económica se agudiza semana a semana. Una nueva disparada del dólar se combinó el miércoles pasado con un desplome de la bolsa. La cotización del cobre cayó un 6% y la situación económica se agravará con la caída del turismo y del comercio. Las grandes y medianas empresas, que esperaban oír en la conferencia de prensa de Piñera medidas de subsidio, se quedaron con las ganas. Como Trump y el inglés Johnson, Piñera sostiene que la defensa del mercado debe ser más firme en tiempos de cólera – de otro modo quedará abierto el camino ‘al socialismo’ y, sobre todo, a un reforzamiento de la clase obrera. A lo mejor cree que el coronavirus tiene poder de matar a la Asamblea Constituyente, como se lo reclama el ala derecha de la derecha.

Piñera ha defraudado, por supuesto, a los trabajadores que hubieran tenido ilusión en oír medidas relacionadas al trabajo y al salario. La política criminal del gobierno encuentra una respuesta entre la clase obrera, como lo demuestran las protestas de los trabajadores en los shoppings, frente a la falta de medidas del gobierno para ordenar su cierre. Las protestas abrieron una crisis entre los alcaldes de La Florida y Providencia, de un lado, y el Gobierno nacional, del otro, ante la decisión de los primeros de dictar el cierre de los shoppings. Los trabajadores del Transantiago, asimismo, fuero a la huelga, en reclamo de medidas urgentes para proteger tanto a trabajadores como usuarios.

Aparentemente Piñera tiene la ilusión de que la pandemia pudiera ser la intervención divina que necesitaba para salvar a su gobierno y mejorar su imagen pública, hoy desplomada. Ordenó la prohibición de las conglomeraciones y la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle apenas disimula su objetivo puramente político. La idea de que el plebiscito y la Constituyente eran medidas suficientes para contener la rebelión no convenció a ningún partido. Para evitar los riesgos de que un “urnazo” por el “apruebo” a una Constituyente completamente electa, el gobierno está negociando con la oposición la postergación sin fecha del plebiscito.

Los partidos de oposición que habían acordado la reforma con el gobierno han salido a reclamar inmediatamente su postergación; argumentan que la epidemia disminuiría la participación del electorado. La presencia de los militares en las calles fue decretada por 90 días, pero ya varios medios han advertido que probablemente no volverán a los cuarteles hasta que la rebelión haya sido sofocada. De esta manera, ya sea que el plebiscito se realice en abril o que se postergue, lo más probable es que la población que vaya a votar lo haga en medio de un estado de sitio con los militares controlando todo el proceso político. No hay que descartar, por lo tanto, que la caída del gobierno se produzca al margen del calendario constitucional.

Pero la medida tomada por el gobierno no tardará en revelarse insuficiente e inútil para controlar la situación general, no sólo la pandemia. El derrumbe del consumo, combustible para la crisis, se agudizará toda vez que no se prohíben los despidos ni se garantiza el cobro íntegro de los salarios. Mientras el gobierno continúa con el proyecto de expansión del Aeropuerto de Santiago, que demandará un total de US$900 millones (que fueron en parte financiados con préstamos de diversos bancos extranjeros y nacionales), los gobiernos del mundo deben salir al rescate de las compañías aéreas que caen en picada por el cierre de fronteras. El desplome del transporte aéreo, uno de los más afectados, no es una buena señal para la cancelación de los préstamos para la obra del aeropuerto de Santiago.

Asistimos ante la disolución de las relaciones capitalistas, en el sentido de que sin una fuerza de trabajo disponible no hay acumulación de capital. Esto no puede ser remediado por subsidios o rescates públicos, que sólo servirán para acentuar la crisis de las finanzas estatales. Los Estados salen, a sus expensas y de los trabajadores, al rescate del régimen social que protegen. El coronavirus no ha hecho más que poner de manifiesto la contradicción insoluble que existe entre el régimen capitalista y la salud y la vida de la clase obrera en todo el mundo.

La crisis sanitaria sólo podrá ser resuelta suprimiendo todos los poderes actuales del Estado y que sean reemplazados por una Asambleas Constituyente que tenga el poder de tomar todas las medidas que son necesarias para defender la salud y la vida de la población. La consigna de ¡Fuera Piñera! se ha convertido en condición necesaria para hacer frente al derrumbe económico y sanitario que atraviesa el país.