Tiempo de lectura: 3 minutos
El Tribunal Oral Federal (TOF) número 6 dictó una sentencia de prisión efectiva de 4 años para el exministro de Planificación Julio De Vido, 8 años a Ricardo Jaime, ex secretario de transporte, y de 5 años y 8 meses para el testaferro de este último, Manuel Vázquez. Estas condenas se dieron en el marco de la investigación por la compra de trenes chatarras a España y Portugal entre 2005 y 2010. Los cargos contra los acusados incluyen enriquecimiento ilícito de funcionario público en concurso real con los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en calidad de coautor y cohecho en calidad de autor. Además, ambos fueron inhabilitados de por vida a ejercer cargos públicos. Vázquez, en su rol de testaferro, fue acusado de enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado.
Esta causa había sido iniciada en 2019, y apuntaba directamente contra los funcionarios públicos por provocar “un perjuicio patrimonial irreversible.” (La Nación, 01/04). La investigación reveló un entramado delictivo fenomenal, en el que los funcionarios utilizaron sus cargos en el Estado para otorgar un trato preferencial a consultoras manejadas por diversos testaferros. En total se estima una facturación cercana a los 223 millones de euros (unos 265 millones de dólares) entre 2005 y 2010 tras la firma de diversos contratos entre el Estado argentino y las empresas españolas Sociedad Mercantil Estatal Española Expansión Exterior S.A. (EE), Red Nacional de Ferrocarriles de España (RENFE) y Ferrocarriles Vía Estrecha (FEVE),
La cuestión central es la compra de diversas unidades ferroviarias a España y Portugal, se desconoce el número total, que se presumían eran chatarra antes de su adquisición y jamás fueron utilizadas luego en la red argentina. Al punto que, según datos de la AGN, el 44% de dichas unidades jamás ingresó a un taller para su reparación. A su vez, en 2015, “el 79 por ciento del material adquirido a España y Portugal durante la gestión de Ricardo Jaime a cargo de la Secretaría de Transporte, se encontraba fuera de servicio" (Clarín, 01/04).
Más grave aún es una información revelada por La Nación en 2015 que recuperaba la auditoría realizada por la empresa española Ingeniería de Técnicas Ferroviarias (ITF): en algunos coches, la estructura de sus cajas y techo se encuentran muy oxidadas; también precisan recuperación las ventanas, puertas de acceso e intercomunicación y los fuelles; los sanitarios están en estado de máximo deterioro, al igual que el interiorismo, donde se observan grandes destrozos en cortinas, asientos...". En referencia a 106 vehículos de la red española seleccionados como de interés para su adquisición. A pesar de estas advertencias, se realizó una primera compra “el 7 de diciembre de 2005, por 8,5 millones de euros, que incluía cerca de 20 unidades. (La Nación, 2015)
En 2006 comenzó a operar una empresa intermediaria en representación de la Secretaría de Transporte, Miguel Ángel Llorente Celaya, por Controles y Auditorías Especiales (Cyaes), que en la Argentina funciona bajo la designación Caesa y sería la empresa manejada por Vazquez. Pero presidida en los papeles por un jubilado de 90 años llamado Ignacio Soba Rojo. En total, la empresa Cyaes-Caesa habría facturado más de 2,5 millones de dólares como intermediaria. Anteriormente, esta empresa había embolsado cerca de un millón de dólares por una asociación con Atlantic Aviation Investment (AAI) sobre "las rutas existentes en la Argentina y en el mercado regional, tanto las que están siendo cubiertas por servicios de diferentes compañías, así como aquellas que no tengan servicio actualmente disponible". AAI estaba relacionada con Lan, que entonces pugnaba por entrar al mercado de cabotaje argentino. (ídem)
Esta red de delitos y negociados asociados tanto a las concesiones ferroviarias como a la compra de unidades para esa misma red ha sido puesta al descubierto como consecuencia de las atrocidades cometidas por el propio Estado tras el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra y la Masacre de Once. Los capitalistas vieron en el “Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional'” una jugosa oportunidad para llenar sus bolsillos mediante el saqueo directo y descarado del erario público.
En su última declaración en el juicio De Vido señaló, en su defensa, que "en 2012, al asumir Florencio Randazzo, la política cambió. El nuevo ministro de Transporte tuvo doce veces más presupuesto y la decisión fue comprar trenes en China", para justificar el desfalco provocado y justificarse sobre las unidades chatarras adquiridas. Sin embargo, la denuncia sobre el presupuesto vale como una muestra del manejo que se ha dado a los servicios públicos, con contratos millonarios de subsidios sin el menor mejoramiento del servicio ni siquiera el mantenimiento de los mismos.
Una investigación a fondo por parte de la justicia llevaría a una conclusión general sobre este problema, por esta razón la famosa “causa de los cuadernos” duerme el sueño de los justos, porque llevaría al banco de los acusados a toda la “patria contratista” y al staff político que usufructúa del Estado como modo de vida. Esta radiografía del “sistema” inaugurado por los K, es un botón de muestra de un agotamiento histórico de un régimen y una clase social que sobrevive bajo un carácter criminal contra la vida obrera.
