Asambleas en tiempo de pandemia; cómo nos organizamos residentes y concurrentes

Escribe Julián Asiner

Tiempo de lectura: 4 minutos

Desde las jornadas de diciembre, cuando 4.000 residentes y 1.500 concurrentes nos pusimos de pie para rechazar la ley precarizadora del gobierno porteño, en los hospitales y centros de salud se siguieron manteniendo instancias de organización, reuniones y asambleas. Así fue como este año impulsamos distintas acciones de protesta, desde movilizaciones hasta paros, que forzaron a las nuevas autoridades del Ministerio de Salud de CABA a convocarnos para tratar nuestros reclamos (sin dar, por el momento, soluciones). La llegada de la pandemia de Covid-19, combinada con el dengue y un rebrote de sarampión, lejos de disuadir este proceso de organización, lo tornó más vital que nunca.

Quienes estamos en la primera línea del sistema de salud somos quienes percibimos de inmediato las deficiencias de la política oficial. En los hospitales, las medidas preparatorias se fueron tomando a cuentagotas, y muchas veces bajo la presión directa del propio personal de salud. En el hospital Tornú, por ejemplo, una reunión con delegadxs gremiales advirtió al director que, de no realizar un “triage” (método para diferenciar a las personas según su patología) adecuado en los accesos, por cada infectadx que circulara por donde no debía, un médicx, profesional o administrativx podría terminar con cuarentena en su casa. En los centros de salud la situación es aún peor, ya que ni siquiera cuentan con los elementos básicos para hacer ese “triage” correctamente, como barbijos quirúrgicos para Covid-19 o repelentes en caso de dengue.

Esta semana, una asamblea general de residentes y concurrentes, reunida de forma virtual, pasó revista detenidamente a esta situación. Evaluamos con enorme preocupación lo que ocurre con lxs concurrentes, lxs “ad honorem” del sistema de salud. En diciembre, habíamos reclamado el otorgamiento de salario, obra social y ART para lxs 1.500 profesionales que trabajan en esta condición. La decisión del gobierno porteño de ignorar este reclamo obligó a que, frente al coronavirus, lxs compañerxs se organizaran para que les permitieran dejar de asistir a los hospitales y centros de salud. La circulación de estxs profesionales por la Ciudad, de un empleo al otro, era un factor de riesgo para toda la población. Además, si un concurrente llegara a contagiarse, automáticamente debía abandonar su otro trabajo, del cual depende su sustento cotidiano. En ausencia de salario y ART, los hospitales terminaron concediendo que lxs concurrentes dejaran de ir. Así es como el sistema de salud, en lugar de tener más, tiene menos profesionales desde que comenzó la pandemia.

Frente a la necesidad de aumentar las dotaciones, el gobierno recurrió a la extensión de los contratos para residentes del último año y jefes, que debían cesar en sus funciones a fines de mayo. Ahora, les extendieron compulsivamente los contratos hasta septiembre. Al haber terminado su período de formación en las residencias, estxs compañerxs deberían ser contratados bajo las condiciones de un profesional de planta. El gobierno no está dispuesto, sin embargo, a otorgar el incremento salarial que eso supone. Sí les dispuso, en “compensación”, una reducción de la jornada laboral desde el mes de junio. Médicxs que no revisten en las residencias sí podrían ser contratados en estos días bajo las condiciones del convenio, pero en ese caso bajo un régimen de planta transitoria con fecha de finalización al término de la emergencia epidemiológica. La resistencia del gobierno porteño a incrementar las dotaciones permanentes desconoce que los efectores de salud tienen, con suerte, personal para funcionar durante la mañana, dejando tardes y noches al arbitrio de esquemas mínimos de guardias o emergencias. La exigencia de que el personal de salud mayor de 60 años o con hijxs a cargo siga trabajando sin derecho a licencia es una forma de reconocer esta carencia, resolviéndola de la forma más negativa posible, lo que ya generó innumerables reclamos.

El otro gran punto que debatió la asamblea es la necesidad de poner en pie comités de crisis en todos los establecimientos de salud, integrados por representantes de los diferentes servicios, especialidades y sectores. Por disposición del gobierno, estos comités fueron creados pero muchas veces se restringen a personal jerárquico, poco consustanciado con las necesidades o problemáticas que atraviesan cotidianamente los equipos de salud. La apertura de canales para la comunicación permanente y el control efectivo de las condiciones de trabajo por parte de lxs trabajadores es fundamental para evitar un cuadro como el de Italia, donde el número de profesionales de la salud infectadxs se cuenta por miles.

Con estas reivindicaciones en agenda, la asamblea resolvió reclamarle al Ministerio de Salud porteño que sostenga la reunión a la que nos había convocado para el día 30 de marzo, la cual podría realizarse por medios virtuales. Tomando en cuenta las restricciones que exige la pandemia, la semana próxima se realizarán asambleas por hospitales y una nueva asamblea general virtual para volver a evaluar el estado de situación, analizar la respuesta del gobierno y definir los pasos a seguir. En diciembre, con el paro por tiempo indeterminado logramos torcerle el brazo a Rodríguez Larreta (y a sus cómplices legislativos del peronismo). Hoy, sosteniendo nuestra organización y reclamos podemos vencer las trabas que la política oficial nos coloca a la hora de enfrentar el Covid-19.

El ejemplo de organización de residentes y concurrentes puede ser replicado en cada lugar de trabajo y de estudio. Lxs profesionales de la salud necesitamos que esto suceda, ya que no hay forma de que el sistema de salud dé cuenta por sí mismo de la pandemia, si la vida social se orienta hacia otro lado, favoreciendo la circulación del virus. El nuevo gobierno de “unidad nacional” que se formó en estos días carece de una política para lxs trabajadores informales (¡el 40% del total!) o para las personas que viven hacinadas o directamente en la calle. Tampoco para evitar las suspensiones y despidos, que amenazan el sustento de miles de familias. Mientras Fernández apela a las fuerzas represivas y Guzmán elabora propuestas para los bonistas, solo la organización y la intervención masiva de lxs trabajadores en esta crisis es garantía de supervivencia.

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