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Este miércoles 6 de abril, en horas de la tarde, fueron detenidos los referentes del Bloque Piquetero Juan Manuel Chorolque (MTR 12 de abril), Veronica Urzagasti (MAR) y Sebastián Copello (Polo Obrero “oficial”).
La orden de detención, allanamiento y secuestro de celulares y material, la firmó el Juez de Primera Instancia, Rodolfo Miguel Fernandez, del Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
La Justicia justifica las detenciones por un corte de la avenida Savio el pasado 3 de marzo, en el marco de una jornada de lucha nacional del Bloque Piquetero, y por el “acampe” del 30 de marzo. Los cargos que se les imputan son “entorpecimiento del transporte y servicios” (art 194 del C.P.) y “desobediencia a la autoridad” (Art. 239 del C.P.).
Justamente los referentes del Bloque Piquetero tenían que ir a declarar este viernes 8 de abril por el corte de la avenida Salvio.
Con esta decisión, el gobierno de Morales, a través del juez, pretende dejarlos detenidos mientras se sustancie el juicio: un ataque a los derechos y garantías de cualquier ciudadano, mientras se mantenga vigente la presunción de inocencia en el ordenamiento judicial argentino. En este caso, la justicia está adelantando una pena. La decisión de detenerlos es una decisión política, ya que no hay peligro de fuga de los imputados, que iban a comparecer ante la justicia este propio viernes 8, pero estaban convocando a un acto para denunciar esta política de persecución a los luchadores.
La decisión de proceder a realizar detenciones demuestra un claro objetivo de amedrentamiento a todos los luchadores en un cuadro de permanente movilización en la provincia por el agravamiento de las condiciones de vida de las masas, el aumento de la pobreza y la miseria.
Política persecutoria
El gobierno de Morales ha intentado amedrentar y perseguir a cualquier voz disidente, así como las expresiones de luchas y reclamos contra el gobierno en el pasado, abriendo causas a dirigentes sindicales, sociales y políticos.
A medida que avanza la crisis y los reclamos que la propia crisis genera, el gobierno pretende avanzar con esta línea represiva para “despejar la calle”, en un cuadro cada vez más adverso para él mismo. La justicia le ha abierto una causa a prácticamente todos los referentes de las organizaciones sociales que se movilizan en la provincia. Es como intentar tapar el sol con la mano.
En el último mes, la provincia fue noticia nacional frente a la brutal detención de otros siete militantes del Bloque Piquetero mientras realizaban un corte de ruta en la ciudad de San Pedro, el pasado 3 de marzo. Este escándalo nacional por la denuncia de torturas, vejámenes y la extension de todos los plazos por una decisión política, desató una gran campaña de solidaridad y reclamo por la inmediata liberación de los detenidos con una marcha con más de 6 mil compañeros por las calles de Jujuy. Luego del acampe del 30 de marzo, el gobierno anunció fuertes multas para los responsables de las organizaciones del Bloque Piquetero, en una nueva causa contravencional.
Un Gobierno que no da respuesta
El gobierno ha sido incapaz de dar respuesta a ninguna demanda en el último periodo, inclusive las más elementales como el reconocimiento de los comedores y merenderos que las organizaciones sociales sostienen en la provincia.
Las propias autoridades de la provincia han decidido, al igual que el gobierno nacional, desentenderse de los compromisos adquiridos con las organizaciones en el pasado, con el argumento de que con el ajuste producto del acuerdo con el FMI, la provincia recibe menos recursos y por eso ha cortado varios suministros a diferentes organizaciones sociales.
Este ataque del gobierno de Morales pretende sentar un gravísimo precedente: el de la persecución y detención de cualquier persona por reclamar un derecho. Si hoy avanzan con esta causa, mañana podrán hacerlo sobre cualquier otro reclamo.
Una vez más, el gobierno se vale de un reaccionario Código Contravencional armado entre el PJ y los radicales para justificar la persecución de los luchadores.
En un cuadro donde se multiplican los reclamos frente al aumento de la carestía, salarios de miseria y aumento de la pobreza, este ataque busca ser un factor de disciplinamiento de los trabajadores frente a un escenario convulsivo.
Este nuevo ataque de Morales debe ser respondido con un masivo rechazo por parte de todos los trabajadores, ocupados y desocupados, por organismos de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles, etc.
Esta avanzada persecutoria tiene que ser anulada con la organización y la movilización popular, es por eso que llamamos a redoblar los esfuerzos para exigir la inmediata liberación de los detenidos y la anulación de todas las causas abiertas a los luchadores.
