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Desde principios de febrero diversos medios anunciaron el proyecto del gobierno de convertir los más de 500.000 planes sociales que están vigentes hoy en Argentina en trabajo activo. El objetivo sería que los beneficiarios de planes sociales comiencen a trabajar en áreas como “construcción, producción de alimentos, reciclado, empresas textiles y recuperadas, economía del cuidado y agricultura familiar” (Ámbito, 06/02). El proyecto, que iba a ser anunciado a principios de marzo, se postergó por la crisis de la pandemia, pero el gobierno ya ha avanzado con esto en reuniones con organizaciones sociales. No se ofrece un solo cupo nuevo para aquellos desocupados que aún no reciben ningún tipo de asistencia del Estado, pero se impulsa que los planes ya existentes se conviertan en trabajo precario, interesadamente bautizado como “economía popular”.
Estos trabajos precarios no cuentan con obra social ni jubilación alguna y apenas alcanzan a cubrir el salario mínimo, hoy en $17.000. La crisis de la pandemia ha puesto de manifiesto la debacle del sistema de salud que atraviesa el país. La precariedad de trabajo deja aún más expuestos a los trabajadores que no cuentan con ningún tipo de cobertura de salud ni aseguradora de riesgo, no sólo ya para el Coronavirus, sino de todo tipo de enfermedades, como por ejemplo el dengue o el sarampión que también han hecho estragos. La crisis del Coronavirus ha puesto de manifiesto más que nunca la necesidad de luchar por el trabajo genuino, con todos los derechos que éste implica.
Economía de mercado
No es la primera vez que los gobiernos pretenden transformar a los planes sociales en trabajo precarizado. Con el objetivo a poner fin a los subsidios prespuestarios, se pergeña este trabajo basura, en términos laborales y salariales. Los más progresistas, campeones en eufemismos, le han puesto el nombre de “economía popular”, con el argumento de que esta economía “solidaria y cooperativa” sería lo opuesto a la “economía de mercado”, con fines de lucro. En un intercambio en La Nación entre una nota editorial y una respuesta de Daniel Menéndez, dirigente de Barrios de Pie y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, cada uno defendió uno de los dos “modelos”. La realidad, sin embargo, es que no existen dos economías, sino una sola. La prueba de que “economía popular” es una forma de desvalorizar el salario la ofrece el gobierno de los Fernández cuando elimina la movilidad jubilatoria y salarial.
Con el pretexto de que hay que atender con prioridad a quienes tienen ingresos por abajo del costo de subsistencia, el Estado los convierte en el piso de la remuneración de la fuerza laboral. Las llamadas “cooperativas” de trabajo suelen realizar labores de obra pública, que resultan más baratas que la contratación de trabajadores bajo convenio y con estabilidad laboral. Gran parte del trabajo municipal ha sido sustituido por trabajo precario, que no está protegido por los convenios colectivos. La pandemia y la crisis sanitaria han demostrado en plenitud el grado de fragilidad a que están sometidos los trabajadores precarizados.
El nuevo proyecto del gobierno, sin embargo, encuentra muchas dificultades. La primera de ellas es la caída de la obra pública, que viene en declive desde el gobierno de Macri. Por otra parte, en una economía donde el desempleo viene en franco crecimiento, las cooperativas de trabajo son incapaces de absorber a las masas de trabajadores que se encuentran sin empleo. La caída del consumo le pone un límite claro a cualquier proyecto productivo. Las leyes del mercado se hacen sentir con toda su fuerza en la “economía popular”.
Los trabajadores que son empleados por el gobierno en forma tercerizada o “cooperativa” son conscientes de su condición de empleados de segunda y empiezan a luchar por el pase a planta permanente. Esto complica no sólo al gobierno sino a la organización que regentea la cooperativa y que recibe parte del botín. Las burocracias sindicales ya hace décadas pusieron el ojo en el negocio de la administración de trabajo precario, como fue el caso de José Pedraza, que tercerizó el ferrocarril.
Trabajo precario y cooptación
Los anteriores proyectos de “poner a trabajar” a los beneficiarios de planes sociales han fracasado estrepitosamente; no sólo el ya olvidado “plan empalme” del Macri (cuyo gobierno no sólo que no eliminó, sino que terminó duplicando los planes sociales), sino también el proyecto de trabajo en escuelas, del gobierno actual, que duró menos que un suspiro.
Ahora nuevamente se vuelve al intento unificación de los planes de Salario Social Complementario y Hacemos Futuro (de $8.500), para convertirlos en un empleo precario a cambio del salario mínimo, esto es $17.000, sin ningún tipo de cobertura ni estabilidad. Como ya lo vivimos con el Argentina Trabaja del 2010, algunas organizaciones (piqueteras en el 2001) se propusieron hacer la experiencia de funcionar ellos mismos como entes ejecutores de la autogeneración de empleo precario, en lugar de que ese papel lo asuma el propio Estado. Al asumir estas funciones, las organizaciones se convirtieron en las patronales de sus propios compañeros. El Estado se desentiende tanto de la ejecución del trabajo como de los trabajadores mismos – una suerte de ‘trosco-liberalismo’ propiciado por el Estado. Los “entes ejecutores” reciben dinero por parte del Estado que pueden administrar a su antojo, con lo cual sus propios intereses los fuerza a perpetuar esta situación. Se establece así una integración completa de las organizaciones sociales al Estado. .
Esta colaboración no ha llevado a la creación de ningún puesto de trabajo genuino para los desocupados. Más bien lo contrario: a aceptar un plan de $8.500 que no llega a ser un cuarto del salario de pobreza. O sea, la “economía popular” ha fracasado como alternativa a la “economía de mercado. Hoy la pobreza ronda el 32%. Es lo que han logrado Emilio Pérsico del Movimiento Evita, Daniel Menéndez de Barrios de Pie, Rafael Klejzer del Movimiento Popular La Dignidad o Miguel Gómez del movimiento campesino del Evita que integra el Mocase.
De la mano de las secretarías de gobierno que ocupan, la política de cooptación pretende integrar a más trabajadores: cosechadores,, siembra de verduras, talleres de costura y bloqueras, con sueldos de un plan social y, un poco más, en cartoneros, recicladores, obras en la vía pública, etc. La ley de Emergencia Alimentaria ha ampliado el trabajo precario.
Dos políticas
Desde el Polo Obrero (Tendencia) rechazamos la cooptación, o sea la formación de un capa de capataces de nuestros compañeros, encargados de controlar las asistencias y la realización de la obra y tareas. Vamos a empadronar en los barrios para exigir que el Estado se haga cargo del empleo. Rechazamos la autocontrucción y el punterismo que les ofrece el gobierno a las organizaciones sociales a través del desembolso de cuantiosos fondos.
Para terminar con la pobreza, reclamamos el trabajo genuino a partir de un plan de obras públicas a cargo del Estado. Solo basta ver ante la crisis del Coronavirus: con $8.500 ningún desocupado puede atender en lo más mínimo ni siquiera su salud. El gobierno no ha entregado en los barrios más carenciados ni barbijos, ni lavandina o alcohol en gel, ni alimentos para la cuarentena y la falta de trabajo. Miles de compañeros se han quedado sin ingresos producto de la cuarentena y se preguntan cómo harán para llegar a fin de mes. Reclamamos que se decrete la prohibición de suspensiones y despidos y se garantice la licencia con sueldo para todos los trabajadores.
Acorde con los tiempos que corren, el debut del sindicato de desocupados UTEP ante esta crisis fue un gran lavado de manos. Ni un reclamo ante su gobierno para favorecer a los que dicen representar, los desocupados. A través de las redes sociales comienza la agitación de los trabajadores que discuten sobre el despotismo de las patronales y la ausencia estatal. Llamamos a organizarnos en los barrios por todos los medios disponibles, para discutir las necesidades y reclamar a municipios, gobernación y gobierno nacional ante la crisis sanitaria.
Prohibición de despidos y suspensiones Por el trabajo genuino y la planta permanente Apertura de los cupos y aumento de los montos Por un subsidio extraordinario para todos los desocupados por la crisis sanitaria Por la entrega de alimentos y productos de higiene en todos los barrios Por la organización independiente del gobierno de turno y los patrones No al pago de la deuda, fuera el FMI
