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El “tractorazo” que llevó adelante una fracción de los capitalistas agropecuarios no tuvo nada de tumultuoso. El desfile por la ciudad constó de exactamente catorce tractores, el número que habían pactado los ruralistas con Aníbal Fernández, por un lado, y con el "amigo" Larreta, del otro. En la movilización, se hicieron ver ostentosamente los jefes de todas las fracciones de Juntos para el Cambio, e incluso Espert. Milei, en cambio, sólo mandó tuits desde lejos. Brillaron por su ausencia las entidades de la Mesa de Enlace del Campo, que desalentaron la movilización. Ocurrió lo mismo con el tractorazo que tuvo lugar a principios de año, y que sólo llevó a las rutas a sectores de “base” de las ´entidades´ del campo. Ahora, sólo se asomó por la marcha el presidente de la Rural, Nicolás Pino, pero con un mensaje antagónico al que dominaba en la marcha - “hay que seguir dialogando”, señaló el jefe de los “duques” de la calle Florida. En la misma línea, nada menos que el presidente de la Bolsa de Cereales de Rosario había intentado levantar el tractorazo, pero sin resultados.
Los medios oficialistas que salieron a atacar la marcha señalaron algo evidente: en medio de una crisis inflacionaria y alimentaria aguda, el gobierno no movió ninguna pieza sustancial que altere los beneficios del capital agrario, después de la fantástica elevación de los precios internacionales desatada con la guerra internacional. La crisis ha llevado a que nada menos que Inglaterra y Estados Unidos reflotaran los windfall taxes, impuestos de emergencia a los beneficios "inesperados" de las empresas petroleras. El gobierno de los Fernández, en cambio, ha enviado al Congreso un proyecto de ley para gravar la “renta inesperada”, sobre la liquidación del impuesto a las ganancias -confundiendo dos categorías de ganancias, que tienen orígenes diferentes y que estará sometido a la manipulación de los contadores- y que debe recibir el acuerdo improbable del Congreso. Por lo demás, Guzmán sólo ha elevado en dos puntos las retenciones a los derivados de la soja, es decir a la agroindustria que ni se asomó al tractorazo de ayer.
La fracción de “autoconvocados” que sacó a pasear a los tractores -identificada con la sigla “Campo + Ciudad”- emergió, precisamente, en oposición al Consejo Agroindustrial Argentino, la coalición de exportadores, industriales y capitalistas financieros nacida hace casi dos años bajo la bendición de Fernández y Cristina Kirchner. Los Fernández acompañaron la creación del CAA con la aplicación de retenciones diferenciadas a productores y procesadores de soja, en beneficio de éstos últimos. Ahora, Fernández-Guzmán han renovado este pacto con los grandes exportadores al calor del acuerdo con el FMI, el cual exige reunir 5.000 millones de dólares de divisas “excedentes” por año para el pago de la deuda. Naturalmente, el ingreso de los dólares de la cosecha está condicionado a que el gobierno no mueva el avispero de las retenciones, y acelere el ritmo de la devaluación del dólar oficial. Bajo estas premisas económicas, “lleguemos a 2023”, el lema de Biden y Kristalina, es también el del gran lobby agroexportador.
¿Por qué, entonces, el tractorazo de los “duros” del campo? Por un lado, ninguna prosperidad de precios se sobrepone por entero a un escenario de dislocamiento económico, que involucra a la suba de los insumos (fertilizantes), combustibles y el crédito. Frente a ese cuadro, los protagonistas del tractorazo protestaron contra el “desdoblamiento cambiario”, un modo de reclamar que se acelere la devaluación del peso frente al dólar oficial – algo que Guzmán-Fernández, en cualquier caso, ya están haciendo. Además, advirtieron contra cualquier “impuestazo” que el gobierno, movido por la crisis inflacionaria, intentara sacar por decreto. En medio de una inflación imparable, el programa del capital agrario es un pasaporte a la rebelión popular. Los Bullrich, Larreta y compañía se pararon al lado de los tractores para asegurarles que “hay un 2023”. Pero las contradicciones que alberga la quiebra nacional podrían estallar bastante antes.
