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Una financiera ilegal, Ríos & Asociados, operaba en la ciudad de Metán y en la capital salteña desde mediados del año pasado. A fines de marzo de este año, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la provincia, Ana Inés Salinas Odorisio, ordenó el allanamiento en las oficinas de la financiera donde se encontraron unos 23 millones de pesos y 60 mil dólares entre otros valores. En la causa están implicadas 21 personas de los cuales 9 son policías de la provincia -dos comisarios, dos oficiales principales, un cabo y cuatro suboficiales- quienes actuaban como captadores. La descomposición policial le abrió una profunda crisis al interior del régimen político que lidera Gustavo Sáenz y que pretende encubrir.
Poliestafadores
A medida que se desarrolla la investigación la crisis se profundiza. De los nueve miembros de la policía, cinco se encuentran detenidos; los otros cuatro están imputados pero en libertad. Ante la sospecha de que existiría una inyección de dinero que podría provenir del narcotráfico o del lavado dinero, Salinas Odorisio dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de evasión fiscal o lavado de activos. También está involucrada la comisaría de Cobranza de Adicionales de donde, posiblemente, provenía el dinero para la “inversión”. Sin embargo, el exdirector de Investigaciones de la Policía, Vicente Cordeyro declaró que habrían alrededor de 500 policías involucrados en las estafas (FM Aries, 7/4).
Asuntos Internos
Las denuncias alcanzan al jefe de policía de la provincia, Miguel Ceballos. El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Abel Cornejo, debió intervenir en defensa de la institución asegurando que “la policía no tiene nada que ver” y, si hay involucrados, es a título personal de un grupo. Cornejo trata de desmarcarse de “las manzanas podridas” colocando la crisis como un hecho aislado mientras que la policía viene de graves denuncias por los casos de gatillo fácil y apremios ilegales en las comisarías, son más de 700 los acusados solo en casos de atropellos policiales. En su desesperación por desprenderse del problema, el jefe de policía determinó el pase a disponibilidad del comisario Juan Ramón Miranda quien había sido nombrado por el Procurador de la provincia, Pedro García Castiella, como Comisionado Coadyuvante delegado del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que actualmente investiga la causa de la financiera trucha. Esta decisión abrió un enfrentamiento entre el procurador Castiella y el ministro Cornejo. Cada uno encubre la supuración en sus quinchos tratando de sobrevivir a la crisis en curso.
Desmantelamiento
Esta crisis con las estafas es parte de la descomposición de las fuerzas de seguridad del gobierno que data de hace tiempo. Como ya mencionamos, desde el 2.019 que los casos de atropellos policiales y gatillo fácil están a la orden del día. Las declaraciones del ministro de Gobierno, Ricardo Villada, de que no existe “una crisis institucional” es la tentativa de suavizar el golpe. El ímpetu de Abel Cornejo con que defiende a la institución policial es el salvataje de la cúpula policial que está vinculada al narcotráfico, redes de trata y de la acción represiva en las barriadas. Ante la quiebra estatal y la crisis del régimen político, el gobierno precisa de las fuerzas de choque para llevar adelante el ajuste contra los trabajadores. Es tarea de la clase obrera discutir el desmantelamiento de la cúpula de las fuerzas y de toda política represiva junto a los gobiernos del capital.
