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Hoy, hace 44 años, las Fuerzas Armadas instauraban una dictadura miitar genocida, como la estaban reclamando la totalidad de las entidades empresariales, los partidos políticos tradicionales, con algunas excepciones valientes, el clero (con excepciones mayores, incluso heroicas), la OEA y el capital financiero internacional y sus gobiernos más prominentes.
Ese asalto del poder fue preparado a través del gobierno peronista que lo precedió por medio de la militarización del país (“aniquilamiento de la subversión”), la triple A y el establecimiento del estado de sitio. Bajo este régimen que suprimió las garantías y derechos constitucionales, miles de luchadores recibieron el golpe militar en las cárceles, “a la orden del Poder Ejecutivo”.
Parte de los asesinatos y desapariciones de los 30 mil compañeros fue consumada en los dos años previos al inicio de la dictadura.
Argentina no está en guerra
La justificación para instaurar la dictadura fue: declarar que Argentina estaba en guerra. Es lo que hemos vuelto a escuchar de parte del santafesino Perotti, del santiagueño Zamora o del jujeño Morales - un arcoiris de los partidos que hoy gobiernan -, para reclamar la declaración del estado de sitio. No la han “descartado” tampoco algunas ministras y ministros, que se reivindican, históricamente, del lado de enfrente de aquella dictadura militar. Si los ministros ventilan el tema, una de dos: o anticipan una decisión de los Fernández, o el régimen político (gobernadores, Congreso, Justicia) enfrenta una crisis.
En la línea del estado de sitio se encuentran Trump, que exige el derecho a detener gente sin control de la Justicia; Piñera, que ha instaurado un toque de queda (¡para evitar las fiestas nocturnas!); y Bolsonaro. Los Fernández deberán decidir si se unen al pelotón. La crisis sanitaria, financiera e industrial, ha desatado una crisis de régimen político a nivel mundial.
Argentina no está en ninguna guerra, salvo que se caracterice como tal a la que tiene cercada a Argentina por parte de los tenedores de la llamada deuda externa. Una deuda que nunca ha parado de crecer – de los cuatro mil millones de dólares de aquel funesto 24 de marzo de 1976, a los cuatrocientos mil millones actuales. El comando de esa deuda lo comparten los fondos internacionales, de un lado, y la burguesía nacional, del otro, que estaban en la misma trinchera hace 44 años. Esta guerra se ejecutó por medio de ‘ajustes’ contra los trabajadores, precarización de la fuerza de trabajo, destrucción del sistema de salud y de previsión social – que hoy se manifiesta en un cuarenta por ciento de pobreza. Esta vez sus protagonistas son los hijos y nietos de aquellos mismos políticos y aquellos mismos partidos que apoyaron el golpe militar genocida o miraron para otro lado. Esa deuda fue pagada todo el tiempo, sin el menor escrúpulo, por todos los gobiernos. Han dejado en Anses, Banco Central y banco Nación, unos doscientos mil millones de dólares en forma de pagadios, porque el dinero fue a manos de los chupasangres financieros.
Perotti y Zamora tienen una verdadera guerra delante de sus narices, el narcotráfico, pero nunca pidieron un estado de sitio para combatirlo. Es que simplemente no les serviría de nada cuando las fuerzas de seguridad que deberían implementarla son socias de los narcotraficantes.
El estado de sitio infecta
Ningún infectólogo ha diagnosticado que el coronavirus se combate con un estado de sitio. Tampoco se garantiza por medio del estado de sitio el cumplimiento de una cuarentena; el único propósito del estado de sitio es quitar la potestad de las detenciones al poder judicial y legalizar las que ejecutarían las fuerzas de seguridad, bajo la arbitraria figura de “flagrancia”. Ninguna cuarentena puede forzar a la reclusión a una familia de seis personas que se alojan en una pieza o casilla. Ninguna lucha contra la epidemia es socialmente viable cuando se pagan, como ocurre ahora, con emisión de moneda, la deuda con los bonistas que no ingresan en los ‘reprfilamientos’. El único método histórico eficaz para combatir una pandemia es por medio de la movilización popular y el desarrollo de una gran conciencia política a través de la movilización popular.
La lucha contra la epidemia exige el establecimiento de protocolos de seguridad sanitaria para todos los trabajadores (redactados y aceptados por los trabajadores) que deban asegurar la producción imprescindible -en primer lugar la reducción de la jornada laboral, sin afectar el salario, y el control obrero de las condiciones de trabajo. En segundo lugar, una campaña masiva de detección de la enfermedad. La producción prescindible debe ser cesada, al menos por un tiempo, sin perjuicio de los salarios.
El impuesto a la ganancia del capital, que hoy no recauda más de u$s15 mil millones, debe ser llevado por encima del 70%, que las grandes firmas pueden financiar repatriando los dólares que tienen en el exterior – so pena de incautación.
Los “refuerzos” de tres mil a $10.000, como mucho, en el caso de un grupo familiar sin otro ingreso, son un insulto para los trabajadores monotributistas, los desocupados y los semi-ocupados. Una familia necesita, en la emergencia, un ingreso igual a la canasta alimentaria y de salud.
En los hospitales, tanto públicos como privados, médicos, enfermeros y técnicos denuncian la ausencia de medidas de protección y falta de insumos básicos. Es necesaria la jornada de cuatro horas en la salud; seis turnos laborales; incorporación masiva de médicos y paramédicos, con salarios de convenio; una campaña masiva de detección de la enfermedad – kits de diagnóstico, respiradores. La salud privada en su conjunto debe ser incorporada a un sistema de trabajo único a cargo del Estado, a un costo controlado por auditorías de trabajadores.
El estado de sitio, en las condiciones actuales, constituye un intento de salir de la crisis sin cuestionar la economía de mercado, o sea la piedra libre a una patronal sin control. Es el pueblo bajo vigilancia y sin libertades, para asegurar la libertad de empresa, como exigen los acreedores de la deuda y el FMI.
Ajustar al capital
La financiación de la economía por medio de créditos del Banco Central debe tener la contrapartida de una reglamentación estatal, para que los capitalistas no la instrumenten en su beneficio y la conviertan en una hiperinflación. La burocracia del estado no puede asegurarla; es necesario el control de los trabajadores, en primer lugar de los bancos, y de la industria, el comercio y el agro.
Todo esto es tanto o más urgente cuanto que el gobierno no tiene ninguna previsión acerca de cuándo podría levantar la cuarentena, que por otra parte tampoco podría ser mantenida en el tiempo. Es necesario un nueva sistema político para garantizar la transición: el control obrero. Llamamos a los trabajadores a discutir esta perspectiva y cómo ponerla en marcha. No hay cuarentena posible en condiciones de hacinamiento: formemos comités de barrios y villas para organizar una cuarentena adecuada a las condiciones existentes.
Advertimos lo siguiente: ni Trump, Bolsonaro, Piñera – tampoco los Fernández, tiene condiciones de gobernar por medio de un estado de sitio. Los estados principales de Estados Unidos han decidido actuar por su cuenta, en oposición a la política de Trump; en Brasil, este conflicto es mayor aún y deberá enfrentar a cortísimo plazo la opción del derrocamiento de Bolsonaro, o un auto-golpe de estado. Los Fernández atraviesan, en medio de la crisis sanitaria y económica, la última etapa de la negociación de la deuda. Desde la City de Londres anuncian que ‘los bonistas’ no aceptarán ‘quitas’. Si los Fernández se deciden por el estado de sitio, deberán modificar su régimen de gobierno, sin que se vean las alternativas correspondientes.
La posibilidad de un estado de sitio deja al desnudo una gran crisis política – el gobierno renuncia a su legitimidad electoral. Hoy es el 44° aniversario del golpe asesino; no el 24 de marzo del ‘76, cuando había una derrota de los trabajadores y una ofensiva reaccionaria del capital En el Titanic capitalista, la burguesía exige prioridad en el rescate. Nuestra consigna es: niños y mujeres, primero – trabajadores, desocupados, jubilados, gobierno de trabajadores.
