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La epidemia del coronavirus ha empezado a mostrar sus consecuencias en la situación de las universidades del país. Si bien el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había recomendado seguir con las actividades, la disposición duró un suspiro. En la Universidad de Tucumán, en gran parte de la UBA y en la UTN, entre otras, ya se había suspendido; mientras que en Córdoba y en la Universidad de La plata el inicio se había pospuesto por al menos una semana. Hace algunas horas, fue el propio gobierno nacional el que ante la crisis tuvo que ir en contra de sus propios dichos del pasado jueves para aplazar todo.
El coronavirus ha dejado expuesta la frágil situación universitaria nacional. Las facultades no dan abasto y no tienen los recursos para enfrentar la pandemia, a tono con lo que sucede en el país a nivel más en general. Fue sólo a partir del coronavirus que las autoridades dispusieron la colocación de insumos básicos como jabón en los establecimientos educativos. La ausencia de un presupuesto nacional que se traduce en un congelamiento, producto del impasse de la política de Fernández en medio de la negociación con el FMI, agrava el recorte de fondos que las universidades padecen desde hace años.
En este cuadro, ante un empeoramiento sanitario y un aumento de casos de coronavirus, el ministerio de Educación no podría tomar otra resolución que no sea suspender o posponer las clases. Las condiciones de cursada habituales como la falta de agua e insumos para la higiene y el hacinamiento en las aulas aumentan el riesgo de los estudiantes y trabajadores que concurren a las facultades. Si los casos aumentaran como consecuencia del contagio, el sistema de salud pública no está apto para tomarlos. La desidia del sistema educativo tiene su correlato en la imposibilidad de que éste continúe su desarrollo mientras se combate al virus.
La dilación de la suspensión que llevaron a cabo el ministro Trotta y el CIN es un intento de opacar lo máximo posible la crisis de los sistemas de salud y educativos, es decir, del país en su totalidad, que es lo que explicita el aplazamiento de las cursadas. A su vez, un parate en los sectores nodales de la actividad nacional pondría aún más de relieve la necesidad de que el Estado inste a los empresarios privados a frenar la producción para enviar a los trabajadores a sus casas como forma preventiva ante el contagio.
Frente a esta situación, la resolución del problema no puede quedar en manos de Trotta y las autoridades universitarias. Los trabajadores y los estudiantes tenemos que discutir colectivamente y formar comités de seguridad e higiene que resuelvan las medidas necesarias y su presupuesto para enfrentar a la pandemia en cada lugar de estudio. Se deben entregar a estudiantes, docentes y no-docentes kits de pruebas para asegurar el diagnóstico y tratamiento de los afectados. La suspensión de clases no puede ser únicamente para los estudiantes y docentes; todo el personal administrativo debe tener el derecho de no concurrir a las universidades. El aplazamiento de las cursadas no puede afectar al ingreso salarial; el mismo debe ser para todos los trabajadores de la universidad, incluyendo los de planta permanente, los tercerizados, los docentes asalariados y los ad honorem.
Las universidades dedicadas al estudio de ciencias, como Farmacia y Bioquímica, donde los estudiantes realizan investigaciones relacionadas a los medicamentos y vacunas, donde rige la legislación de patentes que impide la sociabilización de los descubrimientos en pos de preservar la actividad comercial, deben plantear la derogación del monopolio de patentes. Las empresas privadas no pueden hacer uso de las universidades y sus estudiantes para usufructuar de la mano de obra gratuita. El gobierno nacional tiene que aumentar el presupuesto para ciencia y técnica a fin de desarrollar los instrumentos necesarios para terminar con la pandemia; todo estudiante involucrado en esta tarea tiene que contar con un salario igual a la canasta familiar. El sistema farmacéutico tiene que nacionalizarse y funcionar bajo control obrero.
Emergencias sanitarias como la actual ponen de manifiesto la situación de la educación universitaria nacional y el rol del gobierno y de las autoridades que condujeron a las mismas hacia un vaciamiento de enormes magnitudes, a acentuarse en virtud de desenvolver un ajuste mayor para tener los recursos para el pago al FMI. En contraposición al pago de la deuda, necesitamos un aumento del presupuesto para todas las facultades, que sólo puede ser logrado por medio del control de los trabajadores y estudiantes sobre la universidad.
